La caridad del PP es infinita

Manuel Marchena, nombrado esta semana presidente de la Sala Segunda del Supremo, que revisará  los recursos de la Gürtel. / CGPJ
Manuel Marchena, nombrado esta semana presidente de la Sala Segunda del Supremo, que revisará los recursos de la trama Gürtel. / CGPJ

No estaban muy claras las intenciones del Partido Popular cuando a la vuelta del verano ha llenado los periódicos y televisiones afines de declaraciones de sus dirigentes con propuestas de regeneración ética para que la ciudadanía vuelva a confiar en los políticos. Cualquiera podía pensar que, arrepentidos de los tremendos recortes del estado de bienestar que podrían causar un grave agujero a sus expectativas electorales, los populares y Mariano Rajoy habían decidido prescindir, por lo menos temporalmente, de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta y de la ley del embudo. Sin embargo, parece que las intenciones se van a quedar en marketing, porque como decía un anuncio de los años setenta “La caridad bien entendida empieza por uno mismo”.

Ya supongo que a estas alturas les parezco un tanto críptico, pero les pido un poco más de paciencia. Verán, hace tan solo un par de semanas, en este mismo blog, les contábamos que el caso Gürtel, la más grande red de corrupción que afecta al Partido Popular iba a ser juzgada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que está presidida por Concepción Espejel, conocida entre sus compañeros como Cospejel, por su afinidad con la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Lea “¿Un puticlub para la mujer del César?”.

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Además, casi con seguridad el tribunal estará integrado por Enrique López, aupado por el PP al Consejo General del Poder Judicial, donde fue portavoz, y luego al Tribunal Constitucional. Como saben, López tuvo que renunciar a su puesto después de que fuera pillado saltándose un semáforo en el centro de Madrid y conduciendo ebrio. Lea “Las triquiñuelas de López” y “De las triquiñuelas de López a la chapuza de su cese”.

No es que haya que dudar de la sindéresis de ambos magistrados (dos de los tres integrantes del tribunal, por lo que conformarían la mayoría) pero tanto uno como otro deberían abstenerse, o apartarse de juzgar el caso, aunque solo fuera por apariencia de parcialidad, que es evidente para los ciudadanos a los que sirven. Aquello de que la mujer del César además de honrada, tiene que parecerlo.

Sin embargo, parece que el PP ha decidido que los amigos están para las ocasiones, y que esta es una ocasión muy buena para que un caso que afecta al PP lo juzguen los amigos.

Pero todavía hay más. El Consejo General del Poder Judicial, reducido por el ya ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón a poco más que una dirección general de su ministerio, ha tirado de rodillo bajo la batuta de Carlos Lesmes y ha completado la jugada. Acaba de nombrar para presidir la Sala Penal del Supremo a Manuel Marchena, el que menos méritos tenía de los tres candidatos que aspiraban al puesto, pero que se adornaba con el timbre de gloria de ser un halcón del Tea party español.

De modo que tenemos a otro amiguito para presidir la Sala que debe resolver los recursos sobre aquellas condenas por corrupción que recaigan sobre dirigentes, cargos o tan solo amigos del PP y también de los de la oposición.

Marchena (1959, Las Palmas de Gran Canaria), procede de la carrera fiscal. Gran parte de su carrera la hizo en la secretaría técnica de la Fiscalía del Estado, de la que acabó siendo nombrado jefe por Jesús Cardenal, aquel inefable fiscal del Estado de la época de José María Aznar.

Tras tres años en la fiscalía del Supremo, el Consejo del Poder Judicial le nombró magistrado de la Sala Penal del alto tribunal, que ahora pasa a presidir.

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Concepción Espejel, en febrero pasado al serle impuesta por Cospedal la cruz de San Raimundo de Peñafort / castillalamancha.es

Marchena fue el ponente de la resolución que condenó al presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, quien, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, no cumplió la resolución del Supremo que le obligaba a disolver un grupo parlamentario.  Marchena aplicó para condenar el mismo precepto, pero con una interpretación contrariaa, que la utilizada para absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito. Como decía en junio de 2012, «seguramente no tiene nada que ver, pero entre uno y otro caso existía la sutil diferencia de que el patrón del Santander patrocina muchos de los cursos en los que participan los magistrados del Supremo, mientras que el expresidente del Parlamento Vasco había desafiado a tan excelsos próceres ya que se había negado a cumplir la orden de disolver el grupo parlamentario afín a Batasuna».  

Marchena formó parte también del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel, cuando era instructor del caso de los patrocinios de los cursos de Nueva York, lo que debería haberle hecho abstenerse para preservar su imparcialidad. Garzón fue condenado a pesar de que la resolución tachada de prevaricadora fue instada por dos fiscales y prorrogada y ampliada por otro magistrado, Antonio Pedreira, que nunca fue molestado, ni siquiera llamado como testigo. Si la prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) debe de ser grosera y no sujeta a interpretación, hubo al menos dos jueces —Pedreira y Suárez Robledano— que consideraron que la tesis de Garzón era correcta, lo que invalidaba la existencia de prevaricación. Sin embargo, el Supremo tuvo el dudoso honor de condenar y expulsar de la carrera al juez que destapó el caso al menos dos años antes de que los implicados en la trama de corrupción hayan sido siquiera juzgados.

En todo caso, Marchena, arrastró por el fango el prestigio de Garzón, cuando mantuvo abierto el caso de los patrocinios durante dos años, sabiendo —como sabía, puesto que es profesor de derecho procesal y penal— que los hechos estaban prescritos. Leer «En la absolución, yo te condeno»  Leer «El Supremo archiva la última causa contra Garzón

Marchena decidió archivar el caso de Nueva York dejando un rosario de sospechas sobre la conducta de Garzón, durante la deliberación del proceso sobre las escuchas, en el que le condenó. Veremos qué opina sobre su imparcialidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que Garzón ha recurrido.

El nuevo presidente de la Sala Penal del Supremo avaló también la absolución del ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por el molesto asuntillo de los trajes.

En Estados Unidos, cuando los presidentes se ven envueltos en asuntos turbios, como el Watergate, el caso Iran-Contra o el caso Lewinsky, suelen designar a un fiscal independiente y duro para tratar de convencer a la ciudadanía de que son inocentes —aunque no lo sean— y que para demostrarlo se someten al peor acoso que pueden tener.

En España, ya ven, escogemos a los más amigos que puedan ser comprensivos con las debilidades del cargo. Así que no se puede decir que se aprecien verdaderos brotes verdes o síntomas de regeneración ética y democrática, como nos quieren vender, ya que seguimos sin elegir a los mejores candidatos para los cargos, sino a los más amigos. El Partido Popular lo tiene claro, como decía el anuncio, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y la caridad del PP con sus dirigentes es infinita.