El pacto de la vergüenza

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El ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón, y la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, conversan en los pasillos del Congreso, el pasado martes, día 19, poco después de que conociera el principio de acuerdo para la renovación del CGPJ. / Kiko Huesca (Efe)

Mientras anoche PP y PSOE cerraban los últimos flecos (un nombre aquí, un veto allá) del acuerdo para la renovación del CGPJ, suscrito por todos los grupos parlamentarios salvo UPyD y el Mixto (a excepción de UPN, cuyo diputado se ha sumado al principio de acuerdo)  ninguno de los firmantes ha explicado por qué, al suscribir este acuerdo, han hecho exactamente lo contrario de lo que dijeron, predicaron y/o prometieron a sus electores. Todos  se han contradicho de forma escandalosa. El PP prometió una cosa en la oposición y ha hecho lo contrario al llegar al gobierno. Y lo único que ha cambiado para la oposición desde que abominaron de la reforma del CGPJ aprobada en solitario por el PP, ha sido el reparto de puestos en el órgano de Gobierno de los Jueces (10 propuestos por PP, 7 por PSOE, 1 por IU, 1 por CiU y 1 por PNV).

En su programa electoral para las elecciones generales de 2011, el PP promete lo siguiente: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Esa promesa, reflejada en la página 179 del programa del PP, ya ha sido incumplida: la reforma que aprobó recientemente el gobierno de Mariano Rajoy, establece lo contrario: los doce jueces y magistrados van a ser elegidos por el Parlamento, además de los 8 “juristas de reconocido prestigio”. Y todo ello, pese a que el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llegó a decir que era una “obligación” ese cambio legal. Todo, supuestamente, para alcanzar una “democracia ejemplar”. No parece que haya cundido el ejemplo, precisamente.

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Por su parte, el PSOE atacó con saña la reforma del CGPJdesde diciembre de 2012, cuando Gallardón presentó el proyecto de Ley, hasta el punto de que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, ya aprobada. Además, durante el trámite parlamentario, interpuso una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. El portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Julio Villarrubia, expuso en su día varias causas de inconstitucionalidad en las que, en su opinión, había incurrido la reforma legal. Ninguna de ellos ha cambiado, aunque el PP no ha ejecutado la posibilidad que le daba el nuevo articulado de renovar parcialmente el CGPJ, en sus nombramientos del Congreso o del Senado. Precisamente, en la Cámara Alta, el PP tiene mayoría suficiente para hacerlo. Pero no lo ha hecho. Y eso ha permitido al PSOE garantizarse sus 7 puestos entre los vocales y ceder el octavo a IU.

También produce sonrojo el viraje inexplicable de la formación que lidera Cayo Lara. Desde IU, Gaspar Llamazares, que intervino para manifestar la opinión contraria de su grupo a la reforma del CGPJ tachó de “contrarrevolución que va más allá de lo que la Constitución permite” la medida. Pero hoy, cuando ha visto que su grupo tendrá una silla en el órgano de gobierno de los jueces, ha olvidado las acusaciones vertidas. Por su parte,  los portavoces de CiU y PNV mostraron su rechazo y votaron contra el cambio legal que ha dado pie a la reforma del CGPJ. Pero han cambiado de idea al ser parte del acuerdo.

Todos han pactado. Y todos y cada uno de ellos han hecho lo contrario a lo que han predicado. La única excepción es UPyD, que sigue en la crítica. Y también sigue fuera del reparto de puestos en el CGPJ. “Habría que ver qué hubiera hecho UPyD -dice un diputado de la oposición- si le hubieran ofrecido un puesto en el CGPJ”. No obstante, objetivamente, nadie puede decir que UPyD se haya vendido por un plato de lentejas, o por un puesto en el CGPJ.

Así, todos salvo el partido que lidera Rosa Díez participan del “engendro” que tanto criticaron, todos aceptan que sea el Poder Legislativo el que designe a todos los miembros del órgano de gobierno de los jueces; todos aceptan como “juristas de reconocido prestigio” a cualquiera de los ocho que está en la lista de los que no son jueces o magistrados, así sean abogados del Estado, secretarios judiciales o políticos en ejercicio hasta el día antes de ser nombrados vocales del CGPJ. Todos admiten que los vocales no tengan dedicación exclusiva y puedan compatibilizar su gestión en el Consejo con su trabajo en los despachos y bufetes privados, aunque eso genere situaciones de dudosa compatibilidad. Todos han tragado con un pacto vergonzante en torno a una reforma duramente criticada. Pero todos han sacado su tajada al acuerdo. Todos estarán en la foto. Pero sus programa, sus motivaciones y sus argumentos quedarán, cuando menos, muy borrosos.