Las negociaciones por el gobierno copan protagonismo en el Día de la Constitución

El tiempo se ha encargado de demostrar que la nuestra es una “Constitución chicle”. Pese a las sentencias del Tribunal Constitucional –alguna tan grave como la que se cargó el último Estatut de Catalunya tras haber sido refrendado por la soberanía nacional en las Cortes y por un referéndum en la propia Comunidad Autónoma-, la Carta Magna es una Constitución que puede estirarse por aquí o hacia allá, que incluso sirve para hacer globitos con alevosía veraniega como la modificación del artículo 135 sobre el techo de gasto por PSOE y PP, y que no se rompe (o, cuando menos, nadie se llame a arrebato por ello).

Y ese es el eje de la negociación que Pedro Sánchez mantiene con ERC para su investidura. Todo puede ser negociado dentro de la Constitución. Y si no, que se lo digan a Pablo Iglesias que ahora siempre tira de la Carta Magna en las campañas electorales aunque interpretándola como hizo la izquierda cuando se aprobó en 1978. Por ejemplo, haciendo referencia a los artículos que permiten al Ejecutivo intervenir en temas económicos en defensa del interés general, algo en lo que se empeñó al final Alfonso Guerra en su duelo entre bambalinas con el vicepresidente de UCD Fernando Abril Martorell cuando el texto casi estaba cerrado y que logró arrancarle a regañadientes.

O acomodando el espíritu a la letra de acuerdo con el consenso inicial que guió a los padres del consenso hasta el punto de que el secretario general de Podemos puede lucir un estudio jurídico que permite hacer un referéndum constitucional para que Catalunya y otras “nacionalidades” como la vasca, la gallega o la andaluza puedan ejercer el derecho a decidir.

Ni Sánchez ni sus segundos ocultan que la Constitución es el límite y que podrá hablarse de todo tras la investidura cuando se cree una mesa de partidos semejante a la que hay en el Parlament de Catalunya, partiendo del acuerdo de Pedralbes que reconoce el carácter de conflicto político que tiene lo ocurrido en esa Comunidad Autónoma. Por eso el presidente en funciones insiste en que el acuerdo con ERC sobre su abstención en la investidura -si se alcanza finalmente- será constitucional y público. Pero, más allá del loable ejercicio de empatía que viven los negociadores del PSOE y de ERC, tanto Sánchez como Iglesias empiezan a mostrar su preocupación por la estrategia dilatadora de los seguidores de Oriol Junqueras, tan lamentable e inexplicablemente condenado a prisión junto a otros líderes independentistas del procés.

Los máximos responsables de PSOE y Podemos consideran que no se pueden aguantar dos meses de negociaciones en los que no se alcancen resultados concretos. Dos meses quedando y viéndonos ¿para qué?, se preguntan algunos negociadores que temen que las falsas noticias crezcan como bola de nieve en el Himalaya aprovechando la discreción que el propio Sánchez considera “un principio esencial”. Las cosas se pudren, dicen en Madrid, y los tiempos importan mucho y son acelerados. Sobre todo, si se añade que la irrupción de Vox embarra más la cosa en España y, especialmente, en Cataluña.

Eso es lo que piensa también Podemos, pero añadiendo el matiz de que el retraso puede ayudar a presiones de la derecha fáctica para que el PP acabe absteniéndose y se rompa el acuerdo de Gobierno progresista porque están seguros de que no va a haber terceras elecciones generales.

Socialistas y “uperas” dicen comprender que ERC tenga miedo a dar un giro que les pueda penalizar electoralmente, sobre todo si Carles Puigdemont decide un adelanto electoral sorpresivo cuando le convenga, en breve. Reconocen que ERC tiene un público al que dirigirse y ponen en valor que quieran dejar de invertir en frustración, atribuyéndole el mérito de reconocer que la unilateralidad es una vía fracasada. Además, comprenden que Junqueras tiene muchos adversarios. Incluso más de los reconocidos. Por ejemplo, los ex Convergentes que quieren volver a asumir el papel negociador con Madrid y se resisten a dejar que ERC se apunte el tanto de la interlocución con el Gobierno central. Es más, aseguran que es loable el ejercicio de empatía de los republicanos catalanes y hasta destacan que, ya en la primera reunión, los negociadores decidieron utilizar un lenguaje que no les hiciera daño ni a unos ni a otros y no usar “pantallas pasadas”, en expresión de los catalanes.

Incluso temas como la amnistía y el derecho de autodeterminación son tabús. Aunque se dejan para la futura Mesa de Partidos que se constituya en las Cortes (todavía no se sabe si en el Congreso o el Senado, aunque todo apunta que será en la Cámara Baja). Es más, ERC, de momento, ni siquiera está planteando en la mesa, dicen, ni la autodeterminación ni la independencia, aunque son metas irrenunciables para ellos.

También comprenden que lo que se acuerde tiene calado y los socialistas señalan que no les merece la pena sacar una investidura para entrar en una situación infernal. Porque sin Presupuestos no hay estabilidad. A lo que añaden que, si no hay investidura, no hay negociación ni de Presupuestos ni de nada. En fin, que PSOE y UP piden que ERC no vaya al paso acelerado. Pero sí corriendo.