Un perro protector: la libertad de Silvia está en manos del Gobierno de Navarra

  • "¿Qué hago con mi vida? ¿Me encadeno para que me hagan caso? ¿Me pongo delante de la prisión y le digo 'mátame ya'? Estoy condenada en una cárcel de vida", pregunta Silvia, desesperada
  • La ley foral sobre perros de protección y terapéuticos no contempla el uso por parte de víctimas de violencia machista. Silvia pide al Gobierno de Navarra que legisle y le permitan usar a su perra de protección para poder salir a la calle y hacer "vida normal"

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Silvia y su pareja Carlos estaban trabajando en un pueblo de la Sakana navarra. Les llegó un mensaje de una conocida: "¿Estáis bien?", y ambos se extrañaron. Minutos más tarde, una periodista de un periódico navarro les llamó para preguntarles si estaban bien. Ahí "todo olía un poco mal" y preguntamos. Habían detenido a Moisés, el agresor de Silvia, cuando acababa de bajarse en la estación de trenes de Pamplona. En aquel momento Moisés no cumplía condena y tenía la obligación de llevar una pulsera de geolocalización que indicaba a cada segundo dónde se encontraba. Una pulsera que pretende ser un método de disuasión en su acercamiento a Silvia, la mujer a la que maltrató durante años, pero que ha convertido en su herramienta para ejercer maltrato psicológico a distancia.

Parte I: "Mi agresor utiliza la pulsera de localización para maltratarme psicológicamente"

Al salir de prisión, Moisés volvió con su familia a Girona, pero la Policía Foral le detuvo en la estación de Pamplona, intentando acercarse a Silvia. "Nadie de la Policía Foral nos avisó. Nos enteramos de que Moisés andaba por aquí por un familiar y por la prensa, que nos llamaron para preguntarnos si estábamos bien". Cuando llamaron a la policía para preguntar por qué no habían avisado a Silvia, su víctima, los agentes los trataron de "mentirosos", aunque fue un hecho público y que posteriormente reconocieron en notas de prensa enviadas desde el cuerpo policial. Además, Silvia fue llamada a declarar a un juicio sobre ese hecho. "Si no pasó, si Moisés no estuvo aquí como sostenía la policía, ¿por qué me llaman a declarar por un hecho que supuestamente no existió?", se pregunta.

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Esta situación de inseguridad se suma a las casi continuas alertas que llegan a su teléfono móvil y que avisan de que Moisés tiene un permiso y ha manipulado su pulsera, a los mensajes que, desde prisión, envía a las cuentas de Facebook de Silvia y del novio de la hija, las 198 llamadas "contadas" que ha realizado desde el penal de Pamplona... generan en Silvia una presión psicológica que tiene solución pero para la que las leyes forales no tienen respuesta.

Silvia vende puertas acorazadas y es capaz de abrir las mejores puertas del mercado en poco más de tres horas. Pero durante años ha sido incapaz de atravesar en soledad las puertas de su casa o de su negocio, que regenta junto a su pareja. "Así estoy viviendo, jodida", resume Silvia. "A mí me dejas en medio de un centro comercial un sábado por la tarde y me voy a llorar una esquina, ahogándome", relata.

Silvia quiere un perro asistencial. Realmente ya lo tiene, su perrita Sugi, adiestrada durante meses de la mano de Silvia para que tenga una doble función: la de calmarla cuando sufre ataques de pánico en medio de muchedumbre y la de servir como ataque si el agresor de Silvia se acerca a ella. "Mi perra solo responde órdenes mías, es una perra normal, pero si yo le doy un mandato ella obedece". Ahora solo puede pasear con su perra por las calles y como si de una mascota normal se tratara, porque las leyes forales no contemplan el supuesto de perros terapéuticos para víctimas de violencia machista.

