El artículo 134.6 de la Constitución: el arma de Rajoy para dejar inoperativo al Congreso

Actualizado a las 14.00 con nueva información sobre el recurso del PSOE en el TC

El poder Ejecutivo y el Legislativo viven en un tira y afloja durante los últimos meses. El Gobierno de Mariano Rajoy usa (o abusa, según quién lo juzgue) el artículo 134.6 de la Carta Magna para vetar en el Congreso todas aquellas iniciativas de la oposición que le parecen inadecuadas con la justificación del desajuste presupuestario. El resultado es un parlamento sumido en la parálisis. PSOE y Podemos buscan mecanismos para poder sortear los impedimentos del presidente. 

Tras muchos meses denunciando este rodillo que pasa el Ejecutivo a las iniciativas de la oposición, el grupo socialista ha dado un paso más y este jueves ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional por “la tergiversación” y la “manipulación impúdica” que hace el Gobierno de esta herramienta, con la que ha conseguido vetar unas 45 proposiciones de ley que vienen de los otros grupos parlamentarios y de las asambleas autonómicas. Se ampara en el artículo 134 de la Constitución, que en su sexto punto estipula que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Es decir, tiene poder para decidir que las iniciativas que desequilibren las cuentas no pasen a figurar en el orden del día. Los socialistas quieren que el Alto Tribunal decida sobre el veto a la modificación de la Ley de Seguridad Social para hacer más flexible el cobro de las pensiones no contributivas. Según apunta el diario El Mundo, el Ejecutivo planea ya cambiar de estrategia y dejar de poner este tapón legislativo. 

Con un Parlamento mucho más plural donde el juego se lo reparten entre cuatro grandes formaciones y no entre dos, se esperaban cambios legislativos después de años de mayoría absoluta del Partido Popular. Sin embargo, no ha habido ninguna efervescencia en la Cámara Baja ni el Gobierno ha desplegado sus dotes negociadoras. En su lugar ha preferido recurrir reiteradamente al citado precepto  constitucional, que se ve complementado por los puntos 111 y 126 del Reglamento del Congreso. El pasado octubre, Unidos Podemos ya movió ficha y pidió modificar estos dos últimos artículos para acotar el poder del Ejecutivo y que su disconformidad fuese “comunicada de forma expresa, suficientemente motivada” y que se refiriera “única y exclusivamente al ejercicio presupuestario en curso”, un matiz importante, ya que algunas de las iniciativas vetadas son de largo recorrido.

Tanto Podemos como PSOE tienen una buena lista de iniciativas que no han sobrevivido a este rodillo. Algunas de las que no han pasado este filtro son las medidas de fomento de autoconsumo eléctrico, el cierre de las centrales nucleares o la modificación del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado de los hijos.

Además, el Gobierno tiene otro mecanismo para bloquear las iniciativas de la oposición: prorrogar de manera reiterada el plazo de enmiendas de las proposiciones que sí han conseguido pasar ese primer filtro, como la Ley LGTBI, que ya se ha prorrogado hasta en 11 ocasiones y cuya congelación ha indignado a estos colectivos. Este procedimiento también ha hecho que se retrase el debate sobre la derogación de medidas polémicas, como la Ley mordaza.

La guerra de poderes ya está abierta

Hay una forma de revocar este veto del PP: que la Mesa del Congreso decida ignorarlo. En un órgano donde los populares tienen tres asientos y PSOE, Podemos y Ciudadanos dos. Por ello, suelen ser los naranjas, que generalmente apoyan lo que venga desde Moncloa, los que tienen la llave para sortear esta potestad del Gobierno. Por eso, la oposición les considera cómplices del Ejecutivo.

Hay dos ocasiones en las que la Cámara Baja ha desatendido las pretensiones de Rajoy, una encaminada a paralizar la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y otra que modificaba las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas. El Gobierno no acató esta decisión y recurrió al Tribunal Constitucional por considerar que había un conflicto de atribuciones. El Alto Tribunal aún no ha resuelto esta cuestión planteada por el Ejecutivo, pero su decisión puede desequilibrar la balanza entre estos dos poderes del Estado.

Aún así, el actual Gobierno no ha sido el único que ha usado este recurso cuando se ha visto en minoría en la Cámara Baja. Según recoge Europa Press, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vetó 23 proposiciones en el Congreso y cuatro en el Senado. Felipe González bloqueó 22 en su primera etapa, mientras los gobiernos de UCD consiguieron tumbar otras 23 proposiciones.  José María Aznar no hizo uso de este instrumento.