PP, PSOE, C’s y los nacionalistas sacarán adelante el CETA en el Congreso

El debate del CETA, el acuerdo de libre comercio de la UE con Canadá que fue ratificado por la derecha y la mayoría de los socialistas en el Parlamento europeo, se traslada al Congreso español. Previsiblemente, PP, PSOE y C's sacarán adelante el tratado en el Congreso con la oposición del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem y En Marea, así como de Compromís, EH Bildu y ERC. Sus defensores argumentan que el tratado supone un ahorro de miles de millones de euros en impuestos arancelarios al año y que es una gran oportunidad de crecimiento económico para los países de Europa, mientras que sus detractores creen que beneficia únicamente a las grandes multinacionales en detrimento de los derechos de las clases populares.

Para el grupo confederal hay una voluntad deliberada del Gobierno del PP de acelerar el proceso y así evitar una contestación crítica al tratado por parte de la sociedad civil, tal y como ha ocurrido en varias ciudades europeas. En este sentido, creen que primero debería haberse votado en Pleno su solicitud de control constitucional al acuerdo y, en caso de que fracasase, haber fijado una fecha posterior para la votación de la enmienda a la totalidad. Dicho esto, consideran que el CETA no ha sido estudiado y pone en grave riesgo la democracia, los derechos de los trabajadores, el medioambiente y el dispositivo jurídico-político de la Unión Europea para someterse a los intereses de las mismas empresas transnacionales responsables de las crisis.

Sin embargo, el PSOE lo apoyará. No todo los socialistas se manifestaron a su favor en Europa, pero el partido español respaldó en bloque la ratificación en el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero. Según fuentes de la formación, su papel en las negociaciones entre Canadá y la UE ha sido clave para garantizar un acuerdo que finalmente respetará la legislación europea y garantizará que se sigan aplicando los altos estándares de calidad para alimentos y medicamentos. En uno de los aspectos más polémicos, el tribunal de arbitraje de protección de las inversiones que dirimirá las divergencias que tengan los Estados y las empresas, los socialistas hacen gala de haber conseguido finalmente que los magistrados sean nombrados únicamente por el país americano y la UE. En otros acuerdos comerciales estos jueces son nombrados por la parte litigante, la empresa, y el Estado afectado, un aspecto que rechazaban los socialistas por considerar que no ofrecía las suficientes garantías jurídicas.

La región de Valonia, con competencias internacionales en la política comercial de Bélgica, mostraba reticencias con este sistema de arbitraje porque, entre otros motivos, no había pasado por el Tribunal de Justicia de la UE. El territorio había vetado la firma del acuerdo y, aunque finalmente la desbloqueó, a día de hoy sus condiciones siguen sin cumplirse. El Partido Socialista belga votó en contra del acuerdo en el Parlamento Europeo y es posible que se niegue a apoyarlo cuando tenga que pasar el visto bueno del Legislativo en el país.

El CETA, después de haber sido aprobado por la Eurocámara, debe aprobarse en los Parlamentos de los 28 miembros de la UE. Si uno solo de los países no lo respalda, el acuerdo no entraría en vigor. En países como Portugal o Austria hay posibilidades de que no salga adelante. Sin embargo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo decidieron que el tratado se pondría en marcha de manera provisional e indefinida una vez obtuviera el visto bueno del Parlamento europeo, por lo que se aplicaría de facto. En España, después del debate de este jueves, será enviado a la Comisión de Exteriores que lo devolverá de nuevo al Pleno. De ahí partiría al Senado para obtener su ratificación.