Por tanto, si algo ocurriese y Sugi atacara a Moisés, el agresor de Silvia, ella se expondría a una gran multa "o incluso entrar en prisión". Algo a lo que no está dispuesta y pretende luchar hasta que la Ley 3/2015, que actualmente regula el uso de perros terapéuticos en la Comunidad Foral de Navarra incluya el caso de las víctimas de violencia machista. Su libertad está en manos del Gobierno de Navarra.

En la actualidad, la legislación foral contempla el uso de perros terapéticos en caso de diversidad funcional, tanto física como psíquica y un apartado para aquellos usuarios de perros terapéuticos que sufren autismo, diabetes o epilepsia. Así lo recoge:

"Garantizar la igualdad de oportunidades a las personas afectas por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, con inclusión de todas las personas con alguna discapacidad visual, auditiva o física, o que padecen trastornos del espectro autista, diabetes, epilepsia o alguna de las enfermedades que se reconozcan de acuerdo con lo que dispone la disposición final segunda".

La ley deja abierta la inclusión de otras patologías y casos donde el uso de un perro terapéutico pueda probarse como beneficioso. "Si viviéramos en otra comunidad ya no tendría este problema", sostiene Silvia. Para ella, poder salir con Sugi es fundamental: "cuando siento miedo y voy por la calle con ella solo con tocar la correa me relajo porque sé que está conmigo", aunque en el fondo es consciente de que, con la legislación existente en la actualidad, su fiel compañera solo puede actuar como acompañante.

Le ayuda a rebajar los niveles de ansiedad cuando se encuentra en soledad. También a evitar los frecuentes ataques de pánico que sufre cuando se encuentra en grandes aglomeraciones. Silvia necesita una protección constante, que le permita hacer una vida "normal", donde "salir a la calle, ir de compras con mi hija o tomarme algo en la terraza de un bar sea algo cotidiano, como pasa en la vida de todas". Es una protección que, considera, no le pueden garantizar desde un servicio policial, dada su experiencia de años en el sistema de víctimas de violencia de género. "Mi agresor ha llegado a estar más de 40 horas en paradero desconocido después de haber manipulado su pulsera", afirma Silvia.

En una ocasión, el rey Felipe VI estaba visitando la localidad de Tafalla, al sur de Navarra. El teléfono de Silvia sonó: se había perdido la conexión de la pulsera de su agresor. Carlos y Silvia llamaron a la Policía Foral de la localidad, cercana al pueblo donde ambos viven ahora. "Nos dijeron que no tenían agentes, que estaban todos en el acto del rey", recuerdan. Y Silvia añade con rabia: "ya ves, la vida de unos vale mucho menos que la de otras, como yo". En esa ocasión le recomendaron subir a Pamplona para poner la denuncia o pedir protección en caso de que la necesitara.

Otras veces se han encontrado con que solo había un solo agente destinado a VioGen en Tafalla. Uno que cubra 24 horas al día. "Esa persona tiene sus días de libranza, sus vacaciones, sus bajas... cuando él no estaba cogía el teléfono otro agente que nos decía que él no tenía ni idea de mi historial y que no nos podía ayudar", recuerda Silvia. Ella ha recorrido varias instituciones a las que les ha hecho llegar su historia. "He llegado a ir con toda mi historia en papel: denuncias, informes y otros documentos. Un taco inmenso de papeles", afirma.

Ha llevado su caso al Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), pasando por diversos escritos a diversos cargos en el Parlamento de Navarra, y hasta al Defensor del Pueblo. "Hemos llevado el caso a todos los sitios", admiten. Al último le pidieron investigar sobre la falta de efectivos dedicados al sistema VioGen en la Policía Foral de Tafalla. La respuesta del Jefe de la Policía Foral, Torcuato Muñoz Serrano, fue un informe de 27 páginas al que cuartopoder.es ha accedido en el que reconocían que en medio año la pulsera de localización de Moisés había perdido conexión o se había deteriorado en 12 ocasiones entre diciembre de 2015 y junio de 2016. Hubo otras incidencias posteriores. En el mismo documento afirman que la valoración del riesgo de Silvia ha sido siempre "bajo o medio". También firma el compromiso de que en la comisaría de Tafalla habría "de nuevo dos agentes en el sistema VioGen para poder cubrir" las demandas, algo que para Silvia sigue siendo "insuficiente".

