El espíritu de la Asamblea de Catalunya del 71 y de lucha contra ‘el régimen’ toman la calle

BARCELONA.- La puesta en libertad de los detenidos el pasado miércoles, en las redadas que la Guardia Civil llevó a cabo en distintas sedes de la Generalitat, rebaja pocos grados la temperatura de la calle. El Passeig Lluís Companys, frente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, tiene tintes 'quincemayescos'. Varios centenares de personas amanecieron acampados en el emblemático paseo. El jueves se volvió a concentrar una multitud durante toda la tarde, reclamando la puesta en libertad de los detenidos. El viernes, protestas ante la Ciudad de la Justicia, como concentraciones en las puertas de las audiencias en las que declaran algunos de los alcaldes citados por facilitar el 1-O en sus municipios. No hay paso que dé el Estado --Gobierno, tribunales, fiscales-- que no sea respondido con un fuerte apoyo social. Por la tarde, de nuevo, multitudinaria concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), desconvocada por la noche por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). 

“Hay una fuerza mayoritaria de la ciudadanía, capaz de estar 14 horas protestando pacíficamente en la calle, por un registro de la Guardia Civil”, comentaba a cuartopoder.es el presidente de la ANC, Jordi Sánchez. Efectivamente, el catalanismo más amplio está herido. El autogobierno de Catalunya está tocado por la incapacidad del Gobierno estatal de resolver un problema político haciendo política. La única estrategia del Estado pasa por ahogar el referéndum, por la represión judicial y policial de cualquier avance hacia el 1-O, sin darse cuenta de que cada vez más la sociedad catalana se une en torno a un adversario común: el Gobierno de Mariano Rajoy. La estrategia del Estado une a sectores tan dispares como los estibadores del puerto y el PDeCat, cuyos votos sirvieron para aprobar el decreto de la estiba del PP. Rajoy está uniendo alrededor del 1-O a capas sociales mucho más amplias que el independentismo. “Haremos frente al ataque a nuestras instituciones y autogobierno como un único pueblo”, homenajeaba al PSUC en la concentración de Lluís Companys el líder de Catalunya En Comú, Xavier Doménech.

Los que fueron militantes antifranquistas hacen paralelismo con la constitución, en el año 1971, de la Asamblea de Cataluña.  Una unión político y social que aglutinaba a fuerzas políticas con un adversario común: el régimen. Estaba integrada por la disparidad del Front Nacional, el Moviment Socialista de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya, el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) y el PSOE. Hoy, el régimen vuelve a tener enfrente a todo el arco ideológico, con la excepción del tripartito constitucionalista, formado por Partido Popular, PSOE (con sus asociados del PSC) y Ciutadans (C's).

Las exigencias de la Asamblea eran entonces claras, sólo tres: libertad, amnistía y Estatut d'Autonomia. Hoy vuelven a ser las mismas. Mientras en la comunidad internacional comienza a calar la sospecha de que en este conflicto pudiera haber presos políticos, la reclamación de amnistía para estos detenidos puede convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno central en los próximas semanas, puede que incluso en los próximos meses. El Estatut se ha quedado corto, ahora se reclama el derecho a la autodeterminación. En opinión de la calle, las libertades también se ven cuestionadas, registros en medios de comunicación, bloqueo de envío de revistas, suspensión de actos, citación a declarar de más de 700 alcaldes...

En la Asamblea de Cataluña también se encontraban los sindicatos, CCOO y UGT, y diversos colectivos profesionales y sociales, estudiantiles, vecinales, además de entidades legales y personas independientes. Hoy los estibadores niegan la logística a los cruceros que alojan y alojarán a los miles de agentes traídos a Cataluña desde todo el Estado. Parte de la Iglesia catalana firma un manifiesto a favor del 1-O. Los colectivos anarquistas ya mostraron su apoyo a las movilizaciones para enfrentarse al embate del Estado. Los estudiantes ocupan la histórica sede universitaria de Plaça Universitat. Pegadas espontáneas de carteles se convocan en las plazas de los municipios de Cataluña. La CGT y otros sindicatos alternativos de la izquierda independentista se preparan por si hubiera que ir a la huelga general en las próximas semanas, los mayoritarios de momento llaman a manifestarse contra el ataque al autogobierno catalán.

