Tensiones hasta última hora sobre la investidura de Puigdemont

BARCELONA.- La presidenta del grupo parlamentario de JxCat y mano derecha de Carles Puigdemont en Barcelona, Elsa Artadi, aseguraba ayer en TV3 que hoy anunciarían públicamente el acuerdo con ERC y CUP para lograr que este sea el próximo president de Catalunya. Según se filtró ayer a ‘La Vanguardia’, Puigdemont envió una propuesta tanto a ERC como a la CUP por la cual se debería reformar la Ley de Presidencia para permitir una investidura a distancia.

Desde ERC no son tan optimistas. No creen que el resultado de las negociaciones pueda ser anunciado hoy, pues estas siguen en marcha. Tampoco creen que una reforma de la Ley de Presidencia no vaya a ser vetada de inmediato por el Tribunal Constitucional. La propuesta de Puigdemont pasa, también, por crear un Consell de la República en Bruselas desde donde se dirigiría la política catalana y se llevaría a cabo una labor de internacionalización de la “República Catalana”.

Mientras, en Barcelona se encontraría un Govern técnico que desarrollaría las políticas decididas en Bruselas dentro del marco institucional autonómico. Todo esto tendrá en contra al Gobierno de España y, con casi total seguridad, a la Justicia. Puigdemont sería investido en Bruselas por la Asamblea de Cargos Electos independentistas (concejales, alcaldes, diputados autonómicos, estatales y eurodiputados) como president “legítimo”.

Parece ser que la fecha de la investidura belga sería el 18 de febrero. El 15 de febrero se propone como fecha para el pleno que modificaría la Ley de Presidencia. Si este cambio legislativo fuera bloqueado por los tribunales, una vez que Puigdemont hubiera sido investido en Bruselas como president de Catalunya, se celebraría una investidura en el Parlament para el president de ese Govern técnico. Los candidatos para esta investidura barcelonesa podrían ser o Jordi Sánchez, en prisión, o el exconseller Jordi Turull, quien ya estuvo preso y puesto en libertad posteriormente a la espera de juicio. Sin embargo, quien suena con más fuerza para candidata a la Presidencia es la propia Artadi.

Las tensiones en el independentismo son obvias. Todos los partidos se presentaron a las elecciones prometiendo un desarrollo y materialización de la república proclamada por Puigdemont el pasado 27 de octubre. De la misma manera, en sus programas electorales hacían énfasis en terminar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre las instituciones catalanas. Desde ERC y la dirección del PDeCat creen que urge formar un Govern que empiece a desarrollar políticas públicas y que sirva para desalojar al Gobierno de Mariano Rajoy de las instituciones catalanas intervenidas.

La CUP pide desobediencia, ven en ella la única forma de romper con el Estado y el marco autonómico, y ven en la investidura de Puigdemont una buena forma de llevarla a cabo. Sin embargo, ayer también abría la puerta a investir para la presidencia a otra persona, asegurando que “esto no va de personas”. El entorno de Puigdemont más cercano dentro de jxCat se muestra inamovible: o Puigdemont o Puigdemont.

Dudosa actuación del Estado

El Estado por su parte sigue ejerciendo mano dura a través de los tribunales, de Fiscalía y de las iniciativas del Gobierno con respecto a Catalunya, desde donde ven claras intenciones de humillación al independentismo. Numerosos juristas de prestigio ponen en duda las decisiones judiciales de los últimos días. Ayer, el propio Turull aseguraba en un acto en la universidad que hay una operación de Estado para generar miedo a las personas independentistas.

Desde el PP, el discurso que adoptan no tiene ni un ápice de aproximación al diálogo como forma de resolver este conflicto político. Más de dos millones de catalanes han votado reiteradamente por la independencia, sin embargo, la estrategia del Gobierno de Rajoy y de su partido pasa únicamente por los tribunales. Más allá de las desagradables y reiteradas declaraciones de Pablo Casado, el PP sigue con su política de mano dura apoyada por la mayoría de los medios de comunicación de Madrid.

El martes presentaban una enmienda al proyecto de ley presentado por el PSOE sobre la prohibición de determinados indultos para incluir en esta también los delitos de rebelión y sedición. Algunos de los encausados independentistas lo están por estos delitos. Numerosos juristas lo han puesto en duda, pues las movilizaciones independentistas han sido siempre pacíficas.

El juez Pablo Llarena niega la libertad de Jordi Sánchez, como ya hizo con Joaquim Forn, relacionando una posible reiteración delictiva de los mismos con el mantenimiento de su ideario soberanista. Esta relación entre la decisión judicial y la ideología del encausado hace que muchos juristas consideren que los presos independentistas son presos políticos. Amnistía Internacional ha pedido la puesta en libertad inmediata de Jordi Sánchez. Gauri Van Gulik, presidenta de Amnistía Internacional, declaraba al respecto: “Los cargos de sedición y rebelión que pesan contra Sànchez y Cuixart son injustificados y, por tanto, deben retirarse”.

La semana pasada el último informe anual de ‘The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index’ advertía que el Estado español podía pasar de ser considerado “democracia plena” a “democracia imperfecta”. Este empeoramiento democrático evaluado por este prestigioso índice internacional está relacionado con la reacción al desafío de Catalunya: brutalidad policial, judicialización de la política, encarcelamiento de los políticos y líderes soberanistas...