El Gobierno defiende la muerte de los toros por motivos culturales

Sin la muerte del toro en el ruedo no hay cultura taurina. No sólo eso: sin el sangrante sufrimiento del astado hasta ultimarlo con la espada y rematarlo con el verduguillo ni siquiera hay "patrimonio cultural de la humanidad". Es la respuesta del Gobierno nacional de Mariano Rajoy al diputado de EQUO-Unidos Podemos, Juan Antonio López de Uralde. El escrito gubernamental lleva fecha de 8 de marzo y viene cargado de tan solventes y sólidos argumentos legales que hasta el Tribunal Constitucional acaba de poner en duda y cuarentena al admitir las corridas de toros sin la muerte de la res, como dispone la ley del Parlamento de Baleares y, de hecho, ocurre en Nimes y en otros cosos de la República francesa.

Los argumentos del Ejecutivo central (y centralista) en defensa del sacrificio sangriento de los toros en los ruedos consisten en que la ley de 2013, aprobada con la mayoría absoluta del PP, para regular la tauromaquia como "patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional", declara "el deber" de la Administración General del Estado de "tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones". Por si fuera poco, la ley de 2015 sobre la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), en el que se incluyen los festejos taurinos en general, obliga a todos los poderes públicos a acomodar sus actuaciones a "la sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales, evitándose las alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos culturales".

A partir de ese refuerzo legal de la otrora llamada "fiesta nacional", el Gobierno --los ministros del Interior, Ignacio Zoido, y de Educación Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, competentes en este caso-- sostiene que "ninguna Comunidad Autónoma puede prohibir la celebración en su territorio de las distintas manifestaciones que se integran en la Tauromaquia" (La ley de 2013 fue posterior a la abolición de las corridas en Cataluña). Y tampoco ningún parlamento autonómico puede "establecer alteraciones cuantitativas y cualitativas de los elementos culturales de las manifestaciones del PCI".

Quiere decirse que si los toros bravos no fueren picados en el lomo con la lanza a caballo, mortificados con los tercios de banderillas y sableados (incluso en el vientre, por no mencionar a Curro Romero) hasta rodar por los suelos, la tauromaquia dejaría de ser culta o, si se prefiere, perdería su impronta cultural e incluso, siempre según el Gobierno, podría dejar de ser considerada patrimonio cultural inmemorial de la humanidad. Y eso si que no. De ahí la reacción de Rajoy y sus subordinados, apelando al Tribunal Constitucional para que anule la ley aprobada el 3 de agosto de 2017 por el Parlamento de las Illes Balears, que prohíbe el castigo y la muerte de los toros en los ruedos. Argumentaba el Ejecutivo que ningún toro debe salir vivo de la plaza y aducía que la disposición insular vulneraba la competencia del Estado consagrada en los artículos 149.2 y 149.1 de la Constitución.

El alto tribunal, que ya en 2016 anuló la ley catalana, admitió el recurso de La Moncloa y suspendió la ley balear, pero después de cinco meses se ha percatado de que no es lo mismo prohibir las corridas de todos en Cataluña que no castigarlos y matarlos en Baleares. Y el 23 de marzo pasado levantó la suspensión de la ley balear, con lo que en las Illes, los morlacos volverán a los corrales como entraron, aunque un poco mareados. De momento se ha suspendido la corrida con sangre, programada para el 1 de abril en Inca. Entiende el TC que "no basta con invocar la existencia de perjuicios", sino que "hay que demostrarlos o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos". Y anima a la abogacía del Estado a aplicarse a hacerlo.

¿Cuál será la argumentación contra los toros sin sangre? ¿Qué ancestrales normas y gustos invocarán desde las sedes palatinas para sustentar la pervivencia de la "cultura" de la crueldad? A la espera de las nuevas argumentaciones contra la ley balear, lo único cierto sigue siendo aquella encuesta (2016) de Ipsos Mori para World Animal Protection que indica que el 58% de los españoles entre 16 y 65 años se opone a las corridas de toros y refleja que el 84% de los jóvenes españoles no están orgullosos de vivir en un país taurino. Esto no quita para que el TC deba resolver, aunque, como se quejaba el periódico monárquico y derechista ABC, "lo malo es que la resolución puede tardar varios años".

Al hablar del Imperio Romano, en el siglo II, refería nuestro filósofo Jesús Mosterín las carnicerías de fieras en el Coliseo y la expansión del gusto de la plebe romana a las provincias, donde las aristocracias locales construyeron teatros, anfiteatros y circos bajo el influjo y el prestigio capitalino. Y añadía Mosterín: "Quizá antes de rasgarnos las vestiduras ante el sádico gusto de la plebe romana, debiéramos pensar en el grosero gusto de la chusma taurina española, que se reúne en las plazas de todos a gozar con el espectáculo cruel de la tortura y la muerte pública de unos animales inocentes, amenizado muy de vez en cuando por la herida del mequetrefe que los martiriza" (Mosterín: Roma. Madrid (2007): Alianza Editorial).