Tardà (ERC) presenta en Buenos Aires una querella por el asesinato de Companys
Al amanecer del 15 de octubre de 1940, el dictador Francisco Franco ordenó el fusilamiento del presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, quien fue ultimado en el foso del castillo de Montjuïc, en Barcelona. Cuando se cumplen 73 años de aquel crimen impune, la dirección de su partido, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), ha enviado al diputado Joan Tadà a Buenos Aires con el cometido de presentar esta mañana una querella contra el Estado español por aquel delito contra la humanidad. Tardá acudirá al juzgado número 1 de la capital federal de Argentina, cuya titular, María Servini de Cubria, ejerce la jurisdicción universal y, con el respaldo de la Corte Suprema, instruye la causa sobre el exterminio, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinados por el franquismo, a petición de más de trescientos familiares hasta el momento.
Según explica Tardá a cuartopoder.es, “los crímenes y la represión fueron terribles en Cataluña, donde se fusiló a miles de demócratas, incluidos dos diputados y 52 alcaldes de nuestro partido, pero hemos querido centrar la querella en la figura del presidente Companys por entender que nos representa a todos y simboliza la crueldad de los delitos contra la humanidad por los que la ONU condenó al régimen franquista en 1946”. Tardà considera lamentable que todavía, bien entrado el siglo XXI, el Estado español siga negando la reparación judicial a las víctimas del franquismo y evite juzgar a los responsables materiales de la represión, amparándose en la preconstitucional ley de amnistía que equiparó a las víctimas con los verdugos y cuya derogación ha sido recientemente recomendada por el grupo de trabajo de la ONU sobre los desaparecidos. “A los gobernantes se les debería caer la cara de vergüenza porque la tan propalada Marca España sea todavía el modelo español de la impunidad”, añade Tardà.
Como es sabido, el Tribunal Supremo –el mismo que proceso y juzgó al magistrado Baltasar Garzón por atender a las víctimas, y al que acabó expulsando de la carrera judicial por su investigación de la corrupción vinculada al PP– se negó reiteradamente durante la Transición y en los años posteriores a revisar y anular la condena al presidente Companys y a otros 60 dirigentes políticos asesinados por orden del dictador, después de someterlos a juicios militares sumarísimos, para humillarlos públicamente, sin garantías procesales ni posibilidad alguna de defenderse.
Sobre el “separatismo” de Companys valdría recordar a los actuales gobernantes de la derecha española su grito en el grandioso mitin que dio en abril de 1936 en la plaza de toros de las Ventas de Madrid: “¡Madrileños, Cataluña os ama!” Sobre su calidad humana, sirva el ejemplo recogido por el que suscribe en el libro El exilio periodístico español, sobre la protección que brindó al periodista Madrid, corresponsal de La Voz, al que los anarquistas buscaban para partirle la cara y algo más porque consideraban que sus crónicas eran muy críticas con ellos. Companys no sólo le facilitó la estancia durante varios días en el mismo Palau por el que circulaban los sindicalistas que le querían matar, sino que le acompañó personalmente hasta un lugar donde le facilitaron una salida segura hasta Francia.
En el país vecino, en la Bretaña francesa, sería detenido el propio Companys cuatro años después, cuando acudía a visitar a su hijo, gravemente enfermo. La Gestapo alemana, con el visto bueno de las sumisas autoridades francesas y la colaboración de elementos policíacos españoles, mantenía una discreta vigilancia sobre la clínica donde estaba ingresado el joven. Companys estaba siendo buscado por los franquistas. Era una de las personas más relevantes de la lista de 2.000 republicanos que Franco había hecho llegar a los jefes nazis de la Francia ocupada para que los capturaran y se los entregaran. El dato (2.000 y no 600 como se ha dicho) figura en la carta que el periodista Carlos Esplà escribió al profesor José de Benito, secretario de la Junta de Auxilio en México.
En la ejecución de las detenciones y entregas en caliente, sin procedimiento legal alguno ni respeto a las normas de extradición, jugó un papel destacado el embajador español en Vichy, José Félix de Lequerica. Así fueron detenidos por la Gestapo a mediados de 1940 y entregados al régimen de Franco, además del presidente Companys, Cipriano Rivas Cherif, cuñado del presidente Manuel Azaña; el sindicalista Manuel Peiró, fusilado el 24 de julio de 1942 en el cementerio de Paterna y, entre otros, los periodistas Francisco Cruz Salido y Julián Zugazagoitia. Companys fue sometido a un juicio sumarísimo y asesinado el 15 de octubre de 1940 y pocos días después, el 9 de noviembre, fusilaban en el mismo foso de Montjuïc a Zugazagoitia y Cruz Salido.
En la querella contra el Estado español, el dirigente de ERC, Tardà, invoca el precedente de Nuremberg para señalar que en el juicio a los nazis no se cerraron, sino que se abrieron “todas las categorías penales de crímenes imprescriptibles contra la paz, crímenes de guerra y de lesa humanidad, consagrados posteriormente por las Naciones Unidas como derecho internacional y justicia universal”. Y en ese sentido recuerda que la magistrada Servini puede exigir la documentación y los datos que estime oportuno a España, Francia y Alemania sobre la detención de Companys y que los Estados están obligados a proporcionar.
Sobre el rebrote de la ultraderecha y la peregrinación de un grupo de fachas el 12 de octubre al lugar del crimen, Montjuïc, el diputado catalán denuncia “la banalización del fascismo y la renuncia del Estado a la justicia y reparación a las víctimas de la dictadura; esto no contribuye a fortalecer la democracia sino todo lo contrario, a despertar la fiera violenta y totalitaria”.
