La Monarquía española antes y después del 'caso Nóos'

¿Cómo afecta el caso Noos al desprestigio de la Monarquía? ¿Qué impacto tiene la corrupción y la crisis económica en la institución hereditaria que detenta la Jefatura del Estado? Alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como Mario Vargas Llosa escribió que los españoles no se sentían monárquicos a la salida de la dictadura y el rey Juan Carlos se ganó a pulso su confianza. Hoy, sin embargo, la institución monárquica inspira menos confianza que la policía, el ejército, los medios de comunicación y el defensor del pueblo. Y según el último sondeo que publicó El País el 8 de junio pasado, el 36% de los españoles ya apuesta claramente por un sistema republicano aunque la continuidad monárquica tiene un respaldo diez puntos superior.

Ayer se registraron dos ejemplos de que la Monarquía ya forma parte del debate político. Horas antes de la visita anunciada de Felipe VI a Girona para la entrega de los premios de la Fundación Príncipe de Girona, el Parlamento de Cataluña aprobó una propuesta de ICV proponiendo un referendo sobre la forma de Estado. CiU y Ciudadanos se abstuvieron y la iniciativa prosperó con los votos de ERC, PSC-PSOE y de los proponentes. Sólo el PP votó en contra de la consulta. Paralelamente, el Grupo Popular y dos diputados del Mixto aprobaron en solitario, en un pleno expresamente convocado, el aforamiento especial del monarca abdicado, su consorte Sofía de Grecia, la nueva reina consorte, doña Letizia, la princesa Leonor y su futuro consorte.

Los socialistas se abstuvieron en la votación por entender que si el aforamiento fue instituido para preservar a las instituciones constitucionales y proteger  la democracia de injerencias dañinas, la precipitación y la chapuza legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy, de viaje en Guinea Ecuatorial, ha conseguido todo lo contrario, “fragilizar y dañar a la institución”, según dijo su portavoz,  Maritxell Batet. Algunos socialistas actuaron en coherencia con las palabras de Felipe González, que dijo no entender a su partido, y no acudieron a votar. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que asistió al debate aunque no intervino ni le correspondía intervenir, hizo suyas las palabras de González para justificar el aforamiento "por dignidad nacional". En todo caso, el PSOE se mostró inconmovible y sumó su abstención a la de CiU y Coalición Canaria (109 votos). Izquierda Plural, PNV y la mayoría del Mixto votaron en contra (32 votos) y el PP y los diputados de UPN y Foro Asturias sacaron el aforamiento adelante por 184 votos.

El portavoz de Izquierda Plural en el debate, Gaspar Llamazares, destacó que el apoyo al aforamiento con el que se cierra el círculo de la abdicación y la proclamación del nuevo monarca "no llega al 45% del electorado" y que si la ley orgánica abdicatoria sumó los votos del PP y del PSOE, esta coda ha servido para fragilizar más todavía el consenso constitucional de 1978. Tanto el PNV como CiU y la Izquierda Plural se consideran excluidos de aquel consenso. "Si de verdad quisieran un tiempo nuevo -dijo Llamazares-, el monarca emérito debería presentar sus cuentas. No necesitamos aforamientos, sino colaboración con la Justicia, así que pidan al fiscal que saque sus manos del caso Noos”.

La sombra de la duda sobre de qué y de quién hay que proteger al abdicado, máxime cuando no tiene que responder de ningún acto de sus 39 año de mandato, estuvo en boca de varios portavoces. Joan Tardá (ERC) e Irene Lozano (UPyD) pidieron que se supriman todos los fueros para que los ciudadanos seamos iguales ante la Ley y respondamos ante los jueces naturales. Emilio Olabarría (PNV) reprochó al ministro Gallardón y al PP "el atropello de las normas parlamentarias y las sentencias del Constitucional por falta de conexión entre las enmiendas del fuero y el contenido de la ley orgánica para la adaptación de la función judicial a la reforma administrativa". Pero Leopoldo Barreda, del PP, defendió la rapidez del fuero y la utilización de una ley ajena a la materia por razones de urgencia sobrevenida.

Al margen del desapego político, es posible medir el deterioro monárquico. En 2000, al cumplirse el 25 aniversario de la muerte del dictador, el CIS hizo una encuesta en la que el rey Juan Carlos obtuvo una valoración de 8,07, casi el doble que la Iglesia Católica (4,54), más que el movimiento obrero (7,28), que la prensa y los medios de comunicación (724), que el estudiantil (6,95), que los intelectuales (6,95) y que los militares (5,21). Su contribución a la democracia era apreciada por más del 80% de los españoles. El 68,7 confesaban que las cosas habían salido mejor de lo que pensaban y el 58,7% consideraba “sagrada” la Monarquía.

Diez años después, en diciembre de 2010, en plena crisis financiera y económica, con el paro como una de las tres principales preocupaciones del 78,5% de los ciudadanos, y la corrupción y el fraude todavía baja en la tabla (2,7%), la Monarquía mantenía un depósito de confianza con una nota de 5,36. Pero un año después cosechó el primer suspenso (4,89) y la confianza apareció definitivamente quebrada en el barómetro del CIS de abril de 2013, donde el 31,6% de los ciudadanos manifestó que el nivel de fiabilidad de la institución oscila entre 0 y 1. Los medios de comunicación, la policía, el ejército, la guardia civil y el Defensor del Pueblo superaban la nota de la Monarquía, que fue de 3,68, la más baja desde la reposición borbónica.

¿Qué había ocurrido? La imputación, a finales de 2011, del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, en el caso Noos de cobro y ocultación en Suiza de importantes cantidades de dinero público que le pagaban los presidentes del PP de Baleares, Jaume Matas, y de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ambos del PP, supuso el mayor desprestigio de la institución desde su restauración en 1975. El marido de la infanta Cristina, finalmente imputada el miércoles por el juez instructor de la trama corrupta, fue apartado entonces de la Familia Real. Y aunque el rey dijo en su mensaje de Navidad de 2011 que "la justicia debe ser igual para todos", en un país con el paro como principal preocupación de más del 80% de la población y la corrupción y el fraude como uno de los tres grandes problemas para el 39,3% de los ciudadanos, la frase fue flautus vocis para recuperar la confianza.

Si a ello se suma el hecho de que mientras miles de ciudadanos se manifestaban en las calles contra los recortes de los servicios básicos para socorrer a los poderes financieros que provocaron la crisis, el jefe del Estado disfrutaba de un safari en Botswana (mayo de 2012) del que los españoles se enteraron porque se rompió la cadera y tuvo que ser urgentemente evacuado, más el conocimiento de algunos detalles y tratos de favor a su amiga personal, la princesa alemana Corinna, se comprenderá la caída en picado de la confianza en la Monarquía. Un descenso que el último barómetro del CIS, de abril de 2014, un mes antes de la abdicación, mantiene con una nota de 3,72, tres décimas más a la Iglesia Católica, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y un punto por debajo de los medios de comunicación y dos de la policía y la guardia civil. Cierto es que del deterioro institucional es general y afecta a la credibilidad de los partidos, la patronal, los sindicatos, el Gobierno y el Parlamento. Pero eso no quita importancia al reto de recuperar la confianza en la institución hereditaria.