El riesgo de usar la Constitución como arma electoral

"Hablan de la Constitución y dicen que no somos constitucionalistas, ¿por qué? porque lo dicen ellos". Así respondía el presidente Pedro Sánchez el pasado 16 de marzo al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que unos días antes le había expulsado de este bloque en una entrevista en TVE en la que fue preguntado por Vox. Los expertos consultados ven "riesgos" en que la Carta Magna, que fue diseñada "para todos", ahora se convierta en un texto cuya defensa se arrogan unos pocos: "Los líderes hoy hacen una interpretación mucho más restrictiva de la que en su día hicieron los padres de la Constitución".

La deriva del independentismo catalán hizo que el uso del término "constitucionalista" se disparara en los discursos políticos y en los medios para meter bajo esa definición a PP, PSOE y Ciudadanos, los defensores de la aplicación del artículo 155 en Catalunya. Aunque ese primer bloque ya dejaba fuera a Unidos Podemos, con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, Rivera también pretende expulsar a los socialistas, mientras Pablo Casado califica al presidente como "traidor" o "felón".

"No hay nada más anticonstitucional que utilizar la Constitución como arma electoral", reflexiona Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional e Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad del País Vasco. Este experto escribió en 1996 una tribuna en el que hablaba, precisamente, del "sentimiento constitucional", que describía entonces como una "adhesión íntima a las normas e instituciones fundamentales de un país", un pegamento nacional efectivo.  "Sin sentimiento constitucional, la Constitución, como realidad integradora, corre el riesgo de perecer", defendía ya.

Volviendo a 2019, expulsar a cada vez más partidos del autodenominado "bloque constitucionalista" no parece la mejor idea para defender la Constitución. "El famoso consenso constitucional intentó que todos los partidos fueran constitucionalistas. Otra cosa es que con el paso del tiempo haya fuerzas políticas que se hayan excluido . En Catalunya se derogó al Constitución, por tanto, los partidos que lo hicieron no van a decir que son constitucionalistas", explica el profesor sobre la proclamación unilateral de la República Catalana el pasado 27 de octubre de 2017, cuyos efectos fueron suspendidos inmediatamente. Sin embargo, lo que Tajadura no ve razonable es que se sitúe al PSOE, que apoyó al Gobierno en la aplicación del artículo 155, fuera del grupo constitucionalista: "La intención electoral no es una justificación".

El PSOE, a través del 'padre' Gregorio Peces-Barba, fue uno de los partidos que participó en la redacción de la Carta Magna en 1978. En ese momento, se vio como una ventaja que un mismo texto fuera capaz de congregar a los representantes de UCD, de Alianza Popular, de los comunistas de Jordi Solé y de los nacionalistas catalanes de Miquel Roca. El PNV se abstuvo de la votación, aunque después apoyaron el Estatuto de Autonomía del 79 y han jugado un papel clave en las legislaturas de los gobiernos españoles. En definitiva, la carta magna se diseñó para darle a España un marco estable para gobernar una pluralidad que hoy, después de las tensiones creadas, se ve como un hándicap.

Así también lo defendía el PSOE de Felipe González cuando pidió el 'sí' en el referéndum posterior: "Los socialistas pedimos el sí. No pedimos un sí a nuestro partido, sino la participación de todos los ciudadanos en la construcción de un texto que es para todos, incluso para los que no les gusta, pero esa es la grandeza de la democracia, que defiende incluso a quienes la atacan", apuntaba el joven líder en un mitin de la campaña de diciembre de 1978.

Las reglas del juego: el verdadero límite

González hacía referencia implícita a dos características que José María Morales, catedrático de la Universidad de Sevilla, cree que delimitan el terreno de juego constitucionalista. La primera, la capacidad del texto constitucional para consagrar la pluralidad política: "En nuestro sistema constitucional incluso aquellos partidos que quieren cambiar la Constitución o establecer otro régimen no pueden declararse ilegales, siempre y cuando actúen respetando las reglas". EN 1978, España optó por un sistema que no contempla, por ejemplo, la "democracia militante" alemana que sí permite la ilegalización de partidos políticos que atenten contra la Ley Fundamental. El Tribunal Constitucional español ha recalcado en varias ocasiones esta diferencia cuando resurge el debate sobre la ilegalización de partidos.

La segunda característica a la que apunta el catedrático es su carácter integrador, necesario para mantener unido un país tan plural como España: "Entre sus funciones está integrar al mayor número de personas, dentro del marco de un estado pluralista. La base del consenso es que acoja al mayor número de ciudadanos que, aunque no les guste el texto, acepten como suyas las reglas", explica el experto. En la citada jornada de diciembre de 1978, Adolfo Suárez se lo explicaba también a los españoles que votaban una Carta Magna que "acoge para el porvenir a quienes han levantado su voz para formular críticas o para manifestar su radical desacuerdo".

El riesgo de desafección

La Constitución de 1978 quiso poner punto y final a una historia llena de interrupciones: "Las constituciones anteriores se imponían por una parte política del país a otra. Con el tiempo, no evolucionaron suficientemente bien y acabaron fracasando", explica el profesor de la Universidad de Sevilla. Durante los 40 años de democracia, solo la violencia de ETA consiguió que los partidos demócratas de todo signo y tendencia intentaran trazar un cordón político contra la banda, una circunstancia muy lejos de la actual.

Los intentos de Rivera y de Pablo Casado por retratar a un partido socialista fuera del marco constitucional proceden de algo mucho más mundano: la batalla electoral. Sin embargo, los expertos alertan de que las declaraciones políticas pueden tener efectos en la opinión pública: "Apropiarse de la Constitución y utilizarla para beneficio propio por motivos de confrontación política puede dar lugar a que haya mucha gente que sienta que no cumplen esas condiciones que pone Rivera para identificarse como constitucionalista. Esto puede crear desafección y desconexión", explica  Morales.

Si los millones de personas que representan los votos de PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas se sitúan fuera de la Constitución, es lógico que quieran buscar otro "orden de convivencia". Esto incluye a todos los elementos del sistema: ¿Beneficia a la Corona que se vea vinculada con un espectro concreto del sistema político? Reflexiona el experto.