El Gobierno tropieza con el decreto de vivienda que no convence ni a Podemos ni a la PAH

  • El lunes organizaciones como la PAH o el Sindicato de inquilinos protestaron en las sedes socialistas de Madrid o Barcelona.
  • La regulación de los alquileres es el principal escollo que le encuentran Unidos Podemos, sus socios en el Congreso.

Este lunes, algunos miembros de grupos que trabajan por el derecho a la vivienda, como la PAH o el Sindicato de Inquilinos, esperaban frente a la sede del PSOE en Ferraz a que la dirección del partido entrase a reunirse en la Ejecutiva. Llevaban encima una reivindicación: la regulación de alquileres para desinflar el aumento de precios que hace que, en las grandes ciudades, tener una casa sea un lujo y no un derecho. Lo hacían un día antes de que llegase al Congreso de los Diputados el polémico Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que finalmente ha sido tumbado en el Congreso con los votos en contra de PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC), UPN, Bildu y Foro Asturias.

Este martes era un día marcado en rojo en la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha saboreado su primera derrota parlamentaria desde que ocupa Moncloa. El pleno ha votado ocho reales decretos aprobados en diciembre por el Consejo de Ministros que ahora necesitaban el ‘sí’ de la cámara baja. Dos han sido muy cuestionados: el de vivienda y el de pensiones. El que interviene sobre el alquiler ha levantado ampollas en los movimientos sociales y en Unidos Podemos porque no regula de manera directa el precio de los alquileres.

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El lunes fue una jornada reivindicativa para los movimientos de vivienda. Aunque ya no gocen de tanto eco mediático como años anteriores, siguen acudiendo a reclamar sus derechos a las sedes de los partidos. Ayer acudieron a las sedes del PSOE no solo en Madrid, sino también fueron convocados en Pamplona, Valencia y Barcelona, donde incluso ocuparon la sede del PSC.

La confianza de la PAH en el presidente del Gobierno ha mermado. Tanto él como el ministro Ábalos hicieron grandes declaraciones diciendo que iban a trabajar para que el derecho a la vivienda pudiera ser efectivo y estamos viendo que no adoptan las medidas necesarias”, ha explicado Paco Morote, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) en cuartopoder.es. La plataforma considera que el real decreto hace un “diagnóstico acertado” de la situación, pero se queda corto en las soluciones.

Por un lado, en su preámbulo proclama el derecho a la vivienda como fundamental, resalta el escaso parque público de vivienda social y reconoce “los problemas de falta de coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales”. Pero por otro, no propone medidas para  “forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas”, “no permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas” y “no incluye ninguna posibilidad para aquéllas familias que, tras firmar una dación en pago y alquiler social, al vencimiento del contrato de alquiler, se encuentra con que ya el banco no es el propietario de la vivienda”, tal y como ha explicado la PAH en un comunicado.

En la plataforma son conscientes de la propia debilidad del Gobierno para sacar adelante propuestas ambiciosas, al estar en minoría en el Congreso de los Diputados, pero tampoco ven intención más allá de intervenciones gradiloncuentes. De hecho, se confiesan decepcionados de que al final los socialistas “acaben cediendo a las presiones de los especuladores y los fondos buitre”. Para ellos, la ley de crédito inmobiliario es una prueba.

Negociaciones intensas

El decreto del Gobierno socialista quiso atajar algunos de los problemas que estaban haciendo que muchos ciudadanos se vieran obligados a dejar sus casas, decretando, por ejemplo, la ampliación de tres a cinco años la duración de los contratos. Sin embargo, la necesidad de otras fuerzas en la cámara baja ha hecho que la convalidación se viese amenazada por la falta de apoyo de sus socios en el Congreso, especialmente Unidos Podemos, para quien la regulación de los alquileres era una línea roja. Los socialistas llegaron a la sesión solo con los apoyos atados de PDeCAT, PNV, Compromís y Coalición Canaria.

Pese a que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado en la tribuna que es solo “la primera” medida en materia de vivienda y que se elaborará una nueva Ley estatal de vivienda, no ha logrado convencer a Unidos Podemos ni Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero tampoco a PP. Ciudadanos, Esquerra (ERC), UPN, Bildu y Foro Asturias.

Ni el aumento del 41% del gasto en políticas de vivienda del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en 2019, ni las promesas de que el Gobierno intentará en el futuro frenar los precios parecen satisfacer a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que lleva 10 años paralizando desahucios y siguen viendo cómo las urgencias siguen postergándose.