Más de mil profesores de universidad, pendientes del caos de la ANECA

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Estudiantes sentados en las escaleras de acceso a la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. / Efe

Desamparados y con una incertidumbre de caballo. Así se hallan cientos de profesores de universidad, debido a los cambios de criterio y valoración introducidos, vía decreto, por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), encargada de certificar su capacidad docente e investigadora. El desaguisado es de tal calibre que el dirigente de Izquierda Unida (IU) Alberto Garzón ha presentado un texto articulado en el Congreso, intentando ayudar al ministro Iñigo Méndez de Vigo a aplicar unos criterios más acordes con la realidad en la investigación y la docencia universitaria. Sin negar la inquietud docente, la dirección de la ANECA, de cuyas certificaciones dependen las contrataciones y la carrera de investigadores y profesores, se esfuerza en rebajar la tensión.

Desde la suspensión del sistema de acreditación que venía funcionando en los diez últimos años se encuentran paralizadas más de 900 evaluaciones para la acreditación como profesores titulares y catedráticos de universidad. Este dato, correspondiente a mayo pasado, ha sido corroborado por los tres sindicatos con mayor representación en la enseñanza (CCOO, UGT y CSIF) y figura en la exposición de motivos de la proposición no de ley de Garzón y sus compañeros del grupo de Unidos Podemos (UP), Miguel Ángel Bustamante y Joan Mena. Se comprenderá la incertidumbre del personal docente e investigador al que se exige la acreditación de la ANECA para mantener sus contratos y avanzar en la carrera docente, si se tiene en cuenta que la falta de respuesta al cabo de seis meses tiene carácter desestimatorio.

Los criterios y la valoración de los méritos investigadores y docentes han sido perfectamente desconocidos hasta hace diez días y chocan con la realidad educativa e investigadora de la universidad española

El nuevo director de la ANECA, José Arnáez Vadillo, intenta rebajar la tensión con el argumento de que concedió a finales de junio pasado dos meses más de plazo a los solicitantes de acreditación para que puedan acogerse a los nuevos baremos de evaluación. Se da la circunstancia de que los criterios y la valoración de los méritos investigadores y docentes han sido perfectamente desconocidos hasta hace diez días, no se han sometido a consulta de los sindicatos del personal docente y chocan con la realidad educativa e investigadora de la universidad española. En una reunión con los representantes sindicales, la dirección de la ANECA (organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación) se limitó a enumerarlos de viva voz. Con todo, un portavoz del director Arnáez Vadillo aseguró a cuartopoder.es que el retraso no pasa de siete meses y que las comisiones de evaluación comenzarán a emitir las certificaciones en septiembre.

A esta situación se añaden los recursos y reclamaciones sin resolver. En el Programa de Evaluación del Profesorado para la Contratación, conocido con las siglas PEP, hay 232 recursos pendientes de resolución, y en el conocido como ACADEMIA, de acreditación para los cuerpos docentes universitarios (profesor titular y catedrático de universidad) se contabilizan 6 recursos y 36 reclamaciones. La explicación ofrecida por la ANECA es que con la entrada en vigor de los Estatutos de la Agencia desaparece la Comisión de Garantías y Programas, que hasta ahora resolvía los recursos, y sus competencias pasan a la Comisión Asesora de Profesorado, que todavía no se ha constituido. “Esperamos que los recursos pendientes puedan resolverse en el plazo aproximado de tres meses”, añade el portavoz.

Detrás de ese muro burocrático aparece la cuestión de fondo, unos baremos desequilibrados que otorgan mucho más valor a la investigación que a la docencia. El texto de IU advierte sobre la “perversión” del sistema de acreditación impuesto, ya que prima los méritos de investigación cuantificables y ‘comercializables’ en índices de impacto. “Esto no sólo privilegia a las empresas multinacionales que gestionan esos índices, sino que devalúa la docencia y convierte la investigación en una carrera competitiva donde es fácil perder el sentido último de por qué se investiga”. La proposición plantea la inmediata creación de un nuevo sistema público y abierto de evaluación de la producción científica.

