El Congreso aprueba la derogación de la reforma laboral de Rajoy
Actualización tras la votación del pleno del Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley impulsada por el PSOE que insta a derogar la reforma laboral del PP y a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. La votación se ha saldado con 168 votos a favor de PSOE, Podemos, PNV, ERC y el Grupo Mixto; 131 votos en contra del PP y 42 abstenciones de C's y el PDECat. Ha sido otra de las derrotas más sonadas del partido gubernamental, que se quedó solo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, encantada con la gran repercusión mediática de sus palabras sobre el "horario feliz" (ese que pone fin a la jornada laboral a las 18 horas de cada día en toda España), ni siquiera asistió al debate, aunque sí a la votación junto con los seis restantes colegas del Gobierno y el presidente Mariano Rajoy, que son diputados.
Por los socialistas intervino Rafael Simancas, que admitió las enmiendas de Unidos Podemos (UP), el PNV y una aportación de C's, insuficiente para inclinar su voto a favor."Queremos que esta legislatura sea la del nuevo Estatuto de los Trabajadores para el empleo estable y los salarios dignos", proclamó Simancas. Por UP, Yolanda Díaz, denunció la reducción a cero del Estado social consagrado en la Constitución. Los portavoces de C's, Antonio Roldán, y del PDECat, Carles Campuzano, consideraron insuficiente la iniciativa y anunciaron su abstención. Jordi Salvador, de ERC, recordó que "la causa de la crisis no ha sido el mercado laboral, sino la codicia del sistema financiero especulativo", aunque la han cargado sobre los trabajadores. Por el PP intervino Gerardo Camps, para quien "derogar la reforma es derogar la creación de empleo".
La proposición aprobada exige la derogación de la reforma laboral decretada hace un lustro por Mariano Rajoy sin diálogo ni concierto social. Y señala que "de esta derogación deben salvarse los preceptos que fruto del diálogo social y político no se consideren lesivos para los trabajadores, como aquellos que introdujeron medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar". Asimismo se abrirá un proceso de diálogo con los agentes sociales, los grupos políticos y las Comunidades Autónomas para aprobar el nuevo Estatuto de los Trabajadores con el fin de recuperar derechos y crear empleo estable y de calidad. Los socialistas han convocado para este miércoles en el Congreso a los consejeros de trabajo de las autonomías donde gobiernan. El nuevo Estatuto deberá tener en cuenta la jurisprudencia y acabar con la discriminación entre los trabajadores temporales e indefinidos y equiparar sus derechos. El texto aprobado avanza que los recursos que se destinen en 2017 a políticas activas de empleo no podrán ser inferiores a los asignados en 2011, en colaboración con las autonomías.
Los socialistas y sus aliados nacionalistas y de izquierda consiguieron doblar el pulso al PP, cuya ministra de Empleo, Fátima Báñez, se escudó el lunes en la validez de la reforma para crear empleo y rechazó de plano su reconsideración. Bañez argumentó que “países con gobiernos de izquierda como Francia, Italia e, incluso México, nos la han copiado”. Pero lo cierto es que ni Ciudadanos la acepta ni los catalanes que desde CiU la apoyaron en su día la estiman útil ni necesaria ya. Según Carles Campuzano “es cierto que sólo se podía recuperar competitividad ajustando los salarios, pero hoy el contexto es distinto y hay que mantener la competitividad con formación e I+D+I”. El diputado catalán añade que “la reforma no ha sido útil para responder a la dualidad del mercado laboral y además ha producido una degradación del empleo como consecuencia de los convenidos de empresa”.
En términos cuantitativos, el portavoz de UP, Alberto Rodríguez, afirma con datos oficiales en la mano que la reforma ha supuesto una pérdida de las rentas salariales de 2,8 puntos del PIB y una ganancia de los empresarios y accionistas de 0,9 puntos. Esto significa 28.000 millones menos en salarios y 9.000 millones más en beneficios. A la brutal transferencia de rentas, derivada de los despidos baratos y las rebajas salariales, se añade la precariedad. “El 94% de los contratos son temporales y, en su mayor parte, en fraude de ley”, denuncia Rodríguez.
Para el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, después de entregar todo el poder a la patronal e intentar desarmar a los sindicatos restando eficacia a los convenios y a la negociación colectiva, el resultado de la reforma se resume en cuatro datos: 300.000 parados más de larga duración que hace cuatro años, 350.000 empleos indefinidos menos, 6 millones de trabajadores con salarios de menos de 600 euros al mes y un millón de parados más sin subsidio de desempleo. El quinto dato, más lacerante si cabe, es un 46% de los jóvenes de menos de 30 años sin empleo. Y eso después de que más de 400.000 hayan abandonado el país por falta de oportunidades en el llamado Reino de España.
La desregularización e individualización de las relaciones laborales y de fijación de las condiciones de trabajo desde la potestad unilateral del empresario, no sólo ha provocado reducciones salariales al nivel de los años 90, precariedad fraudulenta y mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, sino que ha originado una nueva clase social, los “trabajadores pobres” que no pueden sobrevivir con sus salarios y necesitan ayuda alimentaria y de otro tipo de las organizaciones solidarias. El texto de la PNL del PSOE dice que 2,5 millones de trabajadores viven en pobreza y el 13% en hogares por debajo del umbral de pobreza. Los convenios colectivos, que en 2011 protegían a 10,6 millones de empleados, ya sólo cubrían en 2015 a 7,1 millones de trabajadores.
A los efectos laborales perniciosos de una reforma laboral que Rajoy llevó puesta a la Moncloa en diciembre de 2011 –se la confeccionaron de incógnito varios sastres supervisados por el militante oculto del PP, Francisco Pérez de los Cobos, elevado después a la presidencia del Tribunal Constitucional-- cabe añadir el daño al sistema de pensiones, de modo que el incremento de medio millón de cotizantes a la Seguridad Social desde finales de 2015 no ha supuesto un aumento proporcional de la recaudación y ha obligado al secretario de Estado, Tomás Burgos, a apelar al Fondo de Reserva (hucha) hasta agotarlo en 2017.
Cierto es que el PP, dotado de mayoría absoluta en la X Legislatura, no hizo más que apurar la senda que dejó señalada el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con su reforma laboral de “abaratamiento del despido para crear empleo”, lo que en román paladino no significaba otra cosa que la sustitución de empleados fijos por temporales, más baratos y sin derechos. Y que después de todo, Rajoy y sus colegas conservadores y liberales siguen pensando que el ser humano es la materia prima más barata y abundante que hay. Para que al menos traten igual a las personas que al capital fue importante el resultado de la votación, acogido con aplausos por la bancada socialista.
