Interior se desentiende de 37.143 mujeres con alto riesgo de agresiones machistas

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Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. / lamoncloa.gob.es

Cerca de 40.000 mujeres amenazadas por la violencia machista y en situación de riesgo alto (30.040) y extremo (7.103) de sufrir una agresión grave, según la calificación de la policía, permanecen desprotegidas debido a la desidia y el retraso del Ministerio del Interior, del que es titular Jorge Fernández Díaz, en asumir el protocolo que extiende el control telemático a los agresores condenados. Así lo ha denunciado a cuartopoder.es la diputada socialista Ángeles Álvarez, quien ha preguntado por escrito al ministro por qué permanece en suspenso desde 2011 la firma del protocolo para ampliar el uso de los dispositivos electrónicos sobre el alejamiento de los maltratadores. En la actualidad sólo se usa una quinta parte de los 5.000 dispositivos existentes para el control de los agresores.

La historia de los brazaletes de control de los maltratadores y de la protección de las víctimas comenzó en 2010 cuando el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero comprobó que esos dispositivos electrónicos podrían prevenir los asesinatos de mujeres y ayudar a combatir el ya llamado “terrorismo machista”. El Ejecutivo adquirió entonces 5.000 dispositivos de los que sólo se llegaron a utilizar unos 300 por mandamiento judicial. Lentamente los jueces fueron ampliando la medida y en febrero de 2012 –último dato disponible– eran ya 787. La progresión del maltrato y de la sensibilidad judicial permite estimar que en la actualidad hay unos mil maltratadores bajo control telemático con GPS.

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Cuando una mujer denuncia malos tratos, el juez examina la evaluación del riesgo que le aporta la policía y puede decidir el alejamiento del maltratador como medida cautelar. Para que ese alejamiento sea efectivo, puede acordar que se implante al maltratador y a la víctima los brazaletes o pulseras –dificilísimas de quitar– con el correspondiente sistema de alerta. Así, si el agresor se acerca a menos de 500 metros en línea recta de la víctima, a ésta le salta la alarma y puede buscar protección y alertar a la policía. La alarma salta al mismo tiempo en la central de control y permite a los agentes intervenir. Si el agresor o la víctima se desprenden del dispositivo, la alarma salta también.

“La eficacia de la medida es extraordinaria -explica la diputada Álvarez-; no conocemos ningún caso de agresión grave de tipos que lleven el dispositivo ni ningún asesinato”, añade. De ahí que la parlamentaria del PSOE inste también en otro escrito a la ministra de Igualdad, Ana Mato, y a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a que perseveren en convencer a los jueces sobre la eficacia del alejamiento controlado. Vale añadir que el presupuesto público dota con 5,2 millones de euros en 2013 a la delegación para extender las pulseras de control telemático.

El problema surge cuando los agresores son juzgados y se les retira la pulsera de  control del alejamiento. La Comisión de Seguimiento de la Violencia de Género (Justicia, Interior, Sanidad, Servicios  Sociales e Igualdad, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado) decidió en su reunión de 13 de octubre de 2011 que se debía de extender el dispositivo de control de los agresores al cumplimiento de la pena. En ese sentido, siguiendo la recomendación del Consejo General del Poder Judicial, se elaboró un borrador de protocolo que quedó pendiente de firma y aplicación debido a la convocatoria electoral del 20 de noviembre.

Pasadas las elecciones, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha activado la medida ni hecho nada al respecto. Dispone de los recursos necesarios –los 5,2 millones de euros presupuestados en 2013 superan los 5 que dedica a la atención a las víctimas y a sus hijos–; la ministra Mato ha sido animada reiteradamente por la oposición a que firmen y apliquen el protocolo. Y el ministro Fernández Díaz, que según fuentes socialistas es renuente a la medida, está siendo espoleado desde el Congreso. En la pregunta escrita que le dirige Álvarez le dice que está “alarmada por el desinterés” gubernamental y “la incapacidad para resolver un asunto que afectan a la seguridad de cientos de mujeres, máxime cuando las cuestiones técnicas quedaron resueltas por el anterior Ejecutivo”. Aparte las 37.143 mujeres en situación de riesgo alto y extremo, otras 100.313 están en situación de riesgo de sufrir agresiones, según las evaluaciones policiales.