El Espacio Vecinal de Arganzuela planta cara a Almeida en el juzgado y en la calle

  • El  Espacio Vecinal de Arganzuela ha convocado una manifestación este domingo para impedir que el Ayuntamiento les desaloje el lunes 8
  • Han presentado un recurso contencioso-administrativo pidiendo medidas cautelares para evitarlo
  • Recuerdan que aún siguen proporcionando alimentos a 90 familias afectadas por la crisis de la covid-19

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"Agotar las vías de lo legal". Ese es el objetivo que se puso el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) cuando el Ayuntamiento de Madrid les comunicó que no renovaría la cesión del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, que se les concedió en 2017. No ha importado que durante estos cuatro años se hayan desarrollado "más de 400 actividades gratuitas" en el espacio vecinal, que unas 20.000 personas hayan participado en ellas o que en el momento de mayor incertidumbre de la pandemia, de mayo a julio de 2020, consiguieran alimento para 230 familias. Si nada lo impide, el lunes 8 de febrero tendrán que entregar las llaves. Pero tienen una estrategia de resistencia. Presentaron un recurso-contencioso administrativo contra el consistorio que fue admitido a trámite el martes y este domingo han convocado una manifestación para defender defender "un modelo de ciudad participado y democrático"

El plazo vence el lunes. Por eso, el domingo apurarán las horas para reivindicar que EVA es un espacio que ha logrado dinamizar el barrio: "Vimos carencias y empezamos a trabajar", recuerda Sacri García-Rayo, vecina de Arganzuela y participante del espacio, sobre los primeros trabajos de los colectivos. La manifestación del fin de semana es el último episodio de una escalada de movilización para que el espacio siga abierto. Han realizado campañas, recogido 19.000 firmas y contado con personalidades destacadas del mundo de la cultura, como el Gran Wyoming o Rozalén.

El EVA también presentó un recurso en el juzgado de lo contencioso-administrativo 31 de Madrid, en el que solicitó medidas cautelares. Ahora el Ayuntamiento de Madrid tendrá que presentar alegaciones, pero Sacri  García-Rayo sí confía en que la Justicia paralice el desalojo debido al excepcional momento de la pandemia y al servicio público que hacen, repartiendo alimentos o ropa. Si logran conseguir la paralización, el Ayuntamiento "en principio" recurrirá, tal y como ha explicado el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Lo que más preocupa a los colectivos que forman este espacio son las familias con menos recursos, con la vista puesta a las desastrosas consecuencias que trae y traerá el covid-19 para muchas de ellas. Desde EVA aseguran que su despensa solidaria aún reparte cestas semanales a más de 90 familias: "El colmo es el momento que estamos, en plena pandemia. En julio les mandamos un listado de todas las familias a las que habíamos atendido y muchas aún siguen viniendo", asegura Sacri García-Rayo sobre las carencias alimentarias que han cubierto las redes vecinales.

Una "estrategia de acoso"

Las redes vecinales han sido fundamentales en algunos barrios durante la crisis de la covid-19. En muchos, los colectivos se organizaron rápidamente para atender las necesidades urgentes de las familias a las que los ayuntamientos no llegaban. A EVA le preocupa que ese tejido se destruya durante la legislatura: "No quieren espacios participativos donde se cree pensamiento y participe la ciudadanía", advierte Sacri García-Rayo, que no duda en calificar de "estrategia de acoso" la actitud del consistorio que capitanea Martínez-Almeida respecto a los colectivos vecinales.

Denuncian que el Ayuntamiento no les ha dado ninguna facilidad ni ha mostrado interés alguno por el trabajo que se realiza en el espacio. Sospechan que, ante la imposibilidad de acabar con la cesión por incumplimiento, Martínez-Almeida simplemente esperó a que llegase el fin de la cesión. "En noviembre les mandamos una carta. No nos contestaron. En el momento en el que salió en la web, nos llamaron para ir a la reunión", recuerda Sacri García-Rayo sobre el primer y único encuentro con el consistorio, que tuvo lugar el 22 de diciembre.

Se quejan de que nadie del Ayuntamiento se ha acercado al espacio y tampoco se creen que la no renovación se produzca por la "necesidad de ampliación de la base del SAMUR social", como ha argumentado el alcalde. "Existe otra ala gemela disponible, por lo que la convivencia de ambas actividades es factible", asegura en un comunicado la asociación. Según García-Rayo, tampoco se les ha ofrecido ningún lugar alternativo.

La EVA es una pieza más del dominó social que el Ayuntamiento ha empezado a tirar. Temen que el próximo sea Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí. Su historia es parecida. En 2017, 16 colectivos consiguieron una cesión de un local en Bravo Murillo por cuatro años "prorrogables". En marzo llega a su fin y temen que también acabe en desalojo.
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