Defex, la empresa pública de venta de armas corroída por la corrupción

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Entrada de la sede de Defex en Madrid. / sepi.es

La empresa pública creada en los años ochenta por el Ministerio de Defensa para vender armas en otros países, Defex, con una plantilla de apenas 20 trabajadores y media docena de directivos, ha sufrido un golpe mortal con la detención y encarcelamiento de su expresidente, José Ignacio Encinas Charro; el director comercial Manuel Iglesias-Sarria y el exdirectivo Angel María Larumbe. Los tres están acusados de desviar y apropiarse de 41,4 millones de euros de un contrato de 152 millones de material policial a Angola. En la trama de corrupción organizada participaba la sobrina de Francisco Paesa, el que fuera famoso espía a sueldo del Ministerio del Interior que ayudó a huir y luego delató al exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. La mencionada sobrina, Beatriz García Paesa, facilitó desde un despacho en Luxemburgo el blanqueo del dinero a favor de los directivos de Defex y de funcionarios angoleños. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la interrogó la tarde del lunes y la envió a la cárcel.

El suministro de material para equipar a la policía de la República de Angola fue acordado por los gobiernos de ambos países en la última legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y se encomendado a una Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por  Defex, participada mayoritariamente por Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de la que es presidente el exdiputado del PP Ramón Aguirre, y Comercial Cueto 92, cuyo consejero delegado, Juan Carlos Cueto Martín, también ha sido encarcelado. Los directivos de Defex y el mencionado Cueto maniobraron para desviar casi un tercio del importe del material militar pagado por el Gobierno de Angola. Al tratarse de un acuerdo intergubernamental, el contrato no pasó el control de la Junta Interministerial de exportación de material de defensa (Jimdef), que controla la exportación de armas y material de doble uso y rinde cuentas semestralmente al Congreso de los Diputados.

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La desviación del dinero a los bolsillos privados, por la que el juez Ruz ha procesado también a la esposa de Cueto, Icíar de Iraola –en libertad bajo fianza de 200.000 euros– y a Enrique Francisco Gómez Cuesta, consejero de Defex hasta 2013 –en libertad bajo fianza de 20.000 euros–, contó con la intervención de la abogada García Paesa, quien heredó de su tío contactos policiales y militares españoles. Desde su despacho en Luxemburgo creó sociedades ficticias para bombear los fondos a distintos paraísos fiscales –Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar y Madeira– antes de ingresarlos como si fueran operaciones comerciales legales en las cuentas de los beneficiarios en Luxemburgo.

Sin embargo, las operaciones de blanqueo fueron denunciadas por funcionarios angoleños e investigadas por agentes del CNI que, a través de la Guardia Civil, elevaron la información al juez Ruz. Hay que tener en cuenta que Defex ha servido de tapadera a operaciones de los agentes secretos y que cuenta con varios expertos externos en prevención de blanqueo de capitales, capitaneados por Carlos D. La presencia de la sobrina de Paesa en la urdimbre indica el potente anclaje que dejó en las cloacas del Estado el famoso agente de la guerra sucia contra ETA que ayudó a huir a Roldán y puso a buen recaudo su fortuna, estimada en unos 10 millones de euros, y todavía no recuperada.

La empresa pública intermediaria en el mercado mundial de armamentos, Defex, ha pasado de facturar 10 millones de euros en 2008 a más de 90 el último año. Su director comercial desde hace casi veinte años, Fernando Aguilar Viyuela, fue nombrado presidente por la administración del PP hace dos años. Antes había sido vendedor de armas en Oriente Medio de la empresa nacional Santa Bárbara y hasta noviembre de 2012 fue administrador único de Singapur Fotovoltaica, Ibiza Fotovoltaica y Zizou Fotovoltaica SL. En el consejo de administración de esa sociedad vinculada a Defensa figura el almirante en la reserva Francisco Torrente, exjefe de la Armada y exsecretario general de Defensa, en representación de Explosivos Alaveses (Expal), así como la penúltima embajadora ante el Vaticano y diplomática de carrera María Jesús Figa López-Palop.