El Poder Judicial desoye a Gallardón
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha desoído al ministro de Justicia y notario mayor del Reino, Alberto Ruiz Gallardón, y activado el proceso de renovación de los consejeros para el 24 de septiembre próximo. La decisión de Moliner, frente al criterio de Gallardón, abre un nuevo frente en la guerra sorda que desde la crisis de probidad de Carlos Dívar libra el Ejecutivo, con mayoría absoluta en el Parlamento, para intentar controlar al Poder Judicial.
Gallardón quería congelar la renovación de los consejeros del CGPJ hasta que se apruebe la nueva ley orgánica del CGPJ que reformará las funciones y el régimen de los consejeros y, entre otras materias, reducirá a 6 la presencia de consejeros en Madrid e impondrá “tele trabajo”. Para aplazar la renovación, apeló al decreto urgente y derogó los dos artículos de la ley orgánica del Poder Judicial sobre la elección de los nuevos consejeros. “Se trata –dijo el jueves en el Congreso-- de un decreto instrumental”.
Claro que ningún grupo, salvo el PP, que convalidó la derogación en solitario, respaldó la operación. Gaspar Llamazares, de IU, denunció el abuso de decretos: “Vivimos ya en un estado de decreto”. Y Julio Villarrubia, del PSOE, recordó que el Gobierno ya lleva 35 decretazos urgentes para no legislar a pesar de contar con mayoría absoluta. “Traigan en 24 horas otro real decreto contra las cláusulas abusivas de las hipotecas e impidan los desahucios; nosotros les apoyaremos”, instó a Gallardón ante la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
Aunque la parálisis del procedimiento de renovación del CGPJ fue sentenciada por el Congreso, no ha sido refrendada por el Senado. Y el presidente del CGPJ, en vez de atender las advertencias de Gallardón, que le amenazó con “suspender el proceso” si lo iniciaba, activó el lunes la renovación de los consejeros según disponen los preceptos que el Gobierno quería derogar. Entre las admoniciones del ministro y la aplicación de la ley, Moliner ha aplicado el mandato legal y comunicado a las Cortes Generales con seis meses de antelación que deben renovar el CGPJ.
El proyecto de ley del Poder Judicial cercena la libertad de expresión
Al margen de la nueva batalla entre los poderes, el proyecto de ley del Poder Judicial auspiciado por Gallardón contiene numerosos preceptos retardatarios. Así, el artículo 42-2 prohíbe a los partidos, sindicatos y a las organizaciones empresariales emprender la acción popular ante la Justicia. “La acción popular nunca podrá ser ejercida por las instituciones públicas, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, ni siquiera mediante personas interpuestas”.
En lo atinente al derecho a la información, los artículos 418 y 419 responden a la petición de muchos jueces de poder hablar con los periodistas, tipificando este hecho sobre las causas objeto de instrucción como “falta grave y muy grave”. Y el 45 va más lejos y prohíbe a los jueces y a las asociaciones judiciales opinar sobre las resoluciones judiciales, algo que ahora es un hecho consuetudinario en los medios de comunicación.
Otro precepto no menos sorprendente para los juristas es que los tribunales no puedan plantear cuestiones de inconstitucionalidad ante el Constitucional. Según el artículo 50 de la reforma, “los Tribunales se abstendrán de promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional, así como de enjuiciar las resoluciones del mismo”. Los tintes regresivos son tan espesos que el ministro suele invitar a “diálogos personales” a los distintos portavoces para desmentir que sea un “reaccionario”. La última invitación la cursó a Llamazares, al que dijo: “No me importa que me llame conservador, pero no sé si me llama conservador sociológico o ideológico”. En todo caso, el acendrado conservadurismo de su reforma ha llevado al PSOE a anunciar que no puede apoyarla.
