La derecha recibió el 90% de los donativos a partidos: 100 millones en dos décadas

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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia del pasado 27 de diciembre en el Congreso. / Efe
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia del pasado 27 de diciembre en el Congreso de los Diputados. / Efe

Los partidos políticos a la derecha del PSOE –el PP y los nacionalistas CiU, PNV– recibieron más del 90% de las donaciones legales de empresas y ciudadanos particulares desde 1992 a 2007. En ese periodo ingresaron más de 80 millones de euros, en contraste con los 7 millones contabilizados por los socialistas, IU, ICV y otras formaciones minoritarias de izquierdas. Desde que se implantó la obligación legal de identificar a los donantes, el 88% de los donativos de empresas en los ejercicios de 2009 a 2011 (más de 20 millones de euros) han ido a partidos de derecha, principalmente al PP.

Los datos proceden de las fiscalizaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y están siendo manejados entre los argumentos a favor y en contra de una regulación más estricta y transparente de las donaciones privadas a los partidos. El PSOE e Izquierda Plural defienden la supresión de las donaciones de empresas por entender que casi siempre, de un modo y otro, son finalistas y, por consiguiente, contrarias al espíritu de la ley. Pero el PP rechazó esa iniciativa el 20 de diciembre pasado, a la espera de las modificaciones que sobre la financiación de los partidos envíe el Gobierno.

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Las donaciones privadas “no finalistas” de los tres últimos ejercicios fiscalizados por el Tribunal de Cuentas (2009 a 2011) y expuestas por su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, hace un mes en el Congreso fueron de 23 millones de euros, de los que 20,2 correspondieron a partidos de derechas. Llama la atención que las donaciones subieran de 6 millones en 2009,  a 7 en 2010 y a 9 millones de euros en 2011, a pesar del progresivo agravamiento de la crisis económica. La razón del significativo incremento de la generosidad es que 2011 fue año electoral.

Por cierto que entre las observaciones del alto Tribunal, cuya cúspide es designada por las direcciones de los propios partidos en función de su representación electoral, figuran donativos de empresas o personas jurídicas sin el acuerdo del órgano social competente por valor de 200.000 euros a UDC, la formación que preside Josep Antoni Durán i Lleida; 46.000 euros a Covergencia y 60.000 al PP. También hay donaciones de empresas –sin rebasar el límite establecido de 100.000 euros– con contratos con la Administración Pública.

Aunque las medida que han ido adoptando los legisladores son cada vez más restrictivas pues, como recuerda el diputado socialista y experto constitucionalista Ignacio Sánchez Amor, ha habido un largo proceso de exigencias, desde la publicidad a la limitación de cuantías, pasando por la exclusión de las donaciones de empresas con relaciones contractuales con las Administraciones, a la vista está que no han logrado que todas las donaciones se atengan a la ley. “Nuestra conclusión –añade Sánchez Amor– es prohibir las donaciones de cualquier tipo de persona jurídica a los partidos”.

La cuestión de fondo sobre la que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la dirección parlamentaria del PP han ofrecido diálogo y concierto a la oposición consiste en si la prohibición de las donaciones de empresas con contratos públicos evitará el lodo de la corrupción por el que caminan los políticos. El caso Gürtel y la contabilidad B del extesorero del PP Luis Bárcenas no sólo han puesto de relieve que los partidos pueden funcionar con cuentas ocultas sino que las empresas con contratos pueden valerse de sucursales para realizar donativos finalistas y sufragar campañas electorales. El asunto está sobre la mesa.

Lo que de verdad irrita al PSOE, vacunado por el caso Filesa, y a IU, a la que el Gobierno y el PP insisten en acusar del pago aplazado de impuestos –mientras aplazan cientos de millones de euros a los clubes de fútbol– es la desigualdad de medios ante la competición electoral. Como es sabido, el Gobierno decidió reducir un 20% en 2012 la financiación ordinaria de los partidos. Fue un “tajo inmisericorde”, según los socialistas, que, al igual que IU, votaron a favor por solidaridad con el conjunto de la sociedad. El PSOE hizo un ERE con bajas incentivadas y reparto del empleo, convenientemente filtrado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a un periódico afecto para obtener rentabilidad política. El PP encajó el ajuste con normalidad, sin tener que prescindir de personal, no porque administrase mejor sino porque, como desveló su tesorero Bárcenas en enero de 2013, poseía fuentes ocultas de financiación que le permitían capear la austeridad y el paro que imponían a los demás.

Con independencia de las donaciones legales o reconocidas, el PP recibió en 2013 más del 38% de la financiación ordinaria presupuestada para los partidos, lo que supuso 25 millones de euros. El PSOE recibió 14 millones, el PSC 2, la misma cantidad que UPyD y algo menos que IU, que percibió 2,4. Iniciativa per Cataluña recibió 0,5, algo más que ERC y menos que Amaiur, con 650.000 euros. Convergencia recibió 1,7 millones y Unió 600.000 euros. El PNV superó ligeramente el medio millón de euros y las restantes fuerzas políticas del Grupo Mixto quedaron por debajo de esa cantidad.

En este ejercicio, la partida de Interior para la financiación ordinaria de los partidos es de 55,45 millones de euros, a los que hay que sumar 29,30 para que realicen sus campañas a las elecciones del 25 de mayo al Parlamento Europeo. La suma de esa cantidad y los 75,02 millones de euros consignados por el Ministerio del Interior para “procesos electorales y consultas populares” sitúa la previsión del coste de los comicios europeos en 105,72 millones de euros.

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