Refugiados afectados por el Convenio de Dublín ganan la batalla en España

Melilla fue el primer territorio europeo que pisó Shaher (nombre ficticio), en su huida en busca de refugio desde Siria rumbo a Alemania. Sin embargo, al poco tiempo de llegar al país germano recibió una notificación en la que se le aplicaba el Convenio de Dublín, la normativa que obliga a permanecer en el país por el que los solicitantes de protección internacional acceden a la Unión Europea. En este caso, España.

Una vez en Madrid, se vio solo, sin un lugar a donde ir, sin información, sin recursos, sin acceso al Sistema de Acogida para personas Refugiadas. En esa encrucijada, en la que los albergues para personas sin hogar se convirtieron en su único techo, se reencontró con otros chicos jóvenes, procedentes de Siria, Palestina o Yemen, que atravesaban la misma situación.

Este joven de 30 años confiesa que vivieron momentos “muy difíciles”, llegándose a plantear volver a salir de las fronteras españolas. Sin embargo, fue en ese momento cuando se cruzó en su camino un grupo de vecinos y vecinas de Madrid que les ayudó a cambiar de idea. “Nos guiaron, nos informaron de nuestros derechos y deberes como refugiados. Por primera vez sentimos que no estábamos solos y que podíamos luchar por nuestros derechos”, explica Shaher. Y eso hicieron.

Así es como comenzó lo que hoy llaman Refugees Fighting for Rights (RFR), un colectivo formado por familias y jóvenes solos, afectados por el Reglamento de Dublín, que ha contado con el soporte de la Red Solidaria de Acogida, Coordinadora de Barrios y el Grupo de Acción Comunitaria; y que hoy celebran una gran victoria.

“Paso a paso, juntos, ayudándonos y cuidándonos unos a otros, después de un año de lucha hemos conseguido que el Gobierno cambie de decisión para que las personas dublinadas -aquellas afectadas por el reglamento europeo-, puedan volver a los programas de acogida”, aplaude Shaher.

El pasado mes de diciembre, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó dos demandas presentadas por dos jóvenes de este colectivo, que habían sido retornados forzosamente a España desde Alemania y Holanda y a quienes la Administración denegó en varias ocasiones su petición de reingreso en el programa de acogida.

El fallo, al que este medio ha tenido acceso, condena al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por vulneración de su derecho al artículo 24 de la Constitución Española (derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa), ordenando su readmisión en dicho programa destinado a los solicitantes y beneficiarios de protección internacional.

Tras la notificación de estas dos sentencias, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dictado una instrucción por la que establece el derecho de estas personas a reingresar a dicho programa, dando “prioridad” a los “perfiles vulnerables”, de modo que, como reza en un comunicado de la Red Solidaria de Acogida, “se garantice su derecho a una vida digna”.

“Desde el punto de vista institucional supone un paso en favor de los derechos de las personas refugiadas y dar pleno cumplimiento a las directivas europeas en materia de acogida. Pero, además, en el plano personal, supone un salto cualitativo y mejora sustancial y respeto de la dignidad”, manifiesta la abogada Patricia Fernández. A pesar de que este nuevo cambio del gobierno se recibe como “una buena noticia”, la letrada experta en migraciones y derechos humanos, apunta que “aún queda mucho por hacer en materia de reconocimiento de derechos de las personas refugiadas, para que se cumpla el máximo estándar de garantías jurídicas”.

No obstante, este paso se convierte en una bocanada de oxígeno para muchas familias afectadas por la normativa europea. Poco a poco, comienzan a dejar atrás meses de incertidumbre y desgaste emocional en recursos de emergencias que algunos ayuntamientos, como el de Madrid, han puesto a su disposición, ante el espaldarazo del Gobierno o la Comunidad, pero con el “riesgo de cronificarse y no aportar una solución real y adaptada”, según han denunciado en reiteradas ocasiones varios colectivos sociales.

“Estamos muy contentos, mañana nos vamos a Pamplona”, decía Sultana una madre siria, acompañada de sus dos hijas y su marido, horas antes de viajar a Pamplona donde se han incorporado a la segunda fase o fase de integración que administra el Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.

Atrás dejan meses de incertidumbre y vulnerabilidad en el Centro de Acogida de San Roque, un espacio del Ayuntamiento de Madrid gestionado por ACCEM, pero que sus precarias instalaciones recuerdan a una réplica en menor escala de los campos de refugiados en Grecia o Líbano.

“Necesitaba medicamentos para mi hija [padece Asperger] y nos dijeron que nos los costeáramos nosotros, que nos buscáramos la vida”, se quejaba Sultana con amargura el pasado verano, rodeada de otras familias que unían sus voces para denunciar las deficiencias en el acompañamiento, la falta de higiene, la escasez de alimentos y recursos básicos como el papel higiénico o el hecho de compartir un baño para 30 personas; en el centro.

Sultana, Shaher y tantos otros, celebran recoger los frutos de su lucha, que se ha materializado con la nueva instrucción del Ministerio. Pero, ante todo, esperan que este sea un paso decisivo para concluir pronto su periplo de supervivencia y dar paso a la vida autónoma y en paz que buscaban en Europa, lejos de las bombas en Siria.