Las universidades han perdido 1.213 millones de euros entre 2010-2014 a causa de los recortes presupuestarios, se han eliminado 3.486 puestos de personal docente e investigador

El desequilibrio se acentúa porque, según explica Garzón, al tiempo que se lanza al profesorado el mensaje de que abandone la labor docente para centrarse en conseguir los “durísimos méritos investigadores” que les exigimos para optar a la acreditación, no hay recursos económicos para investigar. La financiación de la investigación se ha reducido un 24,6% de promedio desde 2008 (aunque la producción científica de las universidades ha aumentado), las universidades han perdido 1.213 millones de euros entre 2010-2014 a causa de los recortes presupuestarios, se han eliminado 3.486 puestos de personal docente e investigador y 4.068 de personal de administración y servicios, y las plantillas de profesorado están al nivel de 2006 (datos de la Conferencia de Rectores).

Ahora, con los nuevos criterios de la ANECA “se truncan las posibilidades de promoción y de carrera docente de buena parte del actual profesorado laboral y de los jóvenes investigadores”, subraya la iniciativa de UP antes de pedir la reconsideración de los baremos de acreditación y de apostar por un sistema equilibrado entre docencia e investigación, más participativo, abierto y transparente. De lo contrario, seguirá el deterioro de las condiciones laborales del profesorado universitario y el incremento de las figuras precarias y temporales junto al tronco jerárquico habitual.

Para el catedrático Román Álvarez, exdecano de la Facultad de Filología de Salamanca y antiguo comisionado de la ANECA, la proposición de Garzón refleja el malestar expresado por amplios sectores docentes y pone de relieve la necesidad del pacto de Estado por la Educación desde la enseñanza primaria a la superior. No coincide con el sentir de que la finalidad fundamental de la Educación superior sea la docencia. “La universidad es docencia, pero no solo eso. La universidad ideal sería aquella en la que el docente enseñe aquello sobre lo que investiga (o ha investigado). Ambas vertientes son inseparables. Lo que hace falta es acomodar un equilibrio entre las dos”.

En su opinión, la proposición del dirigente de IU es algo tan razonable como que se deben establecer unos criterios claros y definidos sobre la carrera docente universitaria y no cambiar las reglas del juego a cada poco, como se ha venido haciendo últimamente desde la ANECA. Unas veces los criterios para acceder a los distintos estamentos (funcionariales o no), es decir, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Titular y Catedrático, han sido muy laxos y otras veces los han puesto disparatadamente complicados. Como en la normativa anterior con respecto a las cátedras, por ejemplo.

“En el plazo de cinco años un montón de gente de mi quinta y quintas aproximadas, nos jubilaremos, y hay departamentos que se van a quedar en cuadro”

Para este profesor elegido democráticamente decano de su facultad hasta agotar el tercer mandato consecutivo, “los jóvenes investigadores (que los hay muy buenos), tienen derecho a saber cuáles son los carriles por los que ha de circular su “cursus honorum” en la universidad. Qué se va a valorar y cómo. En resumidas cuentas, saber a qué atenerse. Y la universidad necesita eso también de cara a la actualización de sus plantillas. En Salamanca, por ejemplo, en los últimos años hemos perdido casi 300 “numerarios” (titulares y catedráticos), y apenas ha habido reposición. En el plazo de cinco años un montón de gente de mi quinta y quintas aproximadas, nos jubilaremos, y hay departamentos que se van a quedar en cuadro. Formar a un buen filólogo no es tan complicado, ni tan costoso como formar un médico especialista o un investigador del Centro del Cáncer o del Instituto de Neurociencias, pongamos por caso”.

“Pero volviendo al principio –concluye– coincido con la exigencia de que los criterios de ANECA sean transparentes, razonables, que tengan en cuenta la docencia, la investigación y también la gestión. Que todo el mundo sepa a qué atenerse y que no se cambien las reglas del juego a mitad de partido. Si queremos una universidad de excelencia, hay que aplicar unos criterios de excelencia, pero sin olvidar las circunstancias concretas en las que nos movemos en el panorama universitario español, donde se nos pide que compitamos con las excelentes foráneas que multiplican por mucho sus presupuestos en comparación con los nuestros de miseria. Cuando se habla de rankings hay que advertir que se nos pone en la parrilla de salida con un Ford Fiesta, mientras que los otros disponen de bólidos de Fórmula 1. Y a correr se ha dicho”.

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