Más allá de Franco: lo que el Congreso pidió al Gobierno sobre memoria histórica

    Durante la legislatura, el Congreso ha aprobado varias proposiciones no de ley que el Ejecutivo de Rajoy decidió ignorar
  • Pedro Sánchez, sin embargo, puede sacar ideas para avanzar en memoria histórica a través de estas propuestas ya aprobadas

Aún no hay fecha prevista, pero parece claro que el Gobierno de Pedro Sánchez sacará los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ahora queda saber cómo y cuando, lo que implica escuchar las propuestas del resto de grupos y ejecutar con el “mayor consenso posible”. Los socialistas ya cuentan con que el PP no les apoyará. 

El nuevo Gobierno cumple así el mandato que el Congreso de los diputados le dio al anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que este decidió ignorar el pasado mayo. La Cámara Baja pidió al Ejecutivo que sacara los restos del dictador en una votación en la que el PP se abstuvo. Para el PSOE es “prioritario” convertir ese lugar de “exaltación” franquista en un museo de la memoria y debe decidir si lo hace por decreto o por otras vías. 

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Para los socialistas, la memoria histórica es un pilar fundamental. De hecho, hace unos meses presentaron una proposición de ley que pretendía actualizar la legislación que aprobó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y que intentaba cubrir algunos agujeros que había dejado. Sin embargo, la Mesa del Congreso, en la que PP y Ciudadanos son mayoría, la vetó.

Ahora los socialistas trabajan para “para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica” ya existente, una legislación que no se ha desarrollado plenamente y cuya financiación ha estrangulado el PP durante sus años de Gobierno. El portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, confirmó el lunes que también están estudiando retirar la medalla concedida en 1977 al inspector torturador de la Brigada Político Social, Billy El Niño, un punto que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera “razonable”.

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Durante esta legislatura, el Congreso ha dado varios mandatos al Gobierno para que resuelva algunas cuestiones que se dejaron abiertas en la Transición. Estas son las proposiciones, la mayoría no de ley, que se han aprobado en la cámara y que Rajoy decidió ignorar. Sánchez decidirá si decide llevarlas a cabo o presenta sus propios proyectos.

La nulidad de los juicios franquistas

El pasado mes de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó declarar nulas las sentencias emanadas de los tribunales franquistas durante la dictadura para limpiar la memoria de los represaliados. Hasta el momento, se había reconocido su ilegitimidad, pero no se habían anulado. Fue una propuesta de ley del PdeCat que proponía dar un paso más en la ley de memoria histórica de 2007. Todos los grupos la apoyaron excepto el PP, que votó en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo. Aún está en fase de tramitación y se tienen que introducir enmiendas que pueden modificarla.

Recuperar el Pazo de Meirás

El pasado noviembre, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó una proposición no de ley de Unidos Podemos, negociada con el PSOE, en la que pedía al Gobierno que instase a la Xunta de Galicia a recuperar la gestión de las visitas del Pazo de Meirás que ostenta la Fundación Francisco Franco. En su lugar, pasaría a gestionarlas  el Ayuntamiento de Sada (A Coruña),

La nulidad del juicio de Companys

El pasado septiembre, el PSOE presentó una proposición no de ley para declarar nulas las sentencias contra el presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys. A su juicio, los fallos dictados contra el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona en 1939 y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales en 1940 son “ilegítimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez”.

A petición de Unidos Podemos se añadió un tercer punto para reconocer “la honorabilidad de todas las víctimas de la represión franquista”, como acto de reparación. Los grupos votaron a favor, a excepción de la oposición de PP y ERC y la abstención se Ciudadanos.

Investigación a la Fundación Francisco Franco

El PSOE ha llevado en alguna ocasión la posibilidad de ilegalizar la Fundación Francisco Franco al Senado, aunque sin éxito. Sin embargo, la Comisión de Interior del Congreso aprobó en febrero una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a dar las órdenes necesarias para investigar a la Fundación Francisco Franco después de que esta organización animara por carta a 355 alcaldes a incumplir la Ley de Memoria Histórica. De nuevo, el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

Devolver a los republicanos lo incautado

El pasado junio, ERC registró una proposición no de ley para animar al Ejecutivo a “restituir a las personas perjudicadas, o en su caso a sus familiares, el dinero incautado por el régimen dictatorial” de Francisco Franco. De nuevo, Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.

Coordinar las denuncias de bebés robados

El pasado diciembre, la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso instó al Gobierno a que nombrase un fiscal que coordinase las denuncias sobre posibles casos de bebés robados y solucionase uno de los agujeros negros de la democracia española. Esta iniciativa de Unidos Podemos pretendía una investigación “efectiva y real” a nivel estatal.

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