La Ley de Amnistía cumple 40 años: los crímenes de la dictadura siguen impunes

En agosto de 1936, Abundio Andaluz Garrido, vicepresidente de la Diputación de Soria, fue forzosamente sacado de su casa por un grupo de falangistas que le conminaron a subirse a un coche para llevarlo a Soria, según dijeron a su familia. Nunca más se le volvió a ver. A mitad de camino entre Burgo de Osma y Soria lo mataron, abandonando su cuerpo exánime en el monte. Al cabo de dos o tres días un pastor, al toparse con la tétrica estampa, decidió enterrar el cuerpo en ese mismo lugar y coronar la sepultura con una gran cruz dibujada con piedras en el suelo.

“Abundio, el abogado, era un hombre bueno”, recalca su nieta Ana María Andaluz Caballero. “Siempre defendió a los más pobres, a la gente humilde, a la infancia”. Muchas veces, relata su nieta, hasta cobraba en especie porque la gente no tenía dinero para pagarle por sus servicios, un gesto que ella supone, le granjeó algunos enemigos entre los caciques de la época. Cuando se trasladó a Burgo de Osma empezó a dedicarle más tiempo a su carrera política militando en el partido Izquierda Republicana hasta llegar a ser elegido vicepresidente de la Diputación de Soria, cargo que ocupaba en 1936.

En su familia siempre supieron que lo habían matado porque sus hermanas vieron volver el coche antes de que hubiera tenido tiempo de hacer el viaje a Soria. Cuando decidieron buscar los restos de su abuelo, de su familia sólo seguía viva su madre. Gracias a contactar con la asociación ‘Recuerdo y Dignidad’, el septiembre pasado descubrieron los restos de su abuelo y eso que los más viejos del lugar siempre supieron que en ese lugar estaba enterrado ‘Abundio, el abogado’.

En diciembre del año pasado pusieron una denuncia en el Juzgado de Soria que respondieron en julio con el sobreseimiento. La asociación ‘Recuerdo y Dignidad’ apeló desde la Audiencia de Soria pero contestaron archivando la causa. Cuando decidieron en septiembre hacer la exhumación, escribieron al juzgado para comunicárselo y que estuvieran presentes pero obtuvieron la negativa por respuesta.

“Me parece muy triste que esto se tenga que hacer a través de la iniciativa de las familias y de las asociaciones. El Estado tendría que personarse, tendría que acompañar. Nos sentimos abandonados. Esta parte de la historia la tendríamos que cerrar de verdad y seguir todos adelante ya como un país unido”. A Ana María lo que más le ha dolido de todo el proceso es escuchar las declaraciones sangrantes de un político que afirmaba que las familias lo único que buscan son las ayudas económicas. “Yo todavía no he recibido ninguna, y lo que tenga que pagar, lo pagaré”, asegura.

En abril de 1977 España ratificaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, entre otras cosas, señala que nada se puede oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que, en el momento de cometerse, fueran considerados delictivos por el derecho internacional. Pero meses después entraba en vigor una ley que durante décadas ha inutilizado este principio: la Ley de Amnistía, que el pasado 15 de octubre cumplió 40 años desde su promulgación. Una Ley que buscaba perdonar y pasar página sobre “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”.

“La Ley de Amnistía se ha convertido en una ley de impunidad y en uno de los principales obstáculos para que la gente sepa que ocurrió con sus seres queridos, para que las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil obtengan verdad, justicia y reparación”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. Hoy comparece en la Comisión de Justicia del Senado para informar de la falta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

La Ley de Amnistía es una ley que los tres poderes del Estado la han utilizado para impedir cualquier tipo de investigación. La Fiscalía del Estado, por ejemplo, opuso la Ley de Amnistía para que una juez argentina interrogara a 18 presuntos autores vivos de crímenes durante aquellos años. El Tribunal Supremo la utilizó para dar carpetazo a 114.000 casos de desaparición forzada y torturas y el Parlamento siempre se posiciona mayoritariamente en contra de cualquier derogación o reforma de la Ley.

En 2006 se presentaron en España 114.226 denuncias de crímenes del derecho internacional por crímenes contra la humanidad entre 1936 y 1951, y actualmente no hay un solo caso abierto. En 2008 se abrieron 47 causas y al menos en once de ellas se invocó la Ley de Amnistía para no continuar.

Desde 2013, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.

El pasado miércoles Amnistía Internacional presentó 205.000 firmas ante el Ministerio de Justicia para mostrar que hay “una parte de la sociedad que no se conforma con la impunidad”, coincidiendo con el 40 aniversario de su promulgación. Exigen al Ministerio iniciar los trámites junto al Parlamento para que deroguen esta ley o la cambien sustancialmente y que “deje de ser un mecanismo de impunidad para miles y miles de personas”, señalan. En un acto emotivo en la plaza de Tirso de Molina en Madrid, jóvenes nacidos después de la Ley de Amnistía vindicaron que a pesar de no haber vivido el franquismo quieren conocer lo que ocurrió y que debe haber justicia y reparación para las víctimas.

“La Ley de Amnistía no cierra nada. La única forma de superar la página de lo que ocurrió es leyéndola, no olvidándola”, subraya Esteban Beltrán.