'Papel cero' en los juzgados, otra prueba de fuego para agilizar la Justicia
Íñigo Corral *
Algunas de las reformas legales aprobadas por el Partido Popular durante el último tramo de la legislatura pasada todavía no se han puesto en marcha con carácter oficial y, por lo tanto, resulta imposible hacer una valoración al respecto. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha tratado en sus quince meses al frente del Ministerio de impulsar la modernización en la Administración de Justicia implantando el uso de las nuevas tecnologías que la haga convertirse en una herramienta más eficaz a los ojos de los ciudadanos. El próximo jueves entrará en vigor la parte de la recién modificada Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley Enjuiciamiento de Civil (LEC), que permitirá, según explicó de forma muy gráfica el ministro, dar el primer paso hacia un futuro “en que dejemos de ver carritos de supermercado por los juzgados”.
Y eso se convertirá en realidad con el uso de LexNet: un sistema de comunicación electrónico que será de uso obligatorio para todo el personal al servicio de la Administración de Justicia y de los órganos judiciales a partir del 1 de enero de 2016. Es lo que algunos han bautizado como la implantación del “papel cero” en los juzgados, cumpliéndose así el objetivo que se marcaba la Ley 18/2011 donde se daba un plazo de 5 años para que todas las Administraciones del Estado diesen a los juzgados las herramientas para poder llevar a cabo los trámites electrónicos. Se trata de una reforma tan necesaria como precipitada y que, además, coincide con un cambio de legislatura.
La plataforma LexNet, cuyo nombre indica “ley en la red”, sirve para el intercambio seguro de la información y se va a usar de manera diaria por los trabajadores de los órganos judiciales y los operadores jurídicos. En realidad LexNet ya funciona desde el año 2004, sin embargo es ahora cuando cobra un papel más importante al convertirse en el medio por excelencia para la comunicación, pues es tan seguro como el teléfono, el correo electrónico o el fax. De momento cuenta con más de 52.000 usuarios y es usado en 3.500 órganos judiciales, entre los cuales se encuentran las fiscalías, los secretarios judiciales, la abogacía del estado o el Colegio de Procuradores, los Colegios de Abogados y ya ha permitido intercambiar alrededor de 160 millones de comunicaciones y ahora pretende aumentar muchos de sus servicios también de cara a los usuarios. Actualmente, la plataforma permite un intercambio seguro de la información, el acceso web, el ahorro de papel, el uso de las firmas electrónicas reconocidas y lo más importante: inmediatez. Algo que realmente puede suponer un cambio en la Justicia española.
Los más optimistas con esta nueva herramienta son los procuradores. Al menos eso se deprende de la escueta pero alentadora nota que hicieron pública la semana pasada para alabar la reforma. Y es que pese a las duras críticas vertidas por algunas comunidades autónomas o desde varias asociaciones de jueces, el Consejo General de los Procuradores entiende que “ha llegado el momento de la definitiva puesta al día, en términos tecnológicos, de la Administración de Justicia, equiparándose con ello a las demás administraciones públicas, como las Comunidades Autónomas”. Del mismo modo, los procuradores, a quienes la ley ha reforzado su posición procesal especialmente en la realización de los actos de comunicación (notificaciones, citaciones o emplazamientos), muestran sin ambages su convencimiento de que con la reforma legislativa se va a conseguir “una justicia más ágil y sin dilaciones, en favor de la ciudadanía”. Esta es la valoración a nivel institucional del colectivo pero a nivel individual hay críticas sobre la falta medios, de inversiones o de infraestructuras. Nada nuevo cuando hay cambios en la Administración de Justicia.
Los otros actores a quienes la nueva ley obliga a reciclarse es al colectivo de abogados quienes también se tendrán que comunicar con los juzgados a través de LexNet. Este asunto ha destapado cierta inquietud puesto que no todos disponen aún de este sistema. Lo que han hecho en los últimos meses la gran mayoría de los colegios de abogados es organizar seminarios, charlas formativas y se han repartido tarjetas identificativas con firma ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) que acredita la condición profesional de abogado en el entorno on line, así como sus correspondientes lectores. Por si ello fuera poco, la formación se ha completado de forma un tanto deslavazada con tutoriales en foros y redes sociales para tratar de solucionar las dudas técnicas que aún quedan por despejar. Hasta la fecha, según los datos facilitados por el Consejo General de la Abogacía Española, se han emitido cerca de 60.000 certificados con el ACA. La repercusión de esta medida ha sido tal que, por ejemplo, en Madrid se han fijado en el último cuatrimestre hasta 600 citas diarias para que los letrados activen la firma electrónica ACA en su carné de colegiado.
