La ministra Mato inspiró la implantación del euro por receta en Madrid

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Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Mato, el pasado día 3, en Madrid, cuando acudían a la presentación de la primera traducción de la Constitución en lengua de signos española y catalana. / Paco Campos (Efe)

La culpa fue de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Así lo han asegurado fuentes de la dirección nacional del PP y del gobierno de la Comunidad de Madrid a cuartopoder.es, en su relato de cómo  se gestó la decisión del gobierno de Ignacio González de seguir la senda de la Generalitat de Cataluña y aplicar el pago de un euro por receta a partir del próximo año. Según las fuentes consultadas, la ministra, así como ciertos altos cargos de Sanidad, fueron deslizando la idea de que, pese a las críticas y veladas amenazas que se estaban vertiendo desde el PP y el Gobierno sobre el presidente catalán, Artur Mas, por su decisión de implantar el euro por receta, la fórmula en cuestión tenía aspectos "muy positivos" y por eso la iban a "dejar pasar".

La implantación del pago de un euro por receta en Cataluña arrojó una recaudación adicional de 33,6 millones de euros en sus primeros cuatro meses de vigencia, según fuentes del gobierno catalán y la previsión es que, en un año, se llegue a recaudar hasta 100 millones de euros.

Pero los beneficios que, al parecer, tanto la ministra como su equipo vieron en el euro por receta no fueron simplemente los recaudatorios, que han permitido obtener al gobierno catalán esos millones adicionales desde su puesta en marcha,  sino que Sanidad entiende que esa fórmula ha producido una "racionalización" automática del gasto farmacéutico, limitando usos y abusos de los usuarios. En definitiva, que no sólo se recauda más, sino que además se gasta menos, porque, cuando hay que pagar un euro por receta, se consumen menos medicamentos. Detectados pues estos "efectos beneficiosos", la ministra no dudó en bendecir la medida en conversaciones informales con compañeros de partido y con algunos de sus homólogos en las diferentes Comunidades Autónomas. Incluso, según las fuentes consultadas, llegó a asegurar que el Ejecutivo haría la "vista gorda" y dejaría que Cataluña siguiese adelante con la medida.

Fueron esos comentarios ministeriales los que llevaron al consejero de Sanidad, Javier Fernández -Lasquetty, a proponer al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, copiar la medida puesta en marcha en Cataluña porque, según fuentes del gobierno autónomo de Madrid, "tenía claro que, si en Sanidad se veía con buenos ojos e incluso se comentaba que no se iba a litigar contra el gobierno catalán por este asunto, tampoco tenía por qué pasar nada con Madrid".

Sin embargo, al ver a otra de sus Comunidades tomar una medida que, oficialmente, no contaba con la aprobación de Génova 13; que el gobierno de Mariano Rajoy aseguró que no iba a adoptar y que incluso criticó ostensiblemente, afloró de nuevo la contradicción entre lo dicho y lo hecho por el PP, Rajoy y su equipo. Así, el Ejecutivo se apresuró a rescatar la amenaza (proferida, aunque no ejecutada, desde que el gobierno catalán implantó el euro por receta) de llevar al gobierno de Artur Mas ante el Tribunal Constitucional y la hizo extensiva a sus compañeros de partido en Madrid.

Una vez más, la encargada de comunicárselo al presidente madrileño fue la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ha venido limando asperezas en los últimos tiempos entre Rajoy e Ignacio González . Según cuentan destacados dirigentes populares,  en una conversación telefónica  celebrada el pasado mes de octubre entre la número dos del PP y González, Cospedal pidió explicaciones al presidente madrileño y éste, tras relatar la versión de su consejero Lasquetty y su convicción de que Ana Mato y el gobierno central pretendían "hacer la vista gorda" con Cataluña, le espetó a Cospedal "pues que me hagan lo mismo que a Cataluña". Por su parte, Cospedal replicó "No, es que te lo van a hacer: os van a llevar al Constitucional a los dos..."

Después de esta conversación, gobierno central y autonómico madrileño se han emplazado a buscar una solución que evite el litigio del gobierno de Rajoy con sus propios compañeros de partido ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo madrileño aseguran que si no se alcanzan un acuerdo y una alternativa satisfactoria que permita recaudar y racionalizar el gasto farmacéutico, mantendrá  “la medida, porque es fundamental para conseguir cumplir el objetivo de déficit que el propio gobierno de España ha fijado". Con mucha ironía, este gobernante madrileño manifiesta su asombro y señala. "No sé por qué se organiza tanto alboroto con Madrid, cuando nuestros compañeros del PP, en Extremadura, han decidido incumplir la supresión de la paga de Navidad, que ordenó Rajoy, o cuando en Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha ido al Tribunal Constitucional contra el Gobierno de Rajoy porque no está de acuerdo con la política para las energías renovables... ¡Y no pasa nada! ¿Por qué si la diferencia es con Madrid la cosa es tan grave?"

En pocos días está prevista la celebración de las reuniones entre gobierno autonómico y central para tratar de llegar a un acuerdo. Yen pocos días veremos si llega la sangre al río...o al Tribunal Constitucional.

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