Más dice, tras ser inhabilitado, que "en España no somos todos iguales ante la ley"

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Europa Press (YouTube)

Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha declarado que su condena demuestra que "en el Estado español no todos somos iguales delante de la ley", ya que si él ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años por desobedecer al Tribunal Constitucional, el Gobierno central también debería haberlo sido, ya que "reiteradamente incumple sentencias del TC, hoy sus miembros, empezando por Mariano Rajoy, deberían estar inhabilitados, y no les han tocado", manifestó en el curso de una rueda de prensa organizada en Barcelona tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Tras señalar que había recibido notificación de la sentencia "con plena serenidad, pero también con plena disconformidad", anunció que recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "ante todas las instancias", aunque aseveró que las únicas que le merecen confianza son las "instancias jurisdiccionales europeas", aunque para llegar a ellas tiene que pasar por el conducto reglamentario de las diversas cortes de justicia españolas. "Esto no acaba en el Estado español, que tiene la democracia amputada; acaba en Estrasburgo, en el corazón de Europa", ha declarado.

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Mas agregó que el mismo día que a él se le inhabilitaba, Escocia pedía un segundo referéndum para su independencia, en su opinión esa es la clara demostración "de lo que separa a una democracia de calidad de una democracia de segundo orden, que es lo que tenemos en España". El expresidente también ha sido condenado al pago de una multa de 36.500 euros. Las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que comparecían con él en el juicio, han sido condenadas a un año y nueve meses de inhabilitación y a multa de 30.000 euros y a un año y seis meses y a multa de 24.000 euros, respectivamente.

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, ha manifestado que "la justicia pone a cada uno en su sitio", y ha añadido que en España "no se juzga a nadie por sus ideas políticas, sino por incumplir la ley". Antonio Hernando, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, cree que la condena de Artur Mas es "la consecuencia lógica" de "desobedecer" la resolución del Tribunal Constitucional sobre la consulta del 9N, pero la ve incluso "benévola", al haber sido rebajada de ocho a dos años. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha expresado su respeto por la sentencia, pero ha dejado claro que no la comparte porque no cree que poner urnas deba ser delito.

Tras conocer la sentencia, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha declarado que: "Aquello que la justicia española acaba de condenar, lo indultará el pueblo de Cataluña en referéndum, votando este año".  Íñigo Urkullu, presidente del Gobierno vasco, ha manifestado que la sentencia por la consulta del 9N es "la culminación de un despropósito" y ha advertido de que "ninguna inhabilitación impedirá la demanda del pueblo catalán de poder decidir su futuro". Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha criticado que la judicialización de asuntos políticos que ve legítimos "menosprecia y socava" la voluntad popular y las instituciones democráticas. Mireia Boya, diputada de la CUP en el Parlamento catalán, ha asegurado que "la vía del referéndum pactado es una vía muerta" y ha advertido de que "el estado de excepción, ha comenzado".

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