2-O: alguien pagará esta factura

Finalizada la fiesta de la vergüenza, uno de los días más negros en la historia de Cataluña y de España, todavía conmocionados por la dureza de las imágenes de un país que parece que ha llegado al único consenso de volverse loco a la vez, la jornada histórica del referéndum del 1 de octubre nos deja la terrible sospecha de que, lejos de rectificar sus errores, la batalla campal entre el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont no ha hecho nada más que comenzar.

El 1-O es la constatación del abismo que se abre entre el Gobierno de Rajoy, incapaz de lamentar que la jornada electoral haya dejado 844 heridos por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y la Cataluña de Puigdemont, la de los Mossos d’Esquadra cruzados de brazos ante un mandamiento judicial y la de un Gobierno en desenfrenada fuga hacia ninguna parte con el horizonte de una declaración unilateral de independencia basada en un grotesco referéndum sin supervisión ni garantías, en el que ha quedado acreditado que cualquiera podía votar donde quisiera y las veces que le viniese en gana.

Enterrado más que nunca el diálogo que nunca existió, las únicas salidas al conflicto que proponen los actores del mayor colapso institucional que vive España desde la Transición pasan por un más que improbable reconocimiento internacional de Cataluña como estado independiente o la claudicación de los líderes independentistas ante los tribunales de Justicia. La salida intermedia, una solución negociada que implicara un nuevo referéndum pactado, quizá sólo sería posible con una nueva mayoría en el Congreso español en sintonía con una nueva clase política catalana que pilotara ese proceso.

Porque la actual, tras el espectáculo berlanguiano al que han sido sometidas las instituciones catalanas en los últimos meses, sólo puede estar amortizada en un Estado de Derecho. En un artículo publicado el pasado día 26 en El País, en el que denunciaba la desproporción de la actuación de la Fiscalía en el conflicto catalán, el exjuez Baltasar Garzón señalaba que, “una vez que la justicia comienza a rodar, no puede pararse (...) El arrepentimiento posterior no la frena. Ni la política, ni el debate”, apuntaba. O dicho de otro modo, alguien tendrá que pagar esta factura.

Admitidas a trámite las querellas contra Puigdemont, Junqueras y el resto de miembros del Govern por la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas, la magistrada que tomó la dirección de la investigación atajando los excesos de la Fiscalía, su único futuro posible en el actual marco jurídico es el de que sean llamados a declarar como investigados para ser procesados y juzgados con todas las garantías y, finalmente, condenados por los evidentes delitos que se jactan de haber cometido en el nombre de la liberación del pueblo catalán.

Su camino no puede ser otro que el que ya siguieron el expresidente de la Generalitat Artur Mas y su conseller de Presidencia, Francesc Homs, enviados a un rincón de la historia y condenados a la inhabilitación por desobediencia y prevaricación por organizar la consulta del 9-N de 2014, y únicamente absueltos del delito de malversación de fondos públicos porque en última instancia la Fiscalía retiró su acusación y será el Tribunal de Cuentas quien todavía les reclame los cinco millones de euros que costó su aventura.

En febrero pasado, ejerciendo su derecho a la última palabra durante el juicio al que se enfrentó en el Tribunal Supremo, Homs señaló que su procesamiento era “un error inmenso del Estado” porque, según dijo, “