Las trabas que impiden que muchos inmigrantes voten

  • Hay más de cuatro millones de inmigrantes en España, pero la gran mayoría de ellos no podrá votar en las elecciones municipales de 2019 al no tener nacionalidad española.
  • Los ciudadanos marroquíes (769.050) o los chinos (215.748), dos de las comunidades más numerosas en España, no pueden votar.

Dina Bousselham lleva años militando en Podemos, es secretaria de Comunicación de la formación en la Comunidad de Madrid y es la número 8 en la lista de Íñigo Errejón. Pero no tiene derecho a voto. Nació en Marruecos y está tramitando la obtención de la nacionalidad tras llevar más de 10 años en España. Su caso es el claro ejemplo de la cantidad de restricciones que tienen los inmigrantes para ejercer este derecho. En el año en el que los políticos no han parado de hablar de estos ciudadanos, nos preguntamos cómo expresa esta población su opinión sobre estos representantes públicos. Para las elecciones municipales de 2019, habrá millones de residentes en España que sigan sin poder acudir a las urnas

El CIS pregunta a los españoles qué opinan sobre la inmigración, los medios escudriñan la valoración de los políticos sobre las personas que llegan, por tierra, mar y aire, cada año a España y Europa. Sin embargo, pocas veces sabemos cuál es la participación política de los inmigrantes que viven en nuestro país. Y es difícil rastrearla en términos estadísticos. El derecho al voto de esta población aún está muy restringido y la posibilidad acudir a las urnas depende de la nacionalidad. Un francés lo tiene más fácil que un colombiano, mientras que para un marroquí es imposible, a pesar de que es una de las comunidades más numerosas en nuestro estado.

Hay unos  4.719.418 de extranjeros de más de 130 nacionalidades viviendo en España, según los datos del padrón. Por tanto, su peso sobre la población que vive en España ronda el 10%. Pero no todos los inmigrantes son iguales a ojos de la Junta Electoral. A la hora de votar se distinguen en tres grandes grupos: las personas que ya obtuvieron la nacionalidad española, y por tanto tienen los mismos derechos que un ciudadano nacido en España; los que vienen de otros estados de la UE, que pueden votar en las municipales y europeas; y los no comunitarios, de los que solo pueden ejercer este derecho doce  nacionalidades. El resto queda fuera del sistema.

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La pertenencia o no a un país de la Unión Europea ya marca la primera diferencia entre ciudadanos extranjeros. Aunque se tienen que inscribir previamente, los europeos no tienen que renovar esta voluntad  cada vez que haya nuevos comicios. En la actualidad, hay 407.784 electores de la UE para las elecciones municipales y 324.259 en los comicios al Parlamento Europeo. El INE, en esta ocasión, advirtió de que si se produce la separación de Reino Unido en marzo de 2019 se excluirá a sus ciudadanos.

En el caso de proceder de un país de fuera de la UE, las posibilidades de votar se complican. En España, 280.316 extranjeros tienen la posibilidad de inscribirse en el censo para poder acudir a las urnas, con Ecuador (84.771), Colombia (67.973) y Bolivia (49.277) con nacionalidades mayoritarias. Tendrán hasta el 15 de enero de plazo para hacerlo y solo los ciudadanos de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda,Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago tienen esta posibilidad, ya que depende de los acuerdos de reciprocidad que España ha firmado con estos países. Esto supone que los marroquíes (769.050) o los chinos (215.748), dos de las comunidades más numerosas en España, no pueden votar.

Entre sus propuestas, el PSOE sí plantea eliminar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España, pero en estas elecciones, y con Pedro Sánchez ya en la Moncloa, esta barrera sigue activa.

Muchas complicaciones, baja participación

"Hay una tasa baja de registro. Los españoles votan a través del censo, pero los extranjeros tienen que dar previamente su consentimiento formal y su manifestación expresa de que quieren votar. Esto ocurre porque hay países en los que se imponen multas si no vas a votar, pero no es el caso de España", explica David Moya, miembro del Instituto de Derecho Público de Barcelona (IDP), sobre el proceso "desincentivador" al que se enfrenta un inmigrante para poder votar. En algunas ocasiones, cuatro meses antes algunos candidatos de los partidos no están escogidos, como sucede en este momento con PP y PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

"Es un derecho que está restringido a día de hoy en un país democrático como este. Yo nací en Marruecos y nosotros no tenemos ni derecho a votar en las municipales, donde se deciden muchos asuntos de política diaria", explica Dina Bousselham, secretaria de Comunicación de Podemos Comunidad de Madrid, que también recuerda que por parte del Estado no ha habido "ninguna campaña fuerte" para animar a los registros. Si a los escollos administrativos se une la falta de información, el resultado es que esta población se queda en casa.

