Casi dos meses después de recibir la carta del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, Mariano Rajoy respondió lo previsible: que su límite es la Ley (en alusión a la Constitución Española) y que está dispuesto a dialogar "sin fecha de caducidad" . Pasadas las cinco y media de la tarde, los servicios de prensa del Palacio de la Moncloa anunciaban vía SMS a los periodistas que la carta había llegado a su destino, exactamente 50 días después de recibir la nota inicial de Mas. No se puede decir que la misiva sorprendiese a nadie; mucho menos a la parroquia de CiU, que ya ha puesto en circulación una estrategia para tratar de conformar un amplio bloque de partidos catalanes en favor de la consulta popular.
En esencia, con este lance epistolar, ambos dirigentes han aireado públicamente las "líneas rojas" dentro de las que se mueve cada cual: Rajoy ataja con la Constitución del 78 cualquier movimiento y/o aspiración secesionista de CiU, mientras que Mas considera "irrenunciable" la celebración de la consulta. Con estos planteamientos, parecen condenados a no entenderse, por mucho que desde CiU se apele a la existencia de un artículo de la Carta Magna (art. 150) que entienden podría permitir la celebración de la consulta, previa autorización de las Cortes Generales. Tanto Rajoy como Mas, como los emisarios que ambos se han mandado en los últimos meses tienen claro que, con estas premisas, no hay acuerdo posible, ni consulta pactada con el Estado.
En el Ejecutivo, con Rajoy a la cabeza, aspiran a dar satisfacción a los nacionalistas catalanes gracias a un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero esa opción, según fuentes de CiU, "ya está quemada". Entienden los representantes de la coalición nacionalista que el acuerdo meramente económico "pudo ser una vía de solución en su día, cuando nosotros planteamos el pacto fiscal, pero ahora no lo es, porque el pueblo catalán ha madurado y ha dado un paso más allá y quiere, mayoritariamente, un cambio de estatus político, que, obviamente, también conllevaría un cambio en materia económica y fiscal. Por aquel entonces, los nacionalistas catalanes suspiraban por un "concierto económico" similar al vigente en el País Vasco, pero hubieran aceptado un sistema que limitase la solidaridad de unas Comunidades Autónomas con otras, al estilo de los lander alemanes. Así, al menos, lo admiten algunos de sus dirigentes consultados por este periódico.
De acuerdo con esta versión, Rajoy llega tarde con su supuesta voluntad de diálogo de la que no ha hecho gala durante casi un año, después de la celebración del 11-S de 2012 y la multitudinaria manifestación. "Nosotros- recuerda un miembro del gobierno catalán- ofrecimos un pacto fiscal y, de habernos escuchado entonces, posiblemente no hubiésemos llegado a este punto. Pero la voluntad de Rajoy, o su convicción de que podría dejar morir un tema tan acuciante como éste, nos ha traído hasta aquí".
Los nacionalistas catalanes preparan ya su nueva ofensiva reivindicativa, que consistirá en conseguir una declaración del Parlamento de Cataluña en defensa de la consulta, que consiga reunir de nuevo a todos los partidos políticos del arco parlamentario catalán con la excepción del PP y Ciutadans (incluido el PSC, al que pretende reconducir de nuevo hacia la mayoría nacionalista, tras el último desmarque de su líder, Pere Navarro). El siguiente paso del nacionalismo catatán no será una carta, sino una declaración del Parlamento catalán, a la que seguirá la probación de la Ley de Consultas. Para el siguiente desafío, Artur Mas no irá solo, sino que mandará por delante al Parlamento de Cataluña. Y con un horizonte temporal: si Rajoy no pone fecha de caducidad a su voluntad de diálogo, a Mas le empuja su calendario, su promesa inicial de celebrar la consulta en 2014 y su pacto de legislatura con ERC.