Nevando cenizas

No es una catástrofe bíblica, pero lo parece. Desde hace días, en León nievan cenizas. Por culpa de los incendios. Especialmente, como consecuencia del que se ha producido en Castrocontrigo, donde se han quemado 9.000 hectáreas. Aproximadamente, para hacerse una idea más próxima, 9.000 campos de fútbol.

También,  me cuentan, la tragedia pareció apocalíptica por el modo en que se desarrolló el incendio como consecuencia de los cambios violentos de viento y porque eran pinares. Al quemarse, las piñas incandescentes estallaban como granadas y se alejaban 20 o 30 metros, extendiendo las llamas de manera imparable. El duelo fue titánico entre la ignición y las más de 800 personas de los efectivos de la Junta de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias, los 20 medios aéreos y las 14 máquinas buldócer que utilizaron para perimetrar la zona.

La columna de humo se contemplaba desde toda la provincia. Y en la capital, León ciudad, situada a 90 kilómetros del pueblo chocolatero donde ardían los bosques, el sol del mediodía se tornó rojo y los coches amanecieron cubiertos por una diminuta capa de pavesas que siguieron cayendo suavemente más de 48 horas.

La catástrofe de León viene a ser la guinda, el símbolo, de la escalada de incendios que ha vivido –y vive- toda España. Una situación que ha llevado al PSOE a ofrecer en el Parlamento su alternativa a la política de incendios del PP.

Los socialistas no se conforman con exigir al Gobierno que comparezca de inmediato en el Congreso de los Diputados para informar de la situación y de las medidas que se están tomando contra la proliferación de incendios que dé cuenta de la gestión que hace de la crisis actual. No le basta con asegurar, como hace, que “Arias Cañete no puede seguir ocultándose y yendo a corridas de toros”. En septiembre presentará en el Congreso su alternativa al caos actual, de la que ya ha dado cuenta en un argumentario interno.

De entrada, la dirección socialista señala que “el Gobierno fue avisado de la catástrofe que llegaba y no reaccionó”. En consecuencia, el fuego ha calcinado miles de hectáreas este verano. En esta ocasión, indica, tres parques nacionales (Garajonay, en La Gomera; Cabañeros y Doñana) han sufrido con distinta intensidad los efectos de unos incendios que afectan ya a toda España “sembrando la desolación entre miles de personas y llevando la desgracia al seno de familias golpeadas por la pérdida de seres queridos.” Son ya 135.000 hectáreas de superficie forestal”, se concreta, las que han sido arrasadas por los incendio, el triple que en el mismo periodo de 2011.

El Gobierno fue advertido por el PSOE y por otras muchas organizaciones desde principios de este año del elevado riesgo de incendios y no tomó ninguna decisión para evitar la actual catástrofe, “sino todo lo contrario”, se matiza. En junio, el Gobierno decidió reducir la partida de prevención y extinción de incendios en parques nacionales en un 20%, lo que llevó aparejada la reducción de presencia de personal y medios en bases estratégicas para la rápida respuesta ante incendios forestales.

También se destaca que “el Gobierno ha vuelto a estar ausente de forma clamorosa en Canarias al igual de lo que ocurrió en Valencia y Alicante. “No se perdona a ningún responsable político que no esté al lado de los ciudadanos que le otorgaron su confianza cuando más apoyo y solidaridad necesitan”, critica el PSOE.

A juicio de los socialistas, los ahorros en prevención de incendios acaban siendo muy caros. “Siempre ha habido y seguirá habiendo incendios, por distintas causas, y por eso es imprescindible contar con una estrategia muy clara de lucha contra incendios y los medios materiales y humanos necesarios para desarrollarla”, se dice.

Por eso se alude a lo que hizo el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero durante las dos últimas legislaturas. Cada año elaboraba un plan específico contra incendios, aumentando la dotación de medios y mejorando la coordinación con las Comunidades Autónomas para su ejecución. Y creó la UME (Unidad Militar de Emergencias), cuya labor ha venido siendo y es fundamental en la lucha contra los incendios. “Por cierto -se apunta con acidez-, conviene recordar que el PP criticó duramente la creación de la UME y llegó a sostener que era inconstitucional”.

En una tabla comparativa especifica, los socialistas destacan lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy y lo que debería hacer a su juicio. Dicen que ha anunciado la derogación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la ha dejado ya sin efecto, en la práctica, al eliminar este año la partida presupuestaria destinada a su aplicación. Y aseguran que lo que debe hacer es mantener una política estructural en el mundo rural, sostenida en el tiempo, destinada a fijar la población, la actividad y el empleo en los espacios naturales, facilitando entre otros los sistemas de gestión forestal. Porque esas, matizan, son las herramientas más eficaces de prevención de incendios.

También señalan los socialistas que el Ministerio ha anulado todas las partidas forestales, salvo la destinada a los medios aéreos para la extinción. Es decir, ha anulado las de silvicultura preventiva, la mejora tecnológica de productos de los bosques y la creación de tejido empresarial forestal, entre otras.

Lo que debe hacer, en cambio, dice el PSOE, es derogar de inmediato la decisión gubernamental de cortar de raíz toda inversión y esfuerzo en energías renovables porque no es razonable abandonar el liderazgo de España en esta materia ni eliminar oportunidades como la de producir el 15% de la energía que consumimos mediante tecnologías asociadas a la gestión de la biomasa.

Por otro lado, se recuerda que en enero el Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana suprimió en la práctica el Art 50 de la Ley de Montes, aprobada por el Gobierno del PSOE, que prohíbe la recalificación de suelos afectados por incendios en un período de 30 años. “Y el Gobierno de España, en lugar de atajar este atropello a la Ley y exigir su cumplimiento, ha mirado para otro lado y ha dejado hacer a sus compañeros de partido, para abrir de nuevo a la impunidad actividades urbanísticas especulativas que tan nefastas consecuencias han tenido en algunos territorios, como es el caso de Valencia”, destacan.

Para los socialistas, lo que el Gobierno debería hacer, en cambio, es reponer de inmediato la vigencia de la Ley Estatal en todos los territorios, preservando la integridad ambiental ante cualquier intento de enriquecimiento ilícito privado a costa del patrimonio natural. Y debería, por cierto, instar al Gobierno valenciano a abandonar de inmediato su posición actual de insumisión frente a la Ley.

Para justificar la importancia de las medidas a tomar que no adopta el Gobierno, los socialistas recuerdan que en España hay 28 millones de hectáreas arboladas; que la superficie forestal ha crecido en los últimos 30 años cerca de 3 millones de hectáreas, a pesar de los incendios, y que en nuestros bosques se acumulan 500 millones de metros cúbicos de madera, con un crecimiento anual de 50 millones de metros cúbicos que no aprovechamos.