Rastrear tendencias electorales de la población inmigrante en España es complejo. Incluso el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) aconseja prudencia en la publicación de datos. Cuando la muestra es pequeña, el margen de error crece y los resultados de los sondeos no son significativos para dibujar tendencias.

Ramón de Marcos Sanz, miembro del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid y coordinador del área de ciudadanía e integración de esta institución, se atreve a dar algunas pinceladas de brocha gorda mientras recuerda que entramos ya en el terreno de la especulación: "El voto es más volátil, pero indudablemente va a depender de las nacionalidades y requiere estudios mucho más profundos y actualizados de los que tenemos". Aún así, el experto avisa del peso que tiene el origen de algunos países de América: "Estamos viendo que la pertenencia de algunas comunidades religiosas como la evangelista empieza a tener influencia". 

Ni elegir ni ser elegidos

Lo que sí aparece de manera clara en los estudios es la infrarrepresentación de los cargos públicos de origen migrante. Es aún más difícil ser elegido que elegir porque el sufragio pasivo presenta aún más restricciones y solo pueden acceder a él los nacionalizados y los ciudadanos de la UE.  Anastasia Bermúdez, investigadora del departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y Ángeles Escrivá, profesora titular de Sociología, Universidad de Huelva, lo analizan en uno de los documentos del CIBOB titulado La participación política de los inmigrantes en España, en el que aluden a dos características: "La representación política de los inmigrantes es limitada" y "hay grandes diferencias según país de nacimiento o nacionalidad". Sí reconocen la presencia de inmigrantes nacionalizados en las listas electorales pero "de forma reducida" y "generalmente en posiciones últimas o de relleno".

Moya cree que, aún habiendo una movilización masiva de este voto, "el efecto sería limitado" y funcionaría mejor en "municipios pequeños con mucha población migrante" que en grandes ciudades. Aunque una localidad tenga entre sus vecinos nacionalidades diversas, no todas podrán votar. Por ello, la inclusión de propuestas en los programas electorales acaba siendo muy limitada y tiene que estar enmarcada en un marco más amplio: "Los políticos modularán las propuestas por una cuestión de convicción", explica el experto.

Dina Bousselham trabaja en este campo dentro de su partido y aplica un enfoque trasversal, más allá del área de migración. "Yo no quiero que mi partido haga políticas solo por comunidades, no para los bolivianos o marroquíes, pero sí es cierto que en temas como la precariedad laboral o la vivienda, igual que hay un componente de clase o de género también lo hay de raza u origen. Si te llamas Mohammed no tienes las mismas facilidades para que te alquilen un piso que si te llamas Paco".

El asociacionismo, un pilar vital para hacer política

La población que habita en los límites del sistema es la que más dificultades tiene para premiar o castigar con su voto las políticas de un gobierno. "Hay personas que han estado viviendo 10 años en nuestro país, pero los expedientes para la nacionalidad están bloqueados. Hay gente que puede llevar 15 años viviendo en España y no pueden votar", explica Dina Bousselham. En su caso lleva unos 10 años y sus trámites aún no están resueltos.

Mayo también reconoce el asociacionismo como una vía útil para la participación política. "Son un espacio intermedio para canalizar intereses y preocupaciones. Es un derecho fundamental, cualquier persona tiene derecho a asociarse, incluso los que están en situación irregular". También hay otras vías de presión, como las manifestaciones, la difusión y comunicación de ideas, etc. Este año ya ha surgido alguna plataforma que exige un cambio en la ley para hacer que los órganos de gobierno sean más representativos, como la plataforma catalana. VotxTothom.

"Siempre ha existido la opción de dirigirse a los candidatos o a los partidos mediante asociaciones o de manera directa", explica Ramón de Marcos Sanz, que recuerda que en algunas localidades se agrupan personas de la misma nacionalidad para solicitar información, presentar quejas o intentar incidir políticamente.

Por ello, en el caso de la población migrante, el asociacionismo es clave para que sus quejas y reivindicaciones lleguen a los políticos. Estos ciudadanos se organizan para difundir, denunciar y reivindicar sus derechos. La visibilización es fundamental. Por tanto, estos grupos se convierten en especialmente útiles para las personas que no tienen papeles o para aquellas nacionalidades que no pueden votar.

Aunque presentes en el debate público, los inmigrantes piden también incidir directamente en la política con su voto, el derecho más básico de participación, para acabar con el "sobre ellos, pero sin ellos", que los partidos llevan practicando desde siempre.