El año en el que el PP impuso el sufrimiento en España

De lo primero que se ocupó el PP cuando llegó al Gobierno con mayoría absoluta (184 diputados) fue de quebrar los acuerdos sobre la independencia y pluralidad de RTVE. Nombró un director general de la corporación a su gusto –un antiguo colaborador de Rodrigo Rato–, ocupó el consejo de administración, designó un director de informativos que sabía obedecer e impartió la consigna de mejorar la imagen de España de puertas afuera. La “marca España” debía ser fomentada como un espacio de concordia, paz y productividad en aras de la confianza inversora. La ventana televisiva era un instrumento esencial para edulcorar la realidad. Pero de poco sirvió la domesticidad periodística ante las pifias institucionales que comenzaron a jalonar el año que acabamos de desvivir, un 2012 “para olvidar”, según ha dicho el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Si miramos hacia arriba, enseguida vemos el espectáculo de altura de la Monarquía: un rey Borbón muy preocupado por el paro y la falta de futuro de los jóvenes que vuelve perniquebrado de una cacería de elefantes en Botswana; un nieto real pegándose un tiro en un pie cuando ejercita el deporte familiar en una finca con su divorciado papá Marichalar; un yerno Urdangarín que regresa de Washington por orden judicial para explicar los beneficios embolsados –y a buen recaudo fiscal– de su altruista institución Nóos; su socio Diego Torres, amenazando con desvelar los correos de las gestiones del monarca y de la infanta Cristina. Todo un espectáculo de coronada probidad en un paisaje social de 5,2 millones de trabajadores en paro, 300.000 familias desahuciadas de sus viviendas y un millón de jóvenes sin empleo, desgañitándose de rabia e indignación en calles. “Lo siento mucho, no volverá a ocurrir”, dijo el monarca. Ocho millones de euros de fianza tuvieron que poner Urdangarín y su socio para librarse de la cárcel.

El rey pide disculpas, el pasado 18 de abril, tras abandonar la clínica en la que fue operado de la fractura de cadera que se produjo cuando participaba en una cacería de elefantes en Botsuana.

El espectáculo institucional prosiguió con los “fines de semana caribeños” del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, hombre de misa y comunión diaria. No resultaba edificante que tan abnegado servidor público pasara los gastos a la institución de sus largos fines de semana –de viernes a lunes inclusive– en lujosos hoteles de Marbella. Y aunque se resistió a dimitir y obtuvo el apoyo del ministro de Justicia y personaje que endeudó a Madrid hasta las cejas de la Cibeles, Alberto Ruiz Gallardón, se acabó marchando por el bien de la judicatura. Una judicatura que desde lo más alto, el Tribunal Supremo, juzgó y condenó en febrero al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un defecto de forma en su investigación de la trama Gürtel de corrupción del PP.

La condena de Garzón contrastó con la absolución de los delitos de cohecho pasivo por parte de un jurado valenciano a los trajeados Camps y Costa, implicados en la insondable trama de adjudicaciones y eventos con dinero público que había montado el maladado Correa, presente en la boda de la hija de José María Aznar y Ana Botella en el Monasterio del Escorial, y ahora en prisión. No tardó mucho en salir del talego. Sin embargo, los magistrados del Supremo no pudieron condenar a Garzón por acoger las denuncias de cientos de víctimas de los crímenes franquistas. Aquel  proceso sirvió para que, al menos, los españoles pudiéramos escuchar algunos relatos estremecedores en sede judicial de los hijos, octogenarios ya, de los asesinados por el franquismo, que fue nazifascismo con corrupción y quedó impune.

A la carga contra los trabajadores

En este contexto de pérdida a chorros de la menguante credibilidad institucional, el flamante jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, comenzó a adoptar decisiones contrarias a su programa electoral y de investidura. El gobernante que no iba a subir los impuestos cargó contra los asalariados con una subida del IRPF que anuló, además, el generoso incremento del 1% a los pensionistas. En septiembre pegó otra patada hacia arriba a los impuestos con la subida generalizada del IVA, sin respetar siquiera la producción cultural ni el material escolar. La primera reforma “estructural” llegó al dictado de la CEOE: una reforma laboral que abarató el despido a 20 días por año trabajado e instituyó la contratación temporal sin derechos y con despido libre y gratuito, al tiempo que generalizó el ninguneo a los sindicatos con las clausulas de descuelgue y otros instrumentos contra las conquistas en los convenios. Lejos de fomentar el empleo, el resultado fue medio millón más de parados. Esos fueron, según el dirigente de la UGT, Cándido Méndez, los trabajadores que el 29 de marzo pudieron secundar la primera huelga general, pero el 14 de noviembre ya no pudieron sumarse a la segunda porque habían sido despedidos.

