Báñez paga a Tragsa 3 millones para que desatasque el FOGASA

Una treintena de diputados socialistas, encabezados por su portavoz, Soraya Rodríguez, ha pedido explicaciones a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por el colapso y la entrega de la gestión del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en sus respectivas provincias a una empresa ajena a la Administración General del Estado. Para desatascar la acumulación de expedientes derivados de las quiebras empresariales e implantar la cita previa, Báñez ha contratado a Tragsatec, una filial de Tragsa, la empresa pública a la que apeló la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, durante la huelga de la limpieza y recientemente el alcalde del PP de Alcorcón, David Pérez, ante la huelga de recogida de la basura en la ciudad de los 200.000 puestos del perillán de Eurovegas y sus validos Aguirre y González. La contrata de la ministra Bánez tendrá un coste superior a tres millones de euros en detrimento de los fondos del FOGASA y de las remuneraciones pendientes de pago a los trabajadores.

Se desconoce si la titular de Empleo reconocerá el fracaso de la gestión del organismo directamente dependiente de su departamento y dotado con unos 400 millones de euros de las nóminas de los trabajadores a través de las cotizaciones a la Seguridad Social. Los socialistas no esperan ese reconocimiento. Pero lo cierto es que la acumulación de quiebras (ver datos de enero), la amortización acelerada de las plazas de funcionarios en el FOGASA y la falta de contratación de administrativos interinos provoca unos retrasos de más de un año en la tramitación de los expedientes. CCOO ha denunciado que en algunas regiones como Murcia alcanzan ya los 15 meses de dilación.

Estamos hablando de los derechos salariales de unos trabajadores que han sido despedidos por quiebra o concurso de acreedores de las empresas. En su mayoría carecen de ingresos para subsistir. Los sueldos pendientes, las liquidaciones y los salarios de tramitación que parcialmente recibían del Fondo de Garantía Salarial eran hasta ahora su tabla de salvación. Ahora ya saben que si la empresa tiene menos de 25 trabajadores quedan fuera del Fondo de Garantía Salarial, según la penúltima reforma gubernamental, que no había sido publicitada en el propalado “plan de apoyo a los emprendedores”. Ahora, con las plazas de empleados públicos sin cubrir y los recortes en la función pública, el retraso del FOGASA en pagar alcanza cotas insoportables. Unos 180.000 expedientes permanecen embalsados sin resolver.

Algunos parlamentarios socialistas que han pedido responsabilidad a la ministra afirman que el Gobierno actúa con indolencia y desvergüenza. Báñez podía haber apelado al INEM y contratado trabajadores en paro para evitar el colapso. Es lo que hace cada año el Ministerio de Educación ante la falta de funcionarios para tramitar las becas. Pero la ministra ha dejado que se pudriera la situación. Y sólo ante el temor de que se produjera una revuelta prenavideña, acabó apelando a Tragsa a finales de 2013, como si de la desgraciada emergencia del chapapote se tratara. Según las fuentes informantes, más de un centenar de empleados de Tragsatec han realizado cursillos de formación y han comenzado ya su labor.

Este ejemplo de gestión “externalizada” y a destajo, que afecta a 23 provincias de momento y supone un desembolso de 20 euros por expediente revisado –más de 3 millones de euros--, no figura entre los que serán mostrados el próximo lunes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a sus colegas europeos al más alto nivel, en una jornada organizada en el complejo de La Moncloa sobre la Administración Europea y “los efectos y proyectos de la reforma de la Administración Española” que pretenden que sirva de guía a otros países europeos. Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia han confirmado su asistencia a la cita, que clausurará Mariano Rajoy.