Corruptus ille, o cómo Rajoy puso al zorro a cuidar gallinas

Como en la fabula de granjero que puso al zorro a cuidar de las gallinas, Mariano Rajoy colocó al exdiputado Andrés José Ayala Sánchez al frente de la Oficina Anticorrupción del PP. Aquello ocurrió en febrero de 2017, en el último congreso nacional del partido, en el que Rajoy y su brazo derecho, María Dolores de Cospedal, renovaron sus cargos e incorporaron al zamorano Fernando Martínez-Maillo como coordinador general.

Cuatro días después del estupendo cónclave en la Caja Mágica de Madrid, el nuevo "míster Propper" del PP era nombrado consejero de Adif, la empresa del Ministerio de Fomento que administra las infraestructuras ferroviarias. ¿Una compensación complementaria al señor Ayala ante la ingente labor que tenía por delante? El Gobierno no ha dicho ni sí ni no, ni todo lo contrario.

Les pareció que quedaba feo designar presidente de la Oficina Anticorrupción del partido y miembro del consejo de administración de Adif al mismo personaje y al mismo tiempo, de modo que ocultaron en nombramiento en Adif y el don Limpio del PP pasó por ser un señor de Murcia, de pelo entrecano y bigote alámbrico que se jubilaba con la pensión máxima después de haber realizado impagables servicios a la patria como secretario general de la Consejería de Fomento y diputado durante dieciséis años por esa circunscripción.

Ni el famoso "portal de la transparencia" de La Moncloa ni las webs de Fomento y Adif consignaron el nuevo cargo de Ayala. Era como si la hasta entonces ministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor Julián, una servidora pública de acendrada amistad y confianza de Rajoy, y su sucesor, el cántabro Iñigo de la Serna, no tuvieran nada que ver con el nuevo cargo en la ferroviaria de quien había fungido como portavoz parlamentario de su partido en la materia y destacado por sus aceradas críticas a los gobiernos de Zapatero. Ya en el poder, ese Ayala ejerció la presidencia de la Comisión de Fomento.

La ocultación del nombramiento duró once meses; se descubrió por una nota de la Bolsa de Irlanda, seguida de una información de Eldiario.es en diciembre pasado. La oposición parlamentaria, encabezada por Podemos, pidió explicaciones al Ejecutivo. Pero éste se mostró renuente y se tomó su tiempo para buscar una justificación. No la encontró. El PSOE y Ciudadanos se sumaron después con preguntas por escrito, cuyas respuestas se han ido demorando hasta este mes de mayo y no han aclarado las razones del nombramiento ni las concesiones ventajosas de Fomento a las empresas del juego (bingos, casinos y tragaperras) de las que el señor Ayala y su esposa eran accionistas.

Para satisfacer la exigencia de aclaración formulada por Podemos, el Gobierno envió a comparecer en el Congreso al secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, quien ascendió a 'número dos' de Fomento desde la presidencia de Renfe. Aparte de explicar que el nombramiento de Ayala como consejero de Adif era perfectamente legal, se escudó en que no tenían obligación de reflejarlo en su web, como tampoco los restantes diez consejeros.

No obstante, se comprometió a publicar en el portal de transparencia de la empresa las trayectorias profesionales de todos los consejeros. El compromiso data del 14 de marzo pasado y hasta la fecha no se ha cumplido. De Ayala solo dan el nombre (Andrés José), los dos apellidos y, debajo: "Abogado". Tampoco cabía esperar mucho del tipo que en cuanto fue nombrado presidente de Renfe, a comienzos de 2012, promocionó y colocó a su cónyuge, Eva Miquel Subías, como asesora ejecutiva de Puertos del Estado. Cierto es que Subías había hecho méritos ultraliberales en los campus Faes para lo que su apellido indica.

Con todo, el nepote Gómez-Pomar tuvo que escuchar la ajustada descripción de las actividades de su consejero clandestino y presidente de la Oficina Anticorrupción del PP. Se las explicó el diputado de Podemos Sergio Pascual, y se resumen en la utilización del poder y las prerrogativas parlamentarias por parte del señor Ayala para ejercer de "aprovechategui", en el más burdo sentido del término acuñado por Rajoy. "Mientras ese señor era diputado --dijo Pascual--, en los despachos de AENA se estaba firmando con su mujer, consejera del Grupo Orenes, un contrato de concesión de dos casinos en el aeropuerto de Alicante y en el aeropuerto de Málaga por 2,5 millones de euros en unas condiciones muy ventajosas: cuatro veces más barato el metro cuadrado en esos aeropuertos de lo que cuesta el metro cuadrado en alquiler en cualquier zona comercial de esa misma relevancia en la ciudad de Málaga. ¡Qué casualidad que en cuanto dejó el puesto de diputado, su esposa dejó también los cargos que tenía en Orenes y los pasó a ocupar rápidamente el señor Ayala!"

