Las conclusiones (en vano) de la comisión parlamentaria de la caja B del PP

  • Entre los hechos que desvela la documentación reunida por los distintos partidos políticos, se vislumbran las trabas que el Partido Popular puso en las sesiones desde su inicio
  • La corrupción "no podía haberse ejecutado sin el conocimiento y consentimiento de los Presidentes y Secretarios Generales tanto a nivel nacional como autonómico", se desgrana

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El Congreso de los Diputados ha cerrado en falso la comisión parlamentaria sobre la caja B del Partido Popular. Una comisión que comenzó su andadura en el mes de mayo de 2017 y que se ha disuelto, además, sin acuerdo en las conclusiones entre los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, los grupos políticos participantes sí han elaborado documentación sobre los casi dos años de comisión antes de su eliminación. Entre los documentos, los de PSOE y Ciudadanos, a los que ha accedido cuartopoder.es. Estas son las principales conclusiones y sesiones derivadas de la comisión parlamentaria sobre la caja B del PP.

En los hechos que desvela la documentación reunida por los distintos partidos políticos, se vislumbran las trabas que el Partido Popular puso en las sesiones, desde su inicio. En concreto, en la sesión del 7 de junio de 2017, menos de un mes después de su creación, el Grupo Parlamentario Popular afirmó que "le resultaba imposible presentar un plan de trabajo coherente y formular peticiones de documentos y comparecencias sin antes conocer el objeto específico de la Comisión, señalando que era necesario concretar los hechos y conductas objeto de investigación, así como el ámbito institucional y temporal y los extremos sobre los que debían informar los comparecientes", se desliza en los documentos.

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Mariano Rajoy, a las puertas de la declaración

La comisión se cierra sin conclusiones y, también, sin la comparecencia solicitada de Mariano Rajoy. La documentación facilitada por Ciudadanos recoge el acuerdo tomado por la Mesa por el que "Mariano Rajoy Brey comparecería en último lugar, en su calidad de presidente del Partido Popular (2004-2018) durante los años objeto de estudio por parte de la Comisión, es decir, durante los años en los que presuntamente tuvo lugar la financiación ilegal del Partido Popular". Sin embargo, un acuerdo tomado por el PSOE y Partido Popular vetó la comparecencia de Rajoy ante la comisión.

Los documentos facilitados por Ciudadanos y PSOE coinciden en algunas de las conclusiones derivadas del proceso de investigación. Conclusiones que quedan encerradas en los cajones de las distintas formaciones políticas puesto que no hay acuerdo entre los partidos para cerrar la comisión.

Las formaciones políticas coinciden en que, tras los dos años de comisión de investigación, queda probado el sistema de "corrupción institucional" o "empresa criminal conjunta" creada con el objeto de "financiar irregularmente los gastos ordinarios y electorales del partido y de abonar sustanciosos sobresueldos a sus dirigentes".

Otra de las conclusiones habidas en los informes tanto de PSOE como de Ciudadanos es la existencia probada "de una caja B", cuya financiación irregular financió "a la organización central como a numerosas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

Los documentos prueban la connivencia que existió entre los cargos del Partido Popular y los Presidentes y Secretarios Generales. La corrupción "no podía haberse ejecutado sin el conocimiento y consentimiento de los Presidentes y Secretarios Generales tanto a nivel nacional como autonómico", se puede leer en la lista de conclusiones del PSOE.

Por último, en las distintas sesiones se desgrana la existencia de una financiación "ilegal de las campañas electorales con sobrefinanciación electoral que superó los límites legales establecidos". Añaden que se trata de "una cantidad de fondos no fiscalizable y no declaraba, que conducía a una desigualdad manifiesta en la competición electoral y menoscababa la calidad de la democracia española".

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