Catalá, contra las cuerdas: los jueces y fiscales se encaminan hacia la huelga

El Estado les ha encargado uno de sus pilares más valiosos de la democracia, la administración de Justicia. Sin embargo, les da pocos medios, permite que se les acumulen los casos y no escucha sus reivindicaciones. Por eso, este jueves fiscales, jueces y tenían previsto hacer un paro, que finalmente se ha suspendido por una causa formal, después de que se les comunicara que estaba fuera de plazo del preaviso. Los que si se mantienen, por el momento, son los paros de los días 26 de abril, el 3 y el 10 de mayo, a los que hay que sumar el del día 17 . Finalmente, irán a la huelga el 22 de mayo de 2018, si nada cambia.

Cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente) y tres de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) se han unido para preservar un derecho esencial para la democracia como es el buen funcionamiento de los tribunales.

Sus reivindicaciones pueden resumirse en tres grandes pilares: reforzar la independencia judicial, modernizar la Administración de Justicia para ofrecer un servicio público de calidad y mejorar las condiciones de los profesionales. Jueces y fiscales llevan meses poniendo sobre la mesa estas demandas que, de momento, el Ministerio de Justicia no atiende. Mientras el escándalo de LexNet sigue persiguiendo al ministro Rafael Catalá. “En los últimos meses, hemos visto muy pocos avances en nuestras peticiones”, ratifica Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

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Hace unos meses, estas asociaciones de profesionales plantearon 14 reivindicaciones que han sido desoídas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Ministerio de Justicia. Después, se unieron los fiscales con aportaciones propias, tal y como relata Emilio Fernández, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. “Pedimos la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita los plazos de instrucción. También solicitamos el replanteamiento de la justicia digital, la independencia de la Fiscalía del Gobierno y la atribución en materia de formación». Además, reclaman suplir las carencias de la plantilla, convocando 300 plazas al año.  

Un largo camino hasta llegar a la huelga

El ministro de Justicia, Rafaél Catalá, tiene dos dudosos honores: haber sido el primer ministro de la historia de la democracia en ser reprobado por el Congreso y conseguir que las principales organizaciones de jueces y fiscales vayan de forma unitaria a la huelga. Ya hubo una movilización conjunta de jueces y fiscales en 2009, pero en esta ocasión “es la primera que participen todas las asociaciones”, explica González Vega.

En esta escalera hacia el conflicto profesional, los trabajadores de Justicia subieron ya el primer escalón el pasado 5 de abril, cuando hicieron el primer paro parcial. Según sus cálculos, esta medida tuvo un seguimiento “muy importante”. La fecha para la huelga está fijada en el 5 de mayo, pero todo dependerá del calado de las convocatorias parciales y de cómo avancen las negociaciones con el Gobierno.