La Justicia pide datos a Montoro sobre la amnistía fiscal a la red Gürtel

Para la salud política del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cistóbal Montoro, ha sido reconfortante el informe de la Agencia Tributaria adelantado por cuartopoder que niega el beneficio de la amnistía fiscal al extesorero del PP Luis Bárcenas. A Montoro le olía la cabeza a pólvora por haber confeccionado un traje a la medida de los barceniegos con sucesivas modificaciones del decreto inicial de amnistía fiscal. Pero la Agencia Tributaria ha negado la absolución fiscal a Bárcenas, de modo que su declaración para regularizar los 11 millones de euros de origen desconocido que tenía en Suiza a través de la sociedad Tedesul con testaferros uruguayos no será admitida ni le librará del delito fiscal como pretendía.

La regularización de la fortuna secreta de Barcenas habría pasado inadvertida si no hubiera sido porque la petición de datos bancarios a la autoridades suizas que realizó en 2009 el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre los implicados en la trama Gürtel permitió descubrir los fondos del tesorero del partido: 4.000 millones de las antiguas pesetas, que no es grano de anís. Barcenas no estaba acusado entonces de ocultación fiscal, sólo de haber recibido dinero del inefable Francisco Correa, el cabecilla de la trama que sufragó la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag y se jactaba de tener más influencia sobre el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que el tesorero Bárcenas.

Debido a que no estaba imputado por fraude fiscal, el tesorero, un tipo frío como el granilouro gallego con el que Gallardón empedró su acera, regularizó su extraña fortuna y lo contó para no ser imputado por fraude. Montoro quedó malparado. El PSOE pidió una comisión de investigación sobre el enjuague. Pero el ministro, que no había encontrado el nombre de Barcenas entre los 29.000 amnistiados, esgrimió el martes en el pleno del Senado el informe de la Agencia Tributaria y proclamó en respuesta al socialista José Miguel Camacho que “no puede beneficiarse” de la amnistía porque no es posible hacerlo “a través de terceros o de sociedades pantalla”.

La controvertida amnistía ha podido beneficiar, sin embargo, a otros gurtélidos, comenzando por Correa y siguiendo por los más relevantes entre los 21 imputados. Se da el caso de que el expresidente de la Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, declaró el 4 de diciembre en el juzgado que se había acogido a la regularización fiscal de Montoro. Pozuelo figura como donante de dinero al PP en los papeles de Bárcenas.

Para evitar la impunidad por los posibles delitos fiscales, el juez Pablo Ruz ha pedido a la Agencia Tributaria información sobre las declaraciones del exsecretario general del PP de Galicia y número dos de la trama, Pablo Crespo; el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los exdiputados del PP madrileño Alfred Bosch y Benjamín Martín Vasco; la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; la de Barcenas, Rosalía Iglesias; el empresario de medios de comunicación José Luis Ulibarri; el exalcalde de Pozuelo, exmarido de la ministra Ana Mato y empleado del PP Jesús Sepúlveda; los exalcaldes de Boadilla, Majadahonda y Arganda (Madrid), Arturo González, Guillermo Ortega y Gimés López, respectivamente; el exdiputado del PP Jesús Merino y los promotores y empresarios Fernando Martín, César Tomás Martín Morales, Elena Villarroya, Manuel Salinas y Amando Mayo, así como las sociedades UFC y Grupo Begar.

La Agencia Tributaria ya ha informado al juez Ruz que la sociedad Tedesul que creó Barcenas a nombre de dos uruguayos que prestan su nombre por 100 euros fue registrada en 2008 y utilizada no sólo para transferir fondos entre bancos suizos, sino también para abrir una cuenta en Bankia desde la que se pagó a Hacienda 1,2 millones de euros de la regularización y 320.000 de impuesto de sociedades. Además, Barcenas abrió otra cuenta en Bankia a nombre de la sociedad radicada en Panamá Granda Global, por la que se ha interesado el juez Ruz.

Pero el extesorero no sólo acumulaba una fortuna en Suiza, sino que manejaba también una cuenta a su nombre y al del veterano administrador del PP Álvaro Lapuerta en el Banco Popular que llegó a tener un saldo de 16,8 millones de euros, según la información que en 2009 facilitó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) al juez instructor del Gurtel en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira. El PP admitió la existencia de esa cuenta, la misma en la que Bárcenas ingresó 330.000 euros en billetes de quinientos para devolver un crédito destinado, según dijo, a la infructuosa compra de un cuadro.

Barcenas será interrogado hoy por el fiscal anticorrupción sobre la supuesta contabilidad paralela del PP, las donaciones ilegales y los pagos de dinero negro a los principales dirigentes del partido. También el fiscal recabará el testimonio del exdiputado del PP Jorge Trias Sanier, quien denunció públicamente las prácticas económicas opacas en el partido gubernamental. Trías fue abogado de Bárcenas en la trama Gurtel y algo bastante debía saber sobre las prácticas de su cliente, exculpado en su día por el magistrado Pedreira. El juez Ruz ha citado a Bárcenas para el día 25.  

En el plano parlamentario, y para impedir que la propalada transparencia se verifique antes de tiempo, el PP rechazó las peticiones de IU, Grupo Mixto y PSOE de que Mariano Rajoy comparezca sobre la corrupción y la amnistía fiscal. Los populares también aplicaron su mayoría absoluta para negar la comisión investigadora de la regularización fiscal y los delincuentes tributarios amnistiados.