El Gobierno se burla con seis métodos frecuentes de las preguntas de la oposición

Sostiene la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría que este Gobierno tarda menos que los anteriores en contestar a las cuestiones que le formulan los diputados. Sólo se demora doce días sobre los tres meses que el Reglamento del Congreso le concede para responder, lo cual le suscita un alto grado de satisfacción. Incluso ha confeccionado un cuadro para que los diputados de CiU, que se han interesado por el asunto, vean que este Gobierno es mucho más diligente que los taimados socialistas, que diría el profesor Cristobal Montoro.

Tan satisfactoria le parece a Santamaría la agilidad y presteza de los miembros del Gabinete en responder a la oposición que se podría explicar con un ejemplo: el 29 de octubre, nada más conocer la orden ministerial publicada en el BOE por la que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, suprimía el pago de los 300 euros de las becas Erasmus en el curso actual (2013-2014) a los estudiantes que no hubieren obtenido una beca general española en el curso anterior (2012-2013), la diputada de Iniciativa per Catalunya i Verds (ICV-La Izquierda Plural) Laia Ortiz registró varias preguntas sobre cuántos estudiantes se verán perjudicados por la inesperada decisión y en qué se basa el ministro para decir que las becas Erasmus españolas “son de las más altas de Europa”.

Antes de que las preguntas fueran calificadas por la Mesa, remitidas al Gobierno y publicadas el 5 de noviembre en el Boletín del Congreso, el ministro concernido y su número dos, señora Gomendio, aclararon que se trataba de un “error técnico” derivado, al parecer, de un fallo de comunicación con Hacienda, el departamento del inefable profesor Montoro, del que sabemos que no encuentra comprador para su coche.

Mes y medio después, el “error técnico” sigue vigente y todavía no ha sido rectificado en el BOE, lo que preocupa a los estudiantes y a sus familias, que contaban con esas ayudas. Las preguntas de la diputada Ortiz tampoco han sido contestadas. Y puesto que el Ejecutivo se puede tomar tres meses y doce días para responder, es probable que la respuesta le llegue después de Semana Santa de 2014, lo que, sin entrar en lo deseable para la comunidad educativa –que el ministro deje de serlo– añadirá gran  interés arqueológico a la respuesta.

Junto con “la dilación”, la variedad de capotazos de salón con los que este Gobierno burla el control del soberano a través de sus representantes en el Congreso está dando lugar entre los corresponsales parlamentarios a la elaboración de una clasificación sistemática. Tras la dilación colocaríamos el famoso “espejo retrovisor”, un ardid muy empleado por Mariano Rajoy para hacer ver lo rematadamente malo que era su antecesor y escamotear las explicaciones sobre el daño añadido. En tercer lugar figuran los socorridos “y tú también” “y tú más” para tapar la podredumbre de los casos Gurtel, Bárcenas, Fabra y otras trampas, trinques y corrupciones.

En cuarto lugar se sitúa “la ley lo impide”. Veamos un ejemplo: la diputada socialista por Cádiz Mamen Sánchez pregunta a cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con Hacienda, y el ministro Montoro le contesta: “El artículo 95 de la ley 58/2003 establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria”. Por consiguiente, ni siquiera una diputada puede saber en qué emplea una institución pública los impuestos que cobra a los ciudadanos.

En el quinto puesto –el orden de los factores no altera el producto en este caso--  encontramos el famoso “no hay datos” que tanto recuerda aquel “no hay estadísticas” de los tiempos de la oprobiosa. Veamos un ejemplo: el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán pregunta al Gobierno cuanto costó el viaje y la dilatada estancia en Buenos Aires de la nutrida representación española de la fracasada candidatura olímpica de Madrid 2020, y el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Wert, le responde: “El Ministerio no dispone de los datos solicitados”. Otro ejemplo: más de cien diputados del PSOE preguntan cuántas personas dependientes en sus respectivas provincias han solicitado ayuda y cuántas la reciben, y la ministra del ramo, a la sazón, Ana Mato, responde: “No hay datos por provincias; pregúntenlo a las autonomías”. Y otro tanto sucede cuando le preguntan sobre la pobreza y la exclusión social.

En sexto lugar se sitúa el “secreto de Estado”, sea o no fundado. En él se ampara el Gobierno para no dar cuenta de determinadas operaciones de venta de armas; para justificar en respuesta a Irene Lozano, de UPyD, la negación del acceso a los archivos militares; para no aclarar al socialista Diego López Garrido por qué el Ministerio de Defensa ha cancelado la desclasificación de unos 10.000 documentos históricos o, como ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo y Marfil, para mantener como “secreta” y “reservada” toda la documentación y los fondos históricos de su departamento.

Esta sexta burla, al amparo de la ley franquista (1968) de Secretos Oficiales, que no contempla la desclasificación de documentos, llevó en julio pasado al diputado de Izquierda Plural Chesús Yuste Cabello a recoger la queja del profesor e investigador David Jorge de la Universidad de Wesleyan (Conecticut) de que “en España es imposible llevar a cabo una investigación histórica completa que tenga en cuenta algún aspecto internacional”, y a preguntar al Gobierno por qué no garantiza el acceso a los archivos documentales históricos sobre las relaciones exteriores del Estado. El ministro Margallo se tomó su tiempo y le contestó en noviembre: “Al asunto interesado es de aplicación la Ley de Secretos Oficiales”.

La clasificación podría completarse con ardides como “el asunto está en estudio”, “no existe constancia fehaciente”, o con los socorridos “subjudices”, pero la conclusión seguiría siendo la misma: el Gobierno se burla del soberano y, además, la burla es elástica.