El PP impulsa en el Congreso la venta controlada de sus televisiones autonómicas

La mayoría absoluta del PP en el Congreso dará el jueves, día 31, el visto bueno a la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 que permitirá a las presidentas autonómicas de Madrid, Esperanza Aguirre; Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; Aragón, Luisa Fernanda Rudí, y a sus presidentes de Baleares, José Ramón Bauzá; la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, y de Extremadura, José Antonio Monago, soltar el lastre de las televisiones autonómicas de la manera que más les convenga, desde la privatización al regalo, pasando por la concesión de las licencias de emisión. Todos ellos se han pronunciado por la privatización y el cambio de modelo. Entre Telemadrid y el Canal 9 valenciano acumulan 1.457 millones de euros de unas pérdidas globales de 1.600 millones en 2011. Quiere decirse que los principales cortijos televisivos del PP son sumideros de dinero público a la zaga de Bankia (Caja Madrid y Bancaja) y no consiguen financiarse con las subvenciones y la publicidad.

La modificación legislativa impulsada por el Gobierno y sometida ahora a debate en el pleno del Congreso responde a las propuestas privatizadoras de Cospedal y Aguirre y va a permitir a las autonomías adoptar el modelo de gestión que más convenga a las mayorías políticas: mantener el modelo público de gestión –como harán Canarias, Andalucía, Cataluña y Euskadi--, no prestar el servicio público de comunicación audiovisual --como hacen Cantabria y La Rioja--, adjudicar las licencias y pagar empresas privadas --caso de Castilla y León--; transferir la gestión a terceros de acuerdo con la legislación específica y las condiciones que se determinen sobre producción, edición y emisión de contenidos; vender las instalaciones; formar sociedades mixtas, aportando capital público, o pactar otras fórmulas de conveniencia que les permitan mantener la agiprop de la causa.

Para Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, lo relevante es que las autonomías contengan el déficit en el 1,5% este año, y si se pasan, presenten un plan de ahorro y ajuste de los canales televisivos antes del 1 de abril de 2013. De un modo u otro –titularidad y gestión pública, privatización, gestión privada, empresa mixta, etcétera--, la modificación legal para “flexibilizar” la gestión del servicio público audiovisual va a suponer ajustes de plantillas durante y después del verano. El breve preámbulo de la reforma omite toda alusión a la gestión incorrecta y justifica las eventuales privatizaciones por la “crisis económica”

Puestos a reducir a cifras los servicios públicos audiovisuales, el panorama declarado es el siguiente: Canal 9 encabeza el ránking de pérdidas con 1.200 millones de euros de deuda, seguido de Telemadrid, con 257,9 en 2011; Illes Balears (IB3), con 78 millones; la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Aragón TV), con 27 millones de deuda y un presupuesto de 59,9 millones de euros, y Televisión de Galicia, con 9 millones de deuda sobre 107,9 de presupuesto en 2011. Extremadura TV contabilizó 1,5 millones de deuda con 34 de presupuesto y en Asturias, Álvarez Cascos elevó la deuda a 13 millones en su año de gobierno. En el caso de la televisión de Murcia (7RM), con 36 millones de euros de presupuesto, se desconocen las deudas. Y en el de Castilla-La Mancha, los anuncios iniciales de Cospedal de privatizar RTVCM se han ido enfriando al comprobar que la hacienda electrónica, con 380 trabajadores, se hallaba saneada y sin deuda. La Televisión de Castilla y León (TVCyL), con un modelo de concesión privada, le cuesta a la Junta 25 millones de euros al año.

La reforma del PP es “intervencionista” en la medida que faculta al Gobierno central para examinar las cuentas al pormenor y aprobar o rechazar los planes de ahorro y saneamiento de las televisiones, algo que rechazan de plano los nacionalistas vascos, catalanes, canarios y los socialistas, pues consideran que una cosa es el techo de gasto y otra el recorte de la autonomía y la capacidad de decisión presupuestaria. El Canal Sur de Andalucía cuenta con tres canales, un presupuesto de 232 millones de euros y acumula una deuda de 65 millones, “algo bochornoso que deberá conllevar al cierre de algún canal”, según el PP. La radiotelevisión catalana, TV3, con 321 millones de presupuesto, acumuló 21 de deuda el último año. Euskal Telebista (ETB), con 177,5 millones de presupuesto cerró 2011 con 16 millones de deuda. La televisión de Canarias registró una deuda de 300.000 euros.

Más allá de la consideración del presidente de Telemadrid, José Antonio Sánchez, de que no  juzguen las cuentas de las televisiones autonómicas con “estrictos parámetros de la rentabilidad económica”, ya que son un servicio público que “debe medirse por su dimensión social”, hay algo que como dice Rodolfo Serrano en su libro Un oficio de fracasados (Editorial Berenice) la televisión no soporta: es que no la miren. Presidentes, directores, gestores y altos mandos de obediencia ciega sabrán por qué.