Cifuentes sabía que el 25-S era legal antes de tratar de criminalizarlo

Aníbal Malvar *

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo. / Efe

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tiene un problema. Después de criminalizar la manifestación que se celebrará este martes en torno el Congreso de los Diputados, para protestar por el presunto secuestro económico de la democracia española, ayer se vio obligada a reconocer oficialmente que la convocatoria de la concentración es legal, siempre y cuando no se altere el normal funcionamiento de la Cámara.

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Las fechas delatan a Cifuentes. Según varios asesores legales del movimiento 15-M, un ciudadano particular entregó, el pasado 15 de septiembre y en la delegación del Gobierno, una petición particular para celebrar la manifestación del martes. Transcurridas 72 horas desde el depósito de la documentación sin respuesta negativa por parte de la administración, la movilización se considera legalmente autorizada.

Sin embargo, en los días posteriores la policía identificó a quienes participaban en las asambleas para preparar la convocatoria, muchos de los cuales han recibido citaciones judiciales con imputación por “un presunto delito contra altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del Código Penal”.

Tal artículo reza así: “Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.

A pesar de que los convocantes del 25S han dejado absolutamente claro desde el principio que no alterarán el funcionamiento de la Cámara y de que la manifestación es legal desde el día 18, la Audiencia Nacional llamó el día 20 como imputados a un número aún indeterminado de organizadores y simpatizantes, cuya situación legal se torna bastante esperpéntica tras ratificar ayer la Delegación del Gobierno la legalidad de la convocatoria.

Y es que es algo esperpéntico casi todo lo que rodea este asunto. Desde que se iniciaran hace semanas las asambleas populares para preparar el 25S, las fuerzas del orden han enturbiado el normal desarrollo de estas convocatorias solicitando sistemáticas y exhaustivas identificaciones de los asistentes. Según los organizadores, con el único fin de intimidar a los menos arrojados.

El día 15 de septiembre, totalmente al margen de los organizadores del 25S, un particular, tras asesorarse con abogados vinculados al 15-M, se presentó en la delegación del Gobierno oficializando la convocatoria con rutas y horarios exactos. La coordinadora del 25S se ha desmarcado de tal oficialización. Ellos no notifican nada. El Gobierno sabe por redes sociales abiertas y públicas cuáles son sus planes. Y declinan la cortesía de presentarlo ante un mostrador.

El Gobierno identifica y provoca la imputación de organizadores y simpatizantes, y al día siguiente se hace pública la resolución de Cifuentes en la que reconoce la legalidad de la convocatoria. Con el agravante de que están imputados por un delito que todavía no han cometido. Todo esto sería muy hilarante en una comedia de Billy Wilder, pero la escena se desarrolla en un país con la cuarta parte de sus trabajadores en paro y al borde de un rescate traumático que puede empeorar aún más las cosas, con la clase política considerada por el pueblo como una de las grandes lacras del país (según las encuestas) y con Falete autoproclamándose como nuestro futuro representante en Eurovisión. Disculpen las dos primeras frivolidades.

El jueves se supo que cerca de 1.500 policías acordonarán el Congreso con tres fajas de seguridad. La Coordinadora 25S ha hecho un llamamiento para que estos cordones no sean rebasados bajo ningún concepto.

Advierten los organizadores: “Es evidente que intentan construir un escenario lo más crispado posible, que la Delegación del Gobierno pretende criminalizar nuestras reivindicaciones y el creciente apoyo a la movilización, pero cada intento de hacerlo suma miles de personas para rodear el Congreso el próximo 25 de septiembre.

Lo que pase el 25 de septiembre no lo decidimos nosotras, sino todas las personas que vayan. El 25s está siendo apoyado, promovido y organizado por miles de personas y confiamos en la capacidad de seguir trabajando estos últimos días de manera descentralizada, en las plazas y los espacios comunes. Os invitamos a seguir imaginando y difundiendo. Nuestra fuerza está en ser personas normales y comunes, ser todas y ninguna, no tener líderes. Nos vemos el 25s… y más allá”.

En el blog de la Coordinadora 25S puedes encontrar material, pero hay mucho más.

(*) Aníbal Malvar es escritor y periodista.