Aunque el presidente Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se guardaron el Presupuesto de 2012 hasta después de las elecciones en Andalucía y Asturias –donde el impulsivo Francisco Álvarez-Cascos no consiguió entenderse con sus correligionarios del PP y disolvió el Parlamento–, no por eso la medida estrella, “la amnistía fiscal” a los defraudadores, dejó de contrariar a la oposición de centro-izquierda y de provocar una indignación superlativa en la mayoría de los ciudadanos, víctimas de los ajustes y cosidos a impuestos. El perdón a los defraudadores en contraste con los recortes educativos, sanitarios, al I+D+i, a la dependencia, la minería, la cooperación internacional, los impagos a los ayuntamientos, los servicios sociales, la reducción del subsidio a los parados y un largo etcétera –todas las partidas, menos la Defensa y armamento se redujeron un 25%--, hizo que la política del Gobierno del PP fuera percibida como antisocial, injusta, regresiva e ineficaz por millones de ciudadanos, que comenzaron a llenar las calles con “mareas” de todos los colores.

El PSOE gana Asturias y conserva Andalucía con IU

Pese a la ocultación de los ajustes y el retraso del Presupuesto con la amnistía fiscal, el PP volvió a morder el polvo frente a la izquierda en Andalucía y en Asturias en las elecciones autonómicas del 25 de marzo. El socialista Javier Fernández desalojó a Cascos en el Principado y José Antonio Griñán y Diego Valderas (PSOE e IU), alcanzaron un acuerdo para gobernar Andalucía. El dirigente del PP andaluz, Javier Arenas, perdió por quinta vez y, tras una larga campaña sobre los falsos Eres y otros asuntos de corrupción política –en 2012 se registraron 700 expedientes judiciales de improbidad de políticos y funcionarios en toda España–, abandonó la presidencia del partido andaluz y se fue a Madrid.

Rajoy repitió la ocultación –en este caso, sobre la revalorización de las pensiones, obligatoria por ley– hasta que pasaron las elecciones gallegas, vascas y catalanas. De los comicios gallegos salió bien parado y su candidato y amigo Alberto Núñez Feijòo pudo seguir gobernando con mayoría absoluta. En Euskadi, el socialista Patxi López dio paso a Iñigo Urkullu, que con 27 escaños del PNV y con Bildu como segunda fuerza, con 21, gobierna en minoría y ha de buscar los apoyos convenientes en cada caso. El PSOE fue el gran perdedor en el País Vasco y en Galicia. Sin embargo, en esta nacionalidad histórica, la conjunción de IU con las hermandades nacionalistas de Xoxé Manuel Beiras y otros grupos de izquierda, irrumpió en el Parlamento como tercera fuerza, por encima del BNG, y fue la prueba más evidente de que la unión de la izquierda política dispersa y pegada a las luchas sociales emerge con fuerza y capacidad de regenerar la política.

Mas quiere Estado propio

La incapacidad para el diálogo y el acuerdo entre los máximos representantes institucionales de la derecha española, Rajoy, y catalana, Artur Mas, empujó al de CiU a esa vía independentista en la que ha quedado enredado. Mas no asistió a la manifestación de la Diada del 12 de septiembre, la mayor de las últimas décadas, pero no dudó en ponerse al frente con la reivindicación de un Estado propio. Pasó de reclamar el “concierto financiero” a la vasca, a plantear un referendum de autodeterminación. Con el objetivo de transformar el descontento catalán –en gran parte derivado de sus recortes y de las restricciones financieras– en una mayoría abrumadora para la construcción del Estado propio, adelantó las elecciones, pero sufrió un chasco: de 62 bajó a 50 escaños. Y con la promesa de convocar el referendo en 2014 cayó en manos de ERC, que obtuvo 21 diputados, se colocó como segunda fuerza en el Parlament y, de momento, ha facilitado su investidura y le permite gobernar.

Así las cosas, con el paso de los meses la “marca España” se enriqueció. Ya no era sólo sinónimo de indignación social, repago farmacéutico y de otros servicios sanitarios, negación de la asistencia a los inmigrantes sin papeles, desmantelamiento a tozos de los servicios públicos esenciales, privatización de la gestión sanitaria, carestía de la universidad pública, expulsión de 40.000 profesores de la enseñanza obligatoria, congelación salarial a los funcionarios por tercer año consecutivo y supresión de la paga de Navidad. No, ahora la “marca España”, al borde de 6 millones de parados, era también la de un Estado en proceso de división territorial por mor de una dirigencia política, dirigida por los poderes financieros y de poca calidad.

