Los imputados en la ‘Operación Púnica’, uno a uno

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Granados, el pasado 29 de octubre, cuando era conducido al calabozo de Las Rozas tras prestar declaración en el juzgado de Majadahona donde sus abogados habían presentado una solicitud de ‘habeas corpus’. / Foto: Alberto Martín (Efe)

De los 51 detenidos inicialmente en la ‘Operación Púnica’, ahora, una semana después, sólo siete permanecen en prisión incondicional -entre ellos los cabecillas David Marjaliza y el exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados-, 17 pueden eludir la prisión con fianzas de entre 6.000 y 100.000 euros, 6 tienen obligación de comparecencia ante los juzgados cada 15 días o cada mes -según los casos-, y el resto -15 en total- permanecen en libertad, aunque imputados en su mayoría. La operación sigue adelante, mientras la sociedad aparece conmocionada por este escándalo de corrupción política del que tampoco se han librado los dos grandes partidos, PP y PSOE.

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Hace apenas una semana, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, más que socavar, reventaba los cimientos de los dos principales partidos políticos en España: a los escándalos del ‘caso Gürtel’, de los EREs de Andalucía, de Pujol y de Mas en Cataluña, etc., sumaba una operación en Madrid, Murcia, León y Valencia con 51 detenidos de forma preventiva y la búsqueda de 250 millones de euros en contrataciones supuestamente irregulares, o simplemente corruptas, en diversas provincias españolas.

Ése era el balance inicial de la ‘Operación Púnica’ -nombre en latín del apellido de uno de los principales implicados, Francisco Granados, quien fuera hombre de máxima confianza de Esperanza Aguirre-, con la que la Justicia daba otro golpe mortal al poder político. En la operación caían por supuestos corruptos seis alcaldes de localidades madrileñas, entre ellas Valdemoro y Collado-Villalba, gobernadas por el PP, y Parla, con alcalde del PSOE, José María Fraile; el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón (PP), y el exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso, así como empresarios de la construcción y de grandes empresas de servicios como Cofely España, filial del gigante energético francés GDF Suez.

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Ahora, una semana después, de los 51 detenidos inicialmente sólo quedan en prisión 7, pero el resto están imputados y a 17 se les ha impuesto fianzas para evitar su evasión. Lo peor son las cifras de la corrupción, porque el juez de la Audiencia Nacional busca nada menos que 250 millones de euros en contratos supuestamente irregulares. Una cifra de auténtico impacto.

A partir de los sucesivos autos del juez Velasco, cuartopoder.es ha elaborado un cuadro omnicomprensivo de la situación actual de este nuevo caso. Así están en este momento las actuaciones judiciales.

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Gráfico: M. A. M. Fuente: Autos del juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

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