Por lo tanto, si todo discurre con normalidad, a partir de este jueves está previsto que se puedan presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las 24 horas. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. Los expedientes judiciales se podrán subir o bajar con la misma facilidad con la que se manejan en otras plataformas. La Ley de Enjuiciamiento Civil incluso ha previsto cualquier posible incidencia que se pueda producir en este proceso. Así, se contempla la prórroga de los plazos en los casos de interrupción no planificada del servicio y las alternativas para cuando el volumen de la documentación supere la capacidad de la plataforma o se trate de instrumentos o efectos que materialmente no permitan su presentación telemática. El Ministerio de Justicia cree estar en condiciones de tener listas las plataformas informáticas para cumplir con ese compromiso, pero al mismo tiempo eso exigirá una voluntad política por parte de las comunidades autónomas para colaborar económicamente en este proyecto disponiendo lo necesario para proceder a la digitalización de los expedientes y de los documentos que se presenten.
El problema está precisamente en las doce comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. En muchas de ellas se viene trabajando desde hace varios años con distintos sistemas de gestión procesal como Libra, Adriano, Minerva o Cicerone y la mayoría son incompatibles entre sí. Andalucía, Aragón, Valencia o Canarias hace ya tiempo que pusieron el grito en el cielo por la precipitación con que se estaban haciendo las cosas y manifestaron la imposibilidad de hacer realidad los sueños de Catalá. En concreto, en la Comunidad Valenciana la previsión más optimista para que Lexnet comience a funcionar con eficacia se sitúa en torno al mes de junio o para después del verano
Estas quejas fueron planteadas por la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, por un miembro de su Comité Nacional durante una reunión que mantuvo el pasado 16 de septiembre con responsables del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). En el cuadro elaborado por la citada asociación de jueces, ya se anunciaba en el apartado de 'herramientas' que en Andalucía no se iban a cumplir las previsiones de la LEC, lo mismo que en Cantabria o en Canarias. Respecto al País Vasco, también eran pesimistas. “Sólo existe una herramienta en estos momentos en pruebas para el envío de comunicaciones desde los Juzgados hacia el salón de procuradores. Desde el 3 de diciembre se hacen comunicaciones en sistema dual (electrónicamente y en papel) y desde la plataforma del salón de procuradores donde se reciben las notificaciones está dando muchos problemas de acceso a los profesionales”.
En su reciente congreso celebrado hace un mes en Bilbao, la asociación Francisco de Vitoria ya exigió que se supeditara la implantación de la digitalización plena a que se dotara a los Tribunales de los medios adecuados "debiendo contar en su total aplicación con la intervención de los Jueces y Magistrados y de las asociaciones judiciales". Incluso reclamaron la creación de un protocolo de actuación y homogeneización para la unificación de criterios y sistemas informáticos “en el que se determine las actuaciones que necesariamente han de seguir estando en papel y el procedimiento de dación de cuentas”.
Al grupo de escépticos, hay que sumar a los jueces decanos de España o, lo que es lo mismo, a los únicos representantes del ámbito judicial elegidos por los propios jueces sin injerencias políticas. Su reunión de hace dos meses concluyó sin crear grandes expectativas: “El modo en que se plantea ahora la gestión digital es insuficiente, inadecuado y meramente propagandístico. (…) Sin formación específica, sin medios materiales imprescindibles, con leyes sin memoria y sin incremento económico alguno, es imposible asumir la máxima de 'papel cero".
Jueces para la Democracia, una asociación judicial de carácter progresista, aludía en un comunicado hecho hace tres semanas que lo único claro de toda la propaganda realizada desde del Gobierno es que a partir del 1 de enero la parte práctica de la reforma se limita a la presentación de documentos al juzgado de forma telemática. “Como no se han creado los instrumentos técnicos para la creación de un expediente electrónico judicial, los citados documentos van a tener que imprimirse en los órganos judiciales tras su entrada en los mismos, con lo cual el papel va a seguir en los juzgados”.
Desde el Ministerio de Justicia se ha ofrecido un paquete formativo gratuito para que las comunidades autónomas y se ha hecho un plan de formación para los fiscales. Hasta los funcionarios del Ministerio han realizado cursos on line y se ha creado jornadas de trabajo conjuntas con secretarios de gobierno, letrados de la Administración Pública de Justicia y coordinadores del proyecto. Los esfuerzos para que no se produzca un apagón el próximo día 1 de enero ha llevado al departamento que dirige Catalá a doblar su presupuesto en lo que a inversiones para las nuevas tecnológicas se refiere. ¿Será suficiente?