El jueves miles de estudiantes llamaban a la huelga general en una asamblea en la universidad autónoma. “Las mejores clases están en las calles”, alentaba el diputado de Podem en el Parlament y miembro de Anticapitalistes, Joan Giner. Como él, otro de sus compañeros de escenario, David Fernández, exdiputado de la CUP, llamaba a la huelga general, llamaban a cortar las clases. Por las noches, las caceroladas desde las ventanas de las casas resuenan por todo Barcelona, incorporando a la lucha por la autodeterminación a barrios populares que nunca se han sentido muy apelados. Es el caso de Nou Barris, donde las cacerolas se dejaron escuchar durante un buen rato el jueves por la noche. La sensación es de un incipiente desborde social, una llamada de atención a que cualquier solución represiva, que recorte libertades y derechos, puede encender la mecha de la calle. Mientras tanto, una vez los detenidos han sido puestos en libertad, regresa la campaña. A través de una web anunciada por el Govern, la gente puede buscar dónde pueden votar el próximo 1-O.

Y el Gobierno de Rajoy se repite: “Cualquier solución estará dentro de la ley”. El orden y la ley. Como siempre, aunque parece abrirse una ventana de oportunidad, propiciada por la movilización popular. Luis de Guindos, ministro de Economía, ha ofrecido una revisión del sistema de financiación autonómico, mientras que Rafael Catalá, titular de Justicia, ha evocado una posible reforma de la Constitución, aunque no parece que el clima propicie, por ahora, el diálogo y la negociación

En una curiosa conversación en El Intermedio entre las alcaldesas Ada Colau y Manuela Carmena, la ex jueza argumentaba que no se puede resolver, a través del Código Penal, un conflicto social, así como que cuando mucha gente incumple una norma, quizás lo que no funcione sea la norma. El inmovilismo del Estado, a la defensiva, como temeroso, la desactivación de la política, el orden y la ley. Como turistas, los antidisturbios esperan en cruceros en los puertos. Uno de ellos, está decorado con personajes de dibujos animados, restándole épica al mítico caballo de Troya. El orden, la ley y Coyote, Piolín y Silvestre.

El jueves, en las puertas del Col.legi de Periodistes de Barcelona se concentraban profesionales de la información. El manifiesto era leído por Jordi Évole y Mónica Terribas. Miles de profesionales se han adherido al manifiesto que denuncia la "actuación desproporcionada del Gobierno español" para impedir el referéndum poniendo en valor que lo hace "a pesar de la voluntad del Parlamento y la mayoría de la ciudadanía". Mientras tanto, a través de la mayoría de grandes medios estatales, todo se ve con un filtro rojigualdo. El tratamiento futbolístico, como si la selección española fuera quien está jugando el partido. Grandes cabeceras, cadenas televisivas y emisoras de radio que se dirigen a inmensos sectores de población cierran filas en torno al orden y la ley. El periodismo, otro damnificado de la actual crisis de Estado.

Las cámaras que captan las imágenes que se emiten sobre lo que sucede en Cataluña en la mayoría de las ocasiones cierran el objetivo, van al detalle de las movilizaciones. Al rifirrafe, al empujón, a la carga policial. Engrandecen la minoría, esconden la mayoría. En la mayoría de los casos, falta el contexto, no se explica de dónde vienen los indignados catalanes, se les provoca, se les intenta presentar al mundo como violentos. Los programas matinales televisivos del jueves emitían en bucle las escasas cargas policiales de la noche anterior, dándoles similar relevancia que a la multitudinaria manifestación de 14 horas. Como en tantas movilizaciones sociales, la cobertura morbosa. Ideología. Captación de la opinión pública a una causa, el orden y la ley. “Muestran un contexto de violencia para justificar la represión”.

“La derecha española siempre ha querido tener en frente a unos vencidos humillados”, explicaba ayer un viejo militante del PSUC en la acampada frente al TSJC. Desde distintos sectores independentistas creen que si el Gobierno consigue parar el referéndum, después llegaría la humillación catalana impuesta por el Estado. El vicepresident Oriol Junqueras admitía el jueves, después de la agitada jornada de los registros y las detenciones, que la logística del 1-O había quedado dañada. Pero al día siguiente, el presidente Carles Puigdemont anunciaba los lugares de votación. Los centenares de actos de campaña se siguen sucediendo.

La sociedad está movilizada. La participación el 1-O puede ser muy numerosa si se consigue burlar al aparato del Estado dispuesto a evitar la votación por encima de todas las cosas, de hecho, las urnas se siguen mostrando esquivas a las pesquisas policiales. Pero el encuentro que está teniendo lugar en las calles y en las plazas irá más allá del 1-O. Mañana domingo, en Zaragoza, alcaldes y cargos públicos de todo el Estado español, a excepción de PSOE, PP y C's reclamarán en una asamblea al Gobierno que cese la represión y negocie un referéndum. En Catalunya confluye una nueva Asamblea, desde abajo, en las calles. Y un adversario, “el régimen del 78”.