El Congreso debatirá enmendar la Ley de Amnistía para evitar la impunidad franquista

El intergrupo parlamentario por la Memoria Histórica registrará este miércoles en el Congreso una propuesta de modificación de la Ley de Amnistía. Su objetivo es que los jueces no puedan ampararse en esta legislación, aprobada en octubre de 1977, para no investigar los crímenes del franquismo. Lo que en un principio se concibió para amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado" cometidos hasta el 15 de diciembre de 1976, 40 años después se ha convertido en el paraguas bajo el que se guarecen algunos juzgados para seguir ignorando la barbarie de la dictadura.

El texto resultante del citado grupo de trabajo lo firman Podemos, PNV, Compromís, ERC, PDeCat, EH Bildu, En Marea, En Comú Podem y Nueva Canarias. Este documento plantea añadir la siguiente fórmula: “Las disposiciones contenidas en esta ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”. Esta modificación no requiere partida presupuestaria y pretende evitar casos como el de Ascensión Mendieta, que logró recuperar los restos de su padre, enterrados en una fosa, tras una larga batalla judicial que libró la magistrada argentina María Servini de Cubría, después de que la Justicia española le diera la espalda.

Varios organismos internacionales han instado a España a acabar con esta impunidad que hace que aún haya miles de muertos en las fosas. El Consejo de Europa ya llamó al atención a nuestro país por no haberse encargado de reparar a las víctimas en los 40 años de democracia. Este grupo de trabajo basa parte de sus conclusiones en los trabajos de Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas, sobre España donde animaba a dejar sin efecto la Ley de Amnistía para que los tribunales no pudieran interpretar, de ninguna manera, que los crímenes contra la humanidad no pueden investigarse. Sin embargo, el Supremo ha avalado que estas causas quedaran archivadas. 

“Los tribunales se han amparado en la vigencia de Ley de Amnistía para no investigar lo que ocurrió antes de 1977. Hay que cambiar la legislación en el Congreso”, explica Sara Carreño, una de las diputadas de Podemos que ha estado sumergida durante los últimos meses en los trabajos del intergrupo parlamentario. Si durante la Transición esta Ley pretendía reconciliar a las dos Españas y permitir al país pasar página de forma pacífica, 40 años después de su aprobación se utiliza como escudo para sostener la impunidad de algunos delitos.

Aunque esta modificación dejaría la puerta abierta a investigar desapariciones forzosas y asesinatos cuyos cadáveres aún siguen bajo tierra, en otros casos tendrán que ser los tribunales los que consideren si esta modificación incluye también la trama de los bebés robados.

Los trabajos del intergrupo parlamentario se han llevado a cabo con las asociaciones memorialistas, como la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), y las conclusiones fueron fruto del consenso con esta parte de la sociedad civil y con los partidos firmantes. También se propondrá la modificación del Código Penal, que en su artículo 131 ya avisa de que determinados delitos no prescriben, para añadir "un punto específico sobre que la Ley de Amnistía no constituirá impedimento a investigarlos" de acuerdo al derecho internacional, según las fuentes consultadas.

Tras ser registrada en el Congreso, la propuesta tendrá que pasar el trámite parlamentario habitual, por lo que tardará semanas en ser debatido si logra pasar todos los trámites.

PSOE e IU tienen sus propias interpretaciones

Con el PP y Ciudadanos nada interesados en la Memoria Histórica, estos grupos necesitarían el apoyo del PSOE para poder aprobar la propuesta. Sin embargo, los socialistas no ven sentido a modificar la Ley de Amnistía y prefieren optar por otras fórmulas como ampliar la Ley de Memoria Histórica, que cumple 10 años y cuyo presupuesto ha ahogado el PP desde 2013.

Fuentes socialistas aseguran que, tras consultar con expertos juristas, creen que la interpretación del Supremo es errónea y que la Ley de Amnistía no ampara en ningún caso la impunidad de los crímenes contra la humanidad: “Prevalece el derecho internacional”, precisan. Un año antes de que se aprobara la Ley de Amnistía, España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15 especifica que nada “se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”, como sería el caso de estos delitos.

El PSOE tiene su propia propuesta, que lleva trabajando con intensidad varias semanas, y que se presentará en unas dos o tres, según fuentes parlamentarias. Izquierda Unida, por su parte, hace tiempo que pide directamente la derogación de la Ley de Amnistía.

La sociedad civil, a través de las asociaciones, lleva años trabajando para reparar la memoria de los represaliados durante el franquismo. El último gran paso se ha dado a nivel autonómico y municipal. Andalucía, por ejemplo, aprobó su propia Ley de Memoria Histórica el pasado marzo, el Parlament catalán anuló los juicios franquistas el pasado junio y el Ayuntamiento de Madrid ha abierto la puerta a investigar estos crímenes.