INFORME FELGTB

Cinco comunidades sin ley: la protección “desigual” de los niños trans en las aulas españolas

  • Con motivo de la vuelta al cole, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) analiza las distintas legislaciones que protegen a la infancia y juventud trans
  • Navarra o Aragón son las comunidades que cuentan con más medidas
  • En Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Ceuta y Melilla los menores trans no tienen ningún tipo de protección establecida por ley

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Con motivo de la vuelta al cole, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes un informe en el que compara las distintas legislaciones entre las distintas comunidades autónomas que protegen derechos de infancia y juventud trans. Mientras Navarra o Aragón son de las regiones más avanzadas, aún hay cinco comunidades autónomas que no disponen de legislación específica vigente para las personas LGTBI: Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Principado de Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En las conclusiones adelantadas del informe, titulado Realidad del alumnado trans en el sistema educativo, llama la atención sobre las desigualdades en el reconocimiento legislativo de derechos entre el alumnado trans español de distintas regiones. Aún así, solo analiza la existencia de las legislaciones, pero no su grado de cumplimiento. "Queríamos poner de manifiesto la necesidad de una ley estatal que proteja a todo el colectivo y también conocer las buenas prácticas", explica el coordinador de Educación de la FELGTB, José Luis Ferrándiz.

En el informe ejecutivo, se concluye que "el alumnado trans, o disconforme con las normativas de género, vive una problemática compleja en el entorno educativo a la que, hoy por hoy, no se está dando una respuesta plena y satisfactoria", es decir, que no se garantizan aún de manera plena los derechos fundamentales. El documento considera que, pese a que, "España ya dispone de un cuerpo legal abundante que va a creciendo año a año", las normativas autonómicas son "desiguales, generan diferencias entre comunidades, no están implementadas (faltan reglamentos, protocolos, organismos de participación, etc.), son muy desconocidas y no son completas".

Además, el documento incide en una "buena noticia": el cambio social ya está en marcha, aunque algunos territorios vayan rezagados en materia legislativa: "La visibilidad que hoy tienen las personas trans en la infancia y la adolescencia permite que todos los cambios que se están produciendo se hagan con el apoyo y la comprensión de la mayor parte de la sociedad, especialmente de la juventud", asegura el documento.

El responsable de Educación pone el acento en la necesidad de que haya una ley estatal que no deje desamparado a ningún niño, ni los desiguale por territorios: "Estamos hablando de personas que viven una experiencia compleja y multidimensional que requiere protección legal", asegura Ferrándiz.

Aunque el documento asegura que en la gran mayoría de Comunidades Autónomas se reconoce el "derecho a la libre autodeterminación de género sin necesidad de aportar informe médico o psicológico
alguno que acredite su circunstancia", en Canarias y Galicia aún no lo contemplan. Si hablamos de la falta de un régimen sancionador que haga cumplir la ley, a estas dos comunidades hay que sumarle el País Vasco. "Es importante que la ley obligue y que quien la contravenga tenga consecuencias", explica Ferrándiz sobre el peligro de que las normas queden en papel mojado.

Gráfico: leyes que protegen a los alumnos trans en los coles

 

 

 

 

 

 

El informe también aprovecha para insistir en una legislación estatal que permita el cambio de la mención registral del sexo de "una manera sencilla, rápida, sin requisitos abusivos y sin connotaciones patologizantes, es decir, basada en la autodeterminación de género".

En cuanto a las acciones dentro del aula, el informe insiste en que hay que incorporar "diseños integrados de estrategias de intervención y atención que incluyan un enfoque multiprofesional y coordinado". Esto implica contar con toda la comunidad educativa, desde las familias a los equipos del centro, que debe tener "una correcta e imprescindible coordinación con servicios sociales y organizaciones externas".

El informe también pide a las administraciones públicas que hagan un "mayor esfuerzo para la formación a través de las AMPA y espacios de educación no reglada, como de prestarse especial atención al diseño, distribución y accesibilidad de materiales pedagógicos específicos y de apoyo".

Otro de los apartados a mejorar en la parte educativa es, a juicio de los autores del informe, "la ausencia de mecanismos de seguimiento, evaluación y redimensionamiento de los instrumentos de intervención" que garantice que los recursos funcionan bien y que sirven para apoyar a este alumnado.

Las conclusiones del informe también ponen en valor las alianzas entre administraciones y las organizaciones, que aportan su experiencia e información para difundir y sensibilizar en los centros. Además, también piden no "minusvalorar la importancia vital" de los referentes reales, en los que los alumnos y alumnas se vean reflejados y que sirvan de apoyo "en el desarrollo de la personalidad de las personas trans menores".

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