El presidente del TC y militante del PP inspiró con un letrado amigo la reforma laboral de Rajoy

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y su letrado de confianza en el alto tribunal, Braulio Thibault Aranda, aconsejaron y supervisaron la reforma laboral del PP, según apuntaron fuentes gubernamentales poco después de que se conociera que el presidente del TC era militante del PP cuando fue designado magistrado. Con la llegada al Gobierno, el letrado Thibault Aranda fue nombrado director general de Empleo por la ministra Fátima Báñez y Pérez de los Cobos resultó elegido el 19 de junio pasado presidente del Constitucional. En ese cargo tendrá que decidir --si no dimite o se inhibe-- sobre los recursos contra la reforma laboral y contra la amnistía fiscal, entre otras materias. Él alega que solo fue militante de base, sin cargo alguno. Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que asesoró y pudo influir en el equipo socioeconómico de Báñez y Montoro.

Cuando ayer se supo por una información del diario El País que Pérez de los Cobos era militante con carné del PP desde 2007 cundió la alarma en el edificio circular del Constitucional. Pérez de los Cobos reunió a los magistrados y les dijo que, en efecto, había sido militante del PP, pero “militante de base”, y que ese hecho no es reprochable jurídicamente, pues según el artículo 159.4 de la Constitución, la incompatibilidad sólo se produce “con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos”. La ley orgánica del TC ofrece una redacción idéntica, y la jurisprudencia del propio tribunal así lo ratificó el 16 de febrero de 1988 cuando dijo que la ley del TC es de “aplicación prioritaria” a la del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento civil y no impide que los magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos.

Por tanto, todos tranquilos. Una cosa es el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe la militancia a los jueces, y otra el tratamiento al TC, diferenciado de la carrera y del Poder Judicial. Acto seguido, Pérez de los Cobos dictó la “nota informativa número 43/2013” haciendo saber que la Constitución y la ley del TC “no establecen para los magistrados del Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales”. Lo de asociaciones, fundaciones y colegios es una equiparación con los partidos cuando menos extemporánea.

Pérez de los Cobos demostró a sus colegas que conocía la norma al dedillo o, por lo menos, tan bien como su correligionario y ponente del recurso del PP contra la ley del aborto, Andrés Ollero Tarrasa, que además de militante, fue diputado del PP. Lo que se desconoce es por qué ocultó su militancia en el partido y se presentó como “un humilde profesor universitario” en el examen en el Senado, al tiempo que los dirigentes del PP hacían saber que se trataba de un “experto independiente”. Si la instauración del examen parlamentario –gran novedad-- fue utilizada para mentir y ocultar la realidad, podían ahberse ahorrado el trámite y, de paso, el deterioro ético del eminente "militante de base" y de sus proponentes.

Antes de acceder al TC, Perez de los Cobos, cuyo padre fue candidato de la formación ultraderechista Fuerza Nueva al Congreso en 1977, fue vicedecano de la Facultad de Derecho de Barcelona durante una década y adquirió notoriedad por los insultos a los catalanes que dejó esparcidos en un libro titulado Parva Memoria (Edt. Tirant lo Blanch). En 2007 se trasladó a Madrid como director del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense. En octubre de 2010 fue nombrado magistrado del TC a propuesta del PP. Su votó a favor de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo sorprendió a sus compañeros. Por lo demás discrepó de la mayoría, que no encontró motivos de inconstitucionalidad para impedir que Bildu se presentara a las elecciones en 2011. En su mes de mandato como presidente ha paralizado la expropiación temporal de pisos a los bancos para evitar los desahucios de familias necesitadas, aprobada por la Junta de Andalucía, y ha admitido como inconstitucional la declaración soberanista del Parlament Catalán.

Si la militancia en el PP de este presidente del TC ya supone un motivo de contaminación en la medida en que los estatutos del partido obligan a defender los postulados y políticas del partido, la inspiración de la reforma laboral junto con su letrado y amigo personal Thibault Aranda, le obligarían, con mayor razón, a inhibirse cuando se dirima el recurso de inconstitucionalidad del PSOE e IU-ICV. Ya recordarán que el presidente Mariano Rajoy llegó a la Moncloa con la reforma puesta y se negó a negociar con los sindicatos, y que en una de sus primeras visitas a Bruselas, el ministro de Economnía, Luis de Guindos, la calificó de “muy dura” y dijo a un colega: “Te va a gustar”. La reforma quitó derechos a los trabajadores, supuso un ataque directo a la negociación colectiva en beneficio de lo empresarios, que se han negado a renovar los convenios, provocó la primera huelga general contra el Gobierno del PP y ayudó a la destrucción de 700.000 empleos al menor coste posible para los patrones.