23 empresas que trabajaron para Rajoy y Durán en campaña, no rindieron cuentas

Dieciséis empresas de servicios y suministros que trabajaron para el PP en la campaña electoral del 20N, en la que obtuvo la mayoría absoluta, no justificaron su facturación ante el Tribunal de Cuentas, como previene la ley. Tampoco lo hicieron otras siete que trabajaron para CiU y una que suministró carteles a Geroa Bai. Con ello, el alto tribunal fiscalizador se vio privado de los elementos de contraste por facturaciones superiores a 10.000 euros. No obstante, tras la correspondiente advertencia, ha dado por buenos los datos de los partidos afectados y no les ha restado las subvenciones correspondientes.

¿Qué son 804.784,21 euros, pagados sin que las empresas hayan aportado sus facturas al Tribunal de Cuentas, en un gasto oficial total de los 20,6 millones de euros invertidos por el PP en la campaña de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno? Algo menos del 5%. Y ¿qué son 371.141 euros sin contraste o justificación empresarial en los 3,1 millones que gastó CiU en la campaña de Josep Antoni Durán i Lleida? Algo más del 10%. Tales porcentajes pierden significación en el conjunto del gasto electoral de 65 millones de euros declarado y justificado por las formaciones que obtuvieron representación parlamentaria.

Eso no quita para que el presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda García, sin citar a los principales partidos nacional y nacionalista afectados, recomiende la implantación de “sanciones a los terceros” que estando obligados a remitir información al Tribunal de Cuentas no cumplan con esa obligación. Esta recomendación ha sido asumida por todos los partidos y plasmada en una resolución para incluir en la ley de financiación de partidos y en su régimen sancionador la correspondiente infracción de falta de colaboración con el Tribunal.

Entre las 16 empresas que trabajaron para el PP y no remitieron la documentación al Tribunal figuran Dayli Post, S.L. (Unipost), con una facturación de 163.210 euros; Vav Compañía de Producciones S.L., con 120.065 euros; Globo Digital S.L, con 96.303; Prosescan S.A., con 70.750 euros; Mobile Dreams Factory S.L, con 58.397 euros; Disart 4, S.L., con 53.449 euros; Autocares Lact, S.L., con 52.445 euros; Artai Comunicación, S.L., con 38.551 euros y otras ocho con facturaciones entre 35.000 y 10.000 euros. El Tribunal no exige el contraste de los gastos inferiores a esa cantidad.

Entre los siete proveedores de CiU que no remitieron su facturación al Tribunal de Cuestas figura Scamp S.L., que cobró 178.575,9 euros, según los datos de la propia coalición; General Servei S.A., 74.052,9; Indra BMB Servicios Digitales, 35.413,72 euros; Publicidad y Gestión Navarro S.L., 35.400; Fira Internacional de Barcelona, 23.346 euros; Club Joventut Les Corts, 13.437,68, y Lateral Consulting, 10.915 euros.

El Tribunal sanciona a la formación navarra de izquierda Geroa Bai, de la que es diputada Uxue Barkos, con 56,46 euros por haber rebasado el tope de publicidad y al PP con 54.142,43 euros por el mismo motivo. Esas cantidades se les retiran de la subvención electoral. Al mismo tiempo pide a todos los partidos que regulen y contabilicen las inserciones de anuncios en los medios digitales como publicidad ordinaria.

Sobre las recomendaciones para ahorrar gastos, el Tribunal recuerda que no se admiten banquetes, cuchipandas y restauración, pues, aunque no lo diga, ya es sabido que el voto emana del ejercicio mental, no digestivo. Sobre todo pide a los partidos que “limiten los gastos” a lo imprescindible y se ajusten a “una interpretación estricta de los conceptos subvencionables”. Y algo más les dice: que establezcan “un sistema de control interno que garantice la selección de la oferta económica más ventajosa” en relación con las operaciones más importantes por el volumen de gasto.

¿Evitará esa medida el favoritismo, el amiguismo y la corrupción objetiva y subjetiva en las contrataciones de las campañas electorales? Todos los partidos entienden que sería deseable y por eso aprobaron en la comisión mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas un compromiso tan genérico como el siguiente: “Promover el principio de concurrencia de empresas en el procedimiento de contratación y adjudicación de gastos electorales, evitando la concentración en un único proveedor”.

De los 65,01 millones de euros gastados por 16 formaciones políticas que obtuvieron representación, 39,09 millones correspondieron a operaciones ordinarias y25,9 a envíos de papeletas de voto y propaganda electoral que, como es sabido, se contrata mediante créditos bancarios que paga íntegramente el Estado. Atendiendo a su naturaleza, los gastos se clasifican en 39,22 millones de créditos bancarios; 18,17 en anticipos de Hacienda; 5,28 millones en aportaciones del partido a su campaña, 34.000 mil euros de donativos privados y 2.000 de otros ingresos.

El PP encabezó el gasto con 20,60 millones de euros, a los que hay que añadir medio millón más para su coalición con Extremadura Unida y otro medio millón con el Partido Aragonés Regionalista (PAR). No registró donativos, aunque aportó de sus propias cuentas 886.000 euros a la campaña. Le siguió el PSOE con 17,52 millones de gasto, de los que 11,71 fueron créditos bancarios y 5,81 anticipos de dinero público. El PSC-PSOE gastó 1,8 millones, de los que 723.276 euros fueron aportaciones del partido a su campaña. Las formaciones de Izquierda Plural invirtieron 7,9 millones, de los que 1,3 fueron gastos ordinarios y el resto dimanó del envío de las candidaturas al electorado. IU y sus aliados aportaron 255.262 euros de fondos propios.

CiU, con 3,1 millones de presupuesto, aportó unos fondos propios de 200.000 euros, y el PNV, con un presupuesto de 1,1 millones de euros para su campaña sufragó con fondos propios 835.069 euros. La campaña más exitosa, a juzgar por el resultado, fue la de Amaiur, que gastó 1.097.596 euros (615.000 en créditos y 485.578 en aportaciones de la coalición). Le siguió UPyD con un gasto de 1,7 millones, de los que 336.274 euros fueron aportaciones del propio partido a la campaña. Y la más costosa, a tenor de los resultados, fue la de Coalición Canaria y Nueva Canaria, que gastaron 4,2 millones de euros y obtuvieron dos diputados.