El PSOE fuerza una votación ante el intento de Gallardón de criminalizar a los enfermos mentales

El tratamiento penal que el nuevo Código del ministro Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez otorga a los enfermos mentales y que permite encerrarles durante cinco años por un delito menor y prorrogar su condena sine die, ha alarmado de tal modo a las familias y colectivos que la oposición exige una rectificación inmediata, antes incluso de entrar a debatir el nuevo texto penal. Más de un millón de personas con trastorno mental grave están amenazados por el nuevo Código Penal que, de salir adelante, no sólo castigaría sus actos punibles sino también su enfermedad al identificarla con “peligrosidad” y disponer la prisión prorrogable sucesiva e indefinidamente.

Como informó cuartopoder el 31 de mayo pasado, varios juristas como la fiscal jefa de Sevilla María José Segarra Crespo; el catedrático Francisco Javier Álvarez García y el magistrado José Ramírez Ortiz, deploraron que las personas con enfermedad mental puedan quedar sometidas a unas “medidas de seguridad” (prisión) basadas en un concepto de “peligrosidad” que permite imponerles una pena superior en duración y modalidad a las demás. “Esto contraviene los más elementales principios del derecho penal”, afirmó la fiscal Segarra.

Tan es así que la alarma social generada ha llevado a los socialistas a forzar una votación en la Comisión de Justicia para que se suprima inmediatamente ese dislate. Sin esperar a la discusión de la reforma penal de Gallardón, el principal partido de la oposición defenderá el martes próximo una proposición no de ley que recoge la petición de FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) contra la nueva discriminación e incriminación penal respecto a los demás ciudadanos o personas consideradas cabales.

La proposición llega firmada por el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, junto con Rosa Aguilar y otras cuatro diputadas que habitualmente se ocupan de los desfavorecidos, y exige “un tratamiento justo, adecuado y sin discriminación a las personas con trastorno mental en la legislación penal”. La introducción pone de relieve la desinformación y estigmatización de las personas con trastorno mental y, por resumir, afirma que bastantes dificultades de comprensión y apoyo tienen ya como para que Gallardón y sus codificadores vengan a incriminarles vinculando “trastorno mental y peligrosidad” para poderlas encerrar de por vida.

Frente a la estigmatización criminal, la proposición reclama, en la parte dispositiva, una declaración expresa de apoyo parlamentario a estas personas: “El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al colectivo de personas con trastorno mental, materializado en su compromiso de velar por que en la reforma del Código Penal reciban un tratamiento justo, adecuado y sin discriminación de ningún tipo”. Y para garantizarlo piden cuatro cuestiones concretas:

Primera: “Prescindir de la utilización del término “peligrosidad” asociado al trastorno mental, evitando la automática equiparación de ambos conceptos”. Segunda: “Que el internamiento, como medida de seguridad, nunca pueda ser permanente prorrogable”. Tercera: “Que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad condicional en plenas condiciones de igualdad”. Cuarta: “Que puedan acceder a la libertad vigilada en plenas condiciones de igualdad”.

En nuestro país se contabiliza más de un millón de personas con trastorno mental grave, según la Estrategia de Salud Mental adoptada por el Sistema Nacional de Salud en 2006. Muchas de ellas no cuentan con diagnóstico y, según las asociaciones de familiares, en los casos en que existe algún riesgo de que cometan algún delito menor se debe a que no están tratadas adecuadamente, debido a la carencia de medio en la atención sanitaria y social.

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