El PP impone el centralismo para controlar las Cajas de Ahorro desde Madrid

El PP ha vuelto a emplear su mayoría absoluta en solitario en el Congreso para dar rienda suelta a su tendencia centrípeta contra las competencias autonómicas. En esta ocasión ha aprovechado la tramitación en lectura única del proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito para que el Protectorado de las fundaciones bancarias --antiguas cajas de ahorro-- sea ejercido desde el Ministerio de Economía. Esto permitirá al partido gubernamental realizar nombramientos desde el centro y ejercer su influencia en las autonomías donde no gobierna. La medida afecta a la mayor parte de las cajas catalanas, con lo que la tensión con la Generalitat y los independentistas está servida. Pero, curiosamente, también permitirá al Ejecutivo central interferir en el funcionamiento de las cajas andaluzas y vascas que no han sufrido el fiasco político y financiero protagonizado por el PP en Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León, donde gobierna.

La maniobra del PP con el visto bueno del ministro de Economía, Luis de Guindos Jurado, y la aquiescencia de Mariano Rajoy Brey, se basa en una enmienda que introdujo el jueves al proyecto de ley supervisión y solvencia financiera en la Comisión de Economía con la que, “sin explicar las razones” –en palabras del socialista Antonio Hurtado--, laminan el marco competencial de las Comunidades Autónomas y hacen depender del Gobierno central el Protectorado encargado del recto funcionamiento de las fundaciones bancarias. “Estamos ante una regulación que va a generar un conflicto de competencias con algunas comunidades autónomas, especialmente con Andalucía”, advirtió el portavoz socialista adjunto de Economía.

El representante de CiU, Josep Sánchez Llibre, entiende que la enmienda 144 del PP al proyecto, que ahora pasa a debate en el Senado, es una “invasión competencial en toda regla”. Acusa a los populares de “volver a meter el dedo en la llaga” contra Cataluña. De hecho, la enmienda del PP incorpora todas las objeciones que el grupo catalán formuló en la tramitación de la Ley de Cajas para convertirlas en fundaciones financieras. Allí donde CiU decía que cuando las cajas de ahorros ejerzan su actividad fuera del territorio autonómico, su Protectorado estará donde tengan el domicilio social, el PP dice que no, que estará en Madrid y dependerá del Ministerio de Economía.

Para hacerse idea de la importancia del Protectorado vale decir que es el órgano encargado de velar por el recto funcionamiento de la fundación. Y según la ley 50/2002 de Fundaciones, se encarga de informar con carácter preceptivo y vinculante sobre la idoneidad de los fines, de verificar el destino de los recursos económicos, de asesorar y llegado el caso, de ejercer provisionalmente como órgano de gobierno de la fundación, es decir, de la entidad financiera propiamente dicha. El Protectorado puede vetar operaciones y, entre otras cosas, debe denunciar a la Fiscalía los indicios de ilicitud penal.

La invasión competencial también ha sido denunciada por el portavoz del PNV, Pedro Aspiazu y por Sabino Cuadra, del Grupo Mixto, diciendo que la enmienda del PP “vulnera directamente el Estatuto de Gernika”. Sin embargo, como si la gestión del partido gubernamental en Caja Madrid con Miguel Blesa de presidente, y en el grupo Bankia, con Rodrigo Rato al frente no hubiese desembocado en un fiasco que acabó con la petición de ayuda a la UE para salvar de la quiebra a una tercera parte del sistema bancario, el portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte, argumentó que el control central “garantiza la despolitización y la independencia” de las entidades.

Conflicto de competencias aparte, el PP rechaza el acuerdo sobre una regulación eficaz y estable contra los coladeros regulatorios que, entre otras cosas, permitieron estafar a los ahorradores con las preferentes y que según el socialista Hurtado, han sido “protagonistas y causantes” de la “gran crisis”. Si se quisiese garantizar la devolución al FROB de las ayudas públicas en los procesos de fusión, absorción o venta de las entidades, el PP habría aceptado las enmiendas que rechazó. Si se quisiese garantizar el fin de las millonarias nóminas de los directivos, se habrían aceptado las enmiendas para que las remuneraciones variables no superen el 50% de las fijas. Pero el PP las rechazó.

Si además se quisiese gobernar las entidades con transparencia, el PP habría aceptado, entre otras, las enmiendas que imponían la obligación de publicar las retribuciones de los directores generales y asimilados, no sólo las de los consejeros. Y de medir y publicar la ratio de diferencia salarial entre directivos y trabajadores. Si se quisiese garantizar la idoneidad de los altos cargos, se habrían incluido las enmiendas que pedían que la condena por la comisión de delitos y la sanción por la comisión de infracciones administrativas se trataran por el mismo rasero, como ya ocurre en las empresas de servicios de inversión. Pero nada de esto se incluye, y tampoco la obligación de informar con transparencia en las webs de las entidades. Ningún grupo apoyó la nueva norma del PP.