Rajoy admite la reforma de la Constitución sin tocar la monarquía y la unidad nacional
Actualización a las 15:25 tras la recepción en el Congreso
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cree que la reforma de la Constitución es posible siempre y cuando no se toque el título prelimitar (la monarquía y la unidad de España) ni el primero de la Carta Magna. En declaraciones a los periodistas durante la recepción en el Congreso para celebrar el 38º aniversario de la ley de leyes, Rajoy destacó que "el pacto constitucional es el más importante que se ha hecho en cuarenta años afirmando la unidad, la soberanía nacional, la igualdad entre españoles y garantizando nuestros derechos". Pidió "prudencia" para abordar la reforma y dijo que se debe partir de un consenso previo sobre lo que se quiere cambiar y lo que hay que preservar.
El presidente, que se mostró "satisfecho" del arranque de la legislatura, calificó de "magnífico" el pacto con los socialistas y C's sobre el techo de gasto y auguró nuevos acuerdos sobre pensiones, educación y violencia de género. En la misma línea se pronunciaron sus aliados de C's Albert Rivera y del PSOE, Javier Fernández, sobre la reforma de la Carta Magna. En cambio, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique acusó a los que se autoproclaman "constitucionalistas" de "violar constantemente los derechos recogidos en la Carta Magna". Su compañera, Carolina Bescansa, pidió la reforma para resolver los problemas "como el de la soberanía de la nación" y que "cada nación decida como se expresa su relación con el conjunto del país".
Las grandes declaraciones sobre la necesidad de reformar la Constitución, repetidas ad nauseam desde hace más de una década por casi todos los dirigentes políticos cada aniversario de la Carta Magna han chocado hasta ahora con su su falta de voluntad reformadora. La palabrería se repetió hoy en el Congreso durante la celebración del 38º aniversario de la Carta Magna, a la que asistieron el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, y el de C's, Albert Rivera, pero no los dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias, ni de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ni tampoco los representantes de las fuerzas nacionalistas catalanas, ERC y el PDC y vascas, el PNV y EH-Bildu.
El pacto de investidura entre el PP y C's contemplaba por primera vez la creación de un “grupo de trabajo” en el Congreso para abordar la reforma constitucional. Fue lo más que Rivera logró arrancar a Rajoy, al que la reforma provoca gran reticencia y disgusto, sobre todo si es, como quiere el PSOE, para avanzar hacia un modelo federal de Estado, superando la fase de las autonomías. Pero ni siquiera ese grupo de trabajo con expertos de las distintas fuerzas parlamentarias parece que se vaya a formar a corto plazo. El propio Rivera aprovechó ayer el rechazo de los italianos a la reforma constitucional que les proponía el ya exjefe del Gobierno, Matteo Renzi, para decir que sin un consenso similar al de 1978 no vamos a ninguna parte.
Las palabras del presidente de la formación naranja son similares a las que repite Rajoy y ayer reiteró el que probablemente será su nuevo secretario general, Fernando Martínez Maíllo: “Reformaremos la Constitución siempre y cuando haya consenso”. Los protagonistas de la conocida cantinela parecen ignorar que en 1978 no había consenso y que la Constitución fue el fruto de año y medio de negociación política y parlamentaria. Se entiende, por otra parte, que los titulares de los sillones (en términos renzianos) no deseen arriesgar su estatus y sólo acepten aquellas modificaciones que les puedan beneficiar.
De hecho, las dos reformas constitucionales con impacto social, la supresión de la mili obligatoria y “la prioridad absoluta” del pago de “los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones”, se aprobaron sin consultar a los españoles. La supresión del servicio militar, un derecho y un deber de los españoles, fue pactada por el PP con la antigua CiU, es decir por José María Aznar y Jordi Pujol, y se aplicó dejando en suspenso el “deber” de hacer la mili, lo que reportó bastantes votos al PP en las elecciones generales del año 2000. La reforma del artículo 135 de la Constitución también se pactó entre el PP y el PSOE, es decir, entre Mariano Rajoy, que fue el primero que la propuso, y el entonces jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sin consultar a los españoles, como pedían las demás fuerzas políticas. También en este caso reportó muchos votos al PP, que meses después ganó las elecciones del 20N de 2011 por mayoría absoluta.
El dolce far niente y la falta de voluntad política de la derecha --“Los referendos los carga el diablo”, dijo ayer Martínez Maillo-- contrasta con la reforma a fondo de la Carta Magna que reclama Unidos Podemos (UP) para que, entre otras cosas, los españoles puedan decidir sobre la forma de Estado, entre monarquía y república y sobre el modelo federal o confederal de organización de las nacionalidades y autonomías. Se trata, además, de blindar derechos humanos fundamentales (sanidad, techo, alimentación, renta mínima y otros), que hoy no lo son, en el capítulo segundo (artículos 14 a 38) de la Constitución.
Los socialistas, que también plantean la elevación de los derechos socioeconómicos relacionados con la dignidad de las personas a la categoría de los demás derechos humanos, lanzaron ayer un manifiesto en el que incluso aparcan la palabra “reforma” y la sustituyen por “actualización”. Con el conocido argumento de que “la mitad de la población no participó en la aprobación de la Constitución y ésta reclama ahora su espacio”, apela a la necesidad de resolver los problemas de “la planta territorial” mediante una modificación que deberá desembocar en la “mejora, revitalización y relegitimación de nuestra democracia y de nuestro modelo de Estado”.
Más allá del escepticismo, lo cierto es que la izquierda y los nacionalismos no están para festejar el cumpleaños. De ahí la presencia meramente protocolaria de Carolina Bescansa por parte de Podemos (su líder, Pablo Iglesias, acudió a los actos del año pasado, ya en precampaña electoral) y la ausencia de los portavoces del PNV, ERC y PDEC. El coordinador general de IU, Garzón, emitió una nota razonando su ausencia. Considera que el actual texto constitucional “sigue siendo incumplido de forma reiterada por los poderes económicos y políticos” y denuncia que en la práctica “es utilizado de manera partidaria en beneficio propio por esos mismos partidos que se autodenominan ‘constitucionalistas’ a bombo y platillo”. Para Garzón, “un año más, en este 38º aniversario hay poco que celebrar y mucho menos con quienes se parapetan en ella buscando imponer unas políticas que les vienen marcadas desde fuera. Buscan perpetuar que la mayoría social siga pagando las consecuencias de sus graves errores y de una larga crisis económica provocada por ellos, mientras que son otros los que seguimos sufriendo las consecuencias”.
A la celebración parlamentaria acudirán en cambio varios presidentes autonómicos, entre los que estará el gallego Alberto Núñez Feijóo, el extremeño Fernández Vara, el castellano-manchego Emiliano García-Page, la madrileña Cristina Cifuentes y el asturiano y presidente de la Gestora, Javier Fernández.
Ese miserable ser que gobierna este desgraciado pais desde hace ya cinco años no quiere tocar la casposa,corrupta,insolidaria y onerosa monarquia que ha demostrado en los ultimos años su absoluta inoperancia,ya se nos hurto la posib ilidad de poder expresar nuestra opinión en un referendum democratico y el siniestro partido popular erre que erre,me parece intolerable que a estas alturas del siglo xxl en este pais del demonio no podamos escoger democracia republicana o coronada,se nos trata como menores de edad,se insulta nuestra inteligencia….hasta cuando?