"Ilegitimidad de ejercicio"

De las tres grandes “reformas estructurales” anunciadas por el jefe del Gobierno, no se va a cumplir la reducción del déficit desde el 8,2% heredado al 6,3% acordado con la UE y está por ver que después de los despiadados recortes y de la purga de austeridad que proseguirá en 2013 se reduzca al 7,3% convenido. La reforma laboral sólo ha producido más Eres y más desempleo. Y en cuanto a la reestructuración bancaria, con un rescate de 40.000 millones de euros con cargo a los ciudadanos durante 15 años, habrá que comprobar si sirve para que llegue el dinero a la actividad productiva o solo vale para renovar las operaciones especulativas y de blanqueo con la adquisición de los activos tóxicos acumulados en el Banco Malo que van a ser empaquetados como Fondos de Activos Bancarios (FAB).

La decisión de cargar la crisis financiera y económica casi únicamente sobre los trabajadores, con más despidos, más recortes salariales, más impuestos y la destrucción del Estado social, ha empobrecido a las clases baja y media y liquidado derechos conquistados en las tres últimas décadas. Nada de eso figuraba en el programa de Rajoy, “cuya legitimidad de ejercicio” ha sido puesta en tela de juicio por la izquierda política y las fuerzas de la Cumbre Social. La característica principal del Gobierno del PP en su primer año ha sido la imposición y el ordeno y mando, sin diálogo ni, mucho menos, negociación. Pese a contar con mayoría absoluta en las Cortes Generales, ha abusado del “decretazo”. Ningún ministro aprueba en las encuestas del CIS y el presidente tampoco. Ministros provocadores e involutivos como Wert y Gallardón le disputan el espacio mediático a los económicos y a la vicepresidenta y portavoz Sáenz de Santamaría. Con la  vista puesta en la sucesión de Rajoy, Gallardón ha acogido con gran respeto la dimisión en septiembre de su adversaria interna, Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid "por motivos personales". No por ello Aguirre ha dejado de actuar ante los medios de comunicación, incluso para decir que "en España no es delito" conducir con el carné retirado y sufrir un accidente mortal para dos pasajeros del vehículo, caso del conductor Carromero, que manejaba en Cuba el vehículo en el que murieron  los opositores cubanos Oswaldo Payà y Harold Cepero.

IU crece y el PSOE mengua y espera

Frente a un estilo de gobierno sin diálogo ni contraste –el presidente Rajoy no ha aceptado un solo debate en 2012–, el principal partido de la oposición, el PSOE, todavía lame las heridas de la sumisión zapateril al dictado de los mercados. En la falta de coraje para apelar a los instrumentos democráticos en vez de reformar la Constitución de tapadillo y supeditar la inversión educativa, sanitaria y en los servicios sociales al “déficit cero” y al pago de los intereses de la deuda, llevan los socialistas y su secretario general, Rubalcaba, una penitencia que les impedirá ganar credibilidad.

Rubalcaba se impuso a Carme Chacón por 22 votos en el congreso del PSOE, en Sevilla, en marzo, y ha ejercido una oposición de perfil bajo, tal vez la única posible, con recursos al Tribunal Constitucional contra las leyes más injustas y lacerantes de la derecha, desde la amnistía fiscal a la reforma laboral o la próxima contra el impago de la actualización de las pensiones. Pero mientras la IU de Cayo Lara, que hace dos semanas celebró una Asamblea Federal unitaria y con propuestas de futuro frente a la triple crisis política, económica e institucional, sigue creciendo en la calle, en los movimientos sociales y en el aprecio de los ciudadanos, el PSOE aún digiere sus derrotas en Galicia, Euskadi y Cataluña y mantiene su perfil bajo, sin capacidad de reacción y regeneración del liderazgo en las anheladas elecciones primarias y, lo que es peor, sin presentar un proyecto mayoritario y de futuro a la sociedad, como reclamó, fechas atrás, su exdirigente Felipe González.

Si las instituciones, el Gobierno y la dirigencia política no han acreditado la “marca España” –ojalá se hubieran comportado como La Roja en la Eurocopa–, ni han contribuido a resolver los principales problemas de los españoles, aunque hayan creado bastantes más, sería deseable que en 2013 procurasen llevar la contraria al poeta Carlos Álvarez, ya saben, aquel que dijo que “para estar peor de lo que estamos ahora, habrá que remontarse a los tiempos venideros”.