El Gobierno reclama una deuda de 16.000 millones a países pobres y con hambrunas

El Gobierno español reclama una deuda de 16.307 millones de euros a países empobrecidos. Según datos ofrecidos por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, a fecha de 31 de julio de 2012 --y descontando los 6.650 millones prestados a Grecia en 2010--, la deuda de los países pobres con España ha aumentado un 5% el último año y un 11% desde 2009. Para la oposición de izquierda estamos ante “una mala noticia” que significa que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha frenado las condonaciones a cambio de reinversiones sociales y se está saltando a la torera la Ley de la Deuda Externa, consensuada hace siete años.

Entre los países a los que el Gobierno reclama el pago de los intereses y el principal de la deuda por el suministro de bienes y servicios a través de empresas españolas, tanto públicas como privadas, figuran los más afectados por las hambrunas de 2011 y 2012 en África, como son Somalia, Mauritania y Burkina Faso. Atendiendo al compromiso marcado por la Ley de Deuda Externa con las necesidades de las personas más pobres y vulnerables, las deudas de estos países deberían ser condonadas y figurar como ayuda en la contabilidad española. Pero no ocurre así.

Por el contrario, según denuncia la diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiz, en el caso de Burkina Faso se ha registrado un aumento por la mora y los impagos del 35%. En el caso de Senegal, un país también sumido en el abismo financiero, la deuda ha aumentado un 34%. También resulta chocante que, como ha denunciado Intermon, el Gobierno español siga exigiendo a Palestina la deuda por el Aeropuerto de Gaza, construido por empresas españolas a finales de los años noventa, y bombardeado y destruido por Israel un año después de su inauguración.

La diputada de Iniciativa per Catalunya, Ortiz, y el socialista Federico Buyolo han denunciado asimismo el incumplimiento de los compromisos de España con los países de la Primavera Árabe. El PSOE pedirá al ministro de Economía, Luis de Guindos, que presente en el Congreso una evaluación singular de la deuda de Argelia, Libia, Túnez y Egipto y entiende que España debe favorecer la democracia y el desarrollo de estos países del norte de África y plantear un plan propio a futuro de renegociación y cancelación de la deuda. “De hecho –recuerda Ortiz-, hay una declaración del Parlamento Europeo que insta a los países a llevar a cabo precisamente esas cancelaciones y a reforzar los procesos democráticos”.

Pero mientras los compromisos no se aplican, la deuda de Túnez ha crecido un 20%. La mayor parte de ella se puede considerar “deuda odiosa”, según la jurisprudencia internacional, pues se trata de préstamos para iniciativas del depuesto dictador Ben Ali y de su círculo de poder, descrito por el profesor y escritor Sami Naïr como un “clan mafioso”. “El propio gobierno tunecino está impulsando una auditoría sobre su deuda y nos gustaría que España fuera un aliado en ese proceso”, dice Ortiz.

El freno a la condonación de la deuda a los países más pobres y fuertemente endeudados, de acuerdo con la iniciativa Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), asumida por los países desarrollados en 2005, ya fue notable el último año de gobierno de Rodríguez Zapatero. Se cancelaron menos de 22 millones de euros, apenas el 11% del total previsto en el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), que en 2011 contemplaba la condonación de 202 millones de euros.

Pero si en 2011 se quebró la tendencia a la quita que se mantenía desde 2005 y se congelaron las cancelaciones a los países empobrecidos -a excepción de las decisiones que forman parte del marco donde está España, el Club de París, y que implican a todos los donantes-, no por ello el nuevo Gobierno del PP abandonó la actitud proactiva en el cobro de la deuda. Los 821 millones de euros de intereses y principal, ingresados hasta el segundo semestre de 2012, indican que por cada euro cancelado se han recobrado más de 38.

Con la estricta aplicación de las normas financieras, las autoridades españolas vuelven a ignorar la insostenibilidad social de la deuda -incluidos los microcréditos- y el sufrimiento y la explotación humana que el pago de los intereses comporta, sin que, como ahora ocurre en España en el contexto de la UE, el sistema facilite la recuperación económica ni redunde en progreso y en derechos democráticos. En algunos casos se trata, además, de deuda derivada de la venta de armamento y material militar y policial.

España se dotó de una apariencia solidaria contra la pobreza con la ley de gestión de la deuda externa de 2006 que si no permitía reconocer la “ilegitimidad” de la deuda, como ha hecho Noruega, facilitaba el perdón a cambio de que los países acreedores destinaran la cantidad condonada a sanidad, educación y otras necesidades sociales. La cuestión de fondo es si con la derecha, el PP en el poder con mayoría absoluta y la excusa de la crisis, además de sufrir la "estafa" de una parte de la "deuda ilegítima" derivada de la especulación financiera, el Gobierno ha decidido que dejemos de ser un país decente.