Por todo ello, Silvia pide poder ir con su perra por la calle, que le sirva de terapia y de protección en caso de encontrarse con su agresor por la calle en los próximos meses, cuando está previsto que salga de prisión tras cumplir la última condena de un año y nueve meses. Ya hay precedentes en el resto del Estado y pide que en Navarra se contemple el uso de perros de protección y terapéuticos en casos de violencia de género.

Los perros de protección o 'pepos'

La figura de los perros de protección así se llaman en el caso de mujeres maltratadas ya existe: son los 'pepos' y su uso ya se ha puesto en marcha en algunas provincias españolas. Algunas iniciativas privadas han comenzado a adiestrar perros con el fin de proteger a mujeres, aunque su uso está restringido a lo que contemplen las normativas autonómicas y municipales.

En Madrid, hace algo más de un año, surgió una petición lanzada a través de change.org y dirigida a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes para que esta comunidad legislara a favor de los perros de protección. Más de 50.000 personas la apoyaron y el uso de 'pepos' comenzó a funcionar en algunas zonas españolas como un proyecto piloto que buscaba demostrar los efectos de los perros terapéuticos en víctimas de violencia machista.

Navarra no contempla un uso de perros terapéuticos o de protección para víctimas de violencia machista. Es una petición que Silvia también ha llevado a varias instituciones, pero con escasos resultados. Pide poder llevar a su perra Sugi a todos los lugares, poder entrar en establecimientos, restaurantes o centros comerciales con una acreditación que le permita que su perra sea su acompañante 24 horas al día.

En España hay precedentes legales: en la Región de Murcia, la legislación sobre perros terapéuticos y de protección se amplía a los casos de víctimas de violencia machista. El permiso que otorga la ley murciana para las supervivientes de violencia de género es el mismo que han obtenido personas invidentes, con autismo o epilepsia. La Ley 6/2017 de la Región de Murcia permite el acceso de perros protectores para víctimas de violencia de género incluso en "locales donde se almacenen o manipulen alimentos, espectáculos públicos de masas, incluidos los deportivos o edificios y dependencias oficiales de las Administraciones Públicas dedicados a uso o servicio público. Fue la comunidad pionera en este sentido".

Silvia ha pedido consejo legal a varios profesionales, ha recorrido varias instituciones y tiene adiestrada a su perra, preparada para protegerla en caso de ser necesario. "Necesito a mi perra para hacer una vida normal, no sé qué más hacer", comenta Silvia desesperada en conversación con cuartopoder.es. "¿Qué hago con mi vida? ¿Me encadeno para que me hagan caso? ¿Me pongo delante de la prisión y le digo 'mátame ya'? Estoy condenada en una cárcel de vida", finaliza Silvia.

1 Comment
  1. karlos ezpeleta diaz says

    GRACIAS POR HACER QUE NUESTRA INJUSTA REALIDAD Y NUESTRA PEQUEÑA PETICIÓN, PERO INFINITA APORTACIÓN PARA SILVIA, PARA PODER TENER POR FÍN LO MÁS PARECIDO A UNA VIDA NORMAL, NUNCA HEMOS PEDIDO DINERO, SÓLO PODER VIVIR EN LIBERTAD. UNA MOFIFICACIÓN LEGAL Y YA PUESTOS QUE CUANDO A UN MALTRATADOR SE LE CONDENA A LLEVAR UNA PULSERA QUE NO SEA LO CONTRARIO Y PUEDA USARLA PARA ATERRORIZAR A SU VÍTIMA SIN CONSECUENCIA ALGUNA, SÓLO NOSOTROS VEMOS TODOS LOS ERRORES?

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