IU pide al juez de Lezo y Púnica que el PP sea investigado por su responsabilidad en seis delitos
- También llama a investigar a Esperanza Aguirre
- "Resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del PP en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral"
Izquierda Unida se personó como acusación particular en el caso Lezo y ha pedido al juez que investiga esta trama y la corrupción del caso 'Púnica' que acuerde “tener por investigados a la persona jurídica Partido Popular y a Esperanza Aguirre Gil de Biedma, acordando igualmente su declaración en calidad de investigados”.
La petición de IU viene unos días después del conocimiento de la sentencia de la trama Gürtel, en la que el PP ha sido declarado culpable y condenado a título lucrativo por la financiación de la trama corrupta. En un documento remitido a cuartopoder.es, IU afirma que "entiende que sin lugar a dudas" debe producirse “la declaración en calidad de investigada de la persona jurídica Partido Popular" y que mantenga a la formación que lidera Mariano Rajoy “como parte en el procedimiento en esa condición procesal”.
En la presentación del escrito, IU aprecia la concurrencia del PP en seis delitos: “resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos”.
Para esta acusación popular “se sigue así la línea ya acogida también por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid y la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid para la imputación de delitos a un partido político, en este caso al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su ex tesorero y también querellado Luis Bárcenas”.
Además, añaden en el documento remitido, se ratifica conociendo que “quien de manera directa ha podido realizar tales actuaciones” es el entonces secretario general del PP de Madrid y presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. IU entiende que los datos conocidos hasta ahora en esta causa apuntan a que este partido “aparece como beneficiario directo de las actividades de la trama, por lo menos en lo concerniente al desvío de fondos desde ICM al Partido Popular en los ejercicios 2012 y 2013, existiendo pocas dudas de la absoluta falta de control interno".
Sobre Esperanza Aguirre
Además de al PP, IU pide que se llame en calidad de investigada a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Apuntan que la que fuera máxima responsable del PP en Madrid tenía “un perfecto conocimiento de la mayoría de las actuaciones supuestamente delictivas objeto de investigación en esta pieza separada y que consistían en desvíos de fondos hacia el Partido Popular para financiación del mismo u otros fines”.
Interpretan que, a todo ello, se une la omisión de denuncia por parte de Aguirre de la existencia de esta trama corrupta. “Existen sobrados elementos indiciarios como para que la Sra. Esperanza Aguirre comparezca en sede judicial en calidad de investigada para responder sobre su participación en posibles delitos de encubrimiento, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas llevadas a cabo por Ignacio González y su red corrupta y, en relación a la conducta del propio Partido Popular relativa a la comisión de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, estafa, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y delitos electorales”.
Al Partido Podrido no le afecta «en modo alguno», según palabras de Rajoy,
que sus tesoreros, lugartenientes, diputados, ministros, aliados y secuaces
de todo tipo hayan sido sentenciados a décadas de cárcel y millones de
euros, en una sentencia demoledora que condena al partido a titulo
lucrativo. Que la sentencia haya probado la existencia de abultadas cuentas
suizas alimentadas con las mordidas derivadas de las acciones ilícitas de
militantes y cargos. Ni tampoco la gravedad de la lista de delitos
cometidos: asociación ilícita, fraude a la administración y hacienda
pública, prevaricación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias,
apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal. Que se haya
confirmado la existencia una caja B que consistía «en una estructura
financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde 1989»
y por la cual Correa había percibido más de 8 millones de euros por
contratos públicos adjudicados a sus empresas, con el inevitable perjucio
al erario público. Un auténtico sistema corrupto que «gozaba de un
arbitrario trato de favor y que creó en paralelo un eficaz sistema de
corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la
contratación pública central, autonómica y local». Para ello se procedió al
soborno de autoridades, adjudicaciones amañadas y abuso de poder que
recogen los 1.700 folios de la sentencia por la cual 37 procesados y
considerados artífices de la trama corrupta, han sido condenados por la
Audiencia Nacional a 351 años de cárcel. Y se creían impunes. Como se puede
ser tan cínico?. Podemos !!!