El anteproyecto del terror

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una sesión de control al Gobierno. / Emilio Naranjo /Efe
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una sesión de control al Gobierno. / Emilio Naranjo /Efe

El título no es mío. Encabezaba la carta que un magistrado le dirigía a otro para hacerle saber lo que se les viene encima con el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

¡Fuera caretas! Si con la reforma del Consejo el ministro convertía de hecho al órgano de Gobierno de los jueces en poco más que una dirección general de su ministerio, con el nuevo anteproyecto se da una nueva vuelta de tuerca para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy y su partido puedan tener el control de los jueces y evitar que al PP le puedan instruir un nuevo caso Gürtel o unos nuevos papeles de Bárcenas. La justicia pasa a ser el cortijillo de Gallardón.

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En la justificación del apaño, el Gobierno hizo pública una nota de prensa en la que presumía de que el proyecto “supone adaptar las estructuras de la justicia al Siglo XXI” y que “el objetivo es agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución con tres medidas principales”:  La reorganización de los tribunales a través de la puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia, el fortalecimiento de la especialización judicial y la reducción de la litigiosidad mediante la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.  “Los asuntos de especial trascendencia, entre ellos todos los de la Audiencia Nacional, pasarán a ser instruidos por colegios de tres jueces para incrementar la seguridad jurídica”.

Un jolgorio, querido lector. ¿Agilizar la justicia cuando para resolver cualquier providencia, unas escuchas o una entrada y registro tienen que decidirlo entre tres jueces en lugar de uno solo? ¿Con mayorías de dos a uno y voto particular discrepante? ¿Eso es más rápido? Obviamente no.

Lo que se persigue es otra cosa. La mayoría de los jueces, según algunos de ellos, pertenecen al grupo NOMEFO (no meterse en follones) y solo algunos están dispuestos a que no les asciendan o a que les hagan la vida imposible en los medios de comunicación afines al Ejecutivo. La decisión de que en lugar de un juez instruyan colegiadamente tres jueces no es agilizar los trámites, sino que parece tener como finalidad evitar jueces como José Castro, que contra viento y marea y próximo a la jubilación, ha tenido el coraje de citar a declarar como imputada a la infanta Cristina de Borbón. O impedir que otro juez como Pablo Ruz ordene el registro de la sede del Partido Popular, pida comisiones rogatorias sobre cuentas en Suiza del tesorero de la formación o se pronuncie en un auto sobre la caja B que financiaba el partido.

Si esas decisiones se hubieran tenido que tomar entre tres jueces, quizá no se hubieran adoptado: por prudencia o por temor a las consecuencias.

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Montaje fotográfico que se pasaban por correo y WhatsApp los jueces ironizando sobre Carlos Lesmes.

Porque, por si no lo saben, Gallardón, a través de su vicario en el Consejo, Carlos Lesmes, controla todos los nombramientos. Si el PSOE quiere nombrar a algunos magistrados afines, tendrá que apoyar a los vocales del PP, porque estos tienen mayoría para aplicar el rodillo y que todos los nombramientos sean suyos.

Además, ahora que el PP tiene mayoría absoluta de jueces afines en la Sala Segunda, el Gobierno decide establecer que la jurisprudencia de esa sala sea vinculante, con lo que se habrá cargado la libertad del juez para interpretar las leyes. Para hacer otra interpretación distinta de la realizada por la Sala Segunda, el juez deberá justificar expresamente la inaplicabilidad de la doctrina al caso concreto. La medida es un instrumento de control más. Daría igual que, en lugar de jueces de instancia, pusieran un ordenador y un funcionario para aplicar la jurisprudencia del Supremo.

No deja de ser curioso que el Gobierno alardee de que defiende la independencia de los jueces. Sí, claro, mucha independencia con un Consejo del Poder Judicial nombrado por el Ejecutivo y un Supremo elegido por los nombrados por el Gobierno.

Gallardón abandona la idea de atribuir la instrucción a los fiscales, reforma que habían barajado desde hace años tanto socialistas como populares. Aunque en el anteproyecto se hable de Juez de Garantías, la instrucción sigue siendo cosa de jueces, aunque pueden ser colegiados.

El ministro ya destrozó el poder de las asociaciones judiciales al reformar el Consejo, ahora les pone una mordaza a los jueces. Porque ¿cómo se interpreta esto?

  1.  Los miembros de la carrera judicial no podrán, invocando o sirviéndose de su condición de Juez, pronunciarse públicamente, ya sea mediante manifestaciones expresas o mediante otro tipo de comportamientos que, directa o indirectamente, expresen consideraciones jurídicas sobre cuestiones que sean competencia de otros poderes del Estado, salvo en los casos en los que estén autorizados legalmente. 
  2. Los Tribunales no interferirán en el ejercicio de la potestad legislativa y de las demás funciones parlamentarias, sin otra excepción que el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación a los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
  3. Tampoco podrán los Tribunales interferir directa o indirectamente en asuntos propios de la Administración pública, salvo en los casos previstos en el artículo 106 de la Constitución.  ¡Viva la libertad de expresión!

Por si no fuera suficiente, el PP está legislando a golpe de caso concreto. Ya lo hizo con la reforma del Código Penal y ahora con el capado de la jurisdicción universal porque una sala de la Audiencia Nacional había ordenado la detención del expresidente chino Jiang Zemin por su participación en los delitos contra la humanidad en el Tibet. La consecuencia de tanta precipitación es que el juez Fernando Andreu ha tenido que poner en libertad por falta de jurisdicción a ocho egipcios detenidos el pasado 6 de marzo cuando transportaban 9.851 kilos de hachís y se encontraban en aguas internacionales frente al cabo de Gata. Antes, la jurisdicción universal amparaba esas detenciones de extranjeros con droga, pero ahora solo puede hacerse si el barco es español, los marineros son españoles o el delito fuera a ser cometido en España.

No les voy a aburrir más, para muestra vale un botón, y aquí hay más que en una sotana. Para terminar con una sonrisa, les voy a contar un chiste.

Una niña de 10 años va a pescar con su padre y vuelve con toda la cara hinchada.

La madre, asustada, pregunta:

— ¿Qué te sucedió, hija?

— Fue un mosquito, mamá —respondió la niña.

— ¿Te picó? —insistió la madre.

— No tuvo tiempo. Papá lo mató con el remo. 

¿No me digan que Gallardón, con sus espectaculares reformas, no tiene un aire al papá de la niña?