Sobre la designación del don Limpio del PP como consejero de Adif, el diputado de Podemos sacó dos conclusiones: "Que a ustedes les daba vergüenza hacerlo público y lo ocultaron o que el nombramiento responde a cualquier otra cosa menos al interés de ADIF". Pascual añadió: "Me pregunto quién fue el responsable del incumplimiento de la Ley de transparencia, de no actualizar el organigrama en la web de Adif". Pomar le contestó, como hemos dicho, que no tenían obligación legal de publicar el nombramiento. Pascual aprovechó su turno para añadir otro dato: "Nos acabamos de enterar de que la Autoridad Portuaria de Cartagena acaba de darle también una concesión a otra empresa del señor Ayala para montar un restaurante gourmet en el puerto de Cartagena...

El señor Ayala, que se pasea por el Ministerio de Fomento gracias a su nombramiento en Adif, tiene casinos en aeropuertos, un mercado gourmet en Puertos del Estado, intentos de montar hoteles en faros. Concesiones, todas ellas, que dependen del Ministerio de Fomento, al que controlaba hasta hace cuatro días. Este señor se lucra hoy y se ha estado lucrando cuando era diputado de concesiones con entidades a las que debía controlar. Comprenderá que no nos fiemos ni un pelo de qué está haciendo en este momento en Adif y que, mientras los periodistas y en algún momento los jueces hacen su trabajo, desde aquí le exijamos hasta la última coma de lo que hace en Adif".

Pero lejos de cesarle de inmediato, el Ejecutivo de Rajoy se ha dedicado a echar balones fuera ante las preguntas de Podemos, el PSOE e, incluso, de Ciudadanos. Y el PP le mantiene al frente de la Oficina Anticorrupción como si se tratara del gran impoluto. La última respuesta del Ejecutivo al diputado socialista Miguel Ángel Heredia dice que, según la Autoridad Portuaria de Cartagena, "no hay constancia de la existencia de ningún expediente de concesión administrativa a una empresa en la que la persona referenciada figure como socio, accionista o titular". Eso debe ser porque, según ha reconocido el propio Ayala, solo ha actuado como "asesor jurídico" de Faros de Levante SL, la empresa del sector del juego y la hostelería constituida expresamente hace un año para obtener la concesión del Faro de Cabo de Palos y montar un hotel.

Los titulares de la mencionada sociedad, Aurelio Solana Ayala y Fernando Díez Ripollés, no sólo contaban con la "asesoría" de Ayala, sino también con la predisposición del titular de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, quien, según la prensa local, se mostró encantado de convertir el Faro de Cabo de Palos en un hotel e, incluso, darle un uso cultural para potenciar el turismo en ese pueblo de pescadores. Sobre el destino de los fareros ya se verá. Pero quizá la gestión (supuesto tráfico de influencias) más notable del "asesor" (conseguidor), conocedor y animador del proyecto fue el uso de su correligionario Teororo García para que, como diputado por Murcia, presentara una proposición no de ley expresamente destinada a convertir el Faro de Cabo de Palos en un establecimiento hotelero. García presentó la iniciativa el 18 de abril de 2017, apenas un mes después de la constitución de la sociedad Faros de Levante, y el Congreso aprobó su iniciativa con los votos del PP y C's el 28 de junio.

La privatización de los faros (y las pequeñas parcelas y viviendas de los fareros) era algo con lo que no contábamos (los fondos buitres ya se han posado en los puertos), pero esas operaciones a favor de amigos y correligionarios, naturalmente, son perfectamente congruentes con los planteamientos neoliberales explicitados en Faes en 2011 por la antes mencionada Eva Miquel, esposa del secretario de Estado de Infraestructuras, Gómez-Pomar. Lenguas de doble filo aseguran que es la señora Miquel quien "parte el bacalao" en el organismo autónomo Puerto del Estado.

Aparte de la defensa leguleya del nombramiento de Ayala como consejero de Adif por parte de Gómez-Pomar, ni el Gobierno ni el PP han podido negar el supuesto tráfico de influencias a favor de los intereses del grupo Orenes del que formaba parte mientras era diputado y del que ahora es directivo. Se trata de un conglomerado de casinos, bingos y máquinas tragaperras con establecimientos en varios aeropuertos. Tras dejar el acta de diputado, Ayala se destapó como consejero del Gran Casino de Extremadura (en Badajoz), Electra Rioja Gran Casino (en Logroño) y vocal y secretario de Servicios Comerciales y Recreativos, que se dedica a la explotación de salas de juegos.

El míster Proper del PP se mantenía camuflado detrás de su esposa y de un entramado societario que le permitía actuar de conseguidor sin que sus compañeros de escaño se enteraran. Su participación en Orenes se canalizaba a través de Isim Carthago. El 50% de esta sociedad pertenece a Guimbarda 3 SL (el otro 50% es de Orenes), de la que Ayala es consejero y secretario. A su vez, el 17% de Guimbarda pertenece a Espartaria, SL, constituida por Ayala en 2012, tras el triunfo electoral del PP con unos socios bodegueros y licoreros (Zamora Pedreño y Restoy Cabrera), de cuyas empresas Ayala es abogado. Si con el nombramiento de Luis Bárcenas como tesorero del PP, Rajoy erró a lo bestia, sin que todavía conozcamos el precio del error, con el de Ayala parece haber querido desear próspera y larga vida a los corruptos o, como dijo Bismark, que roben, pero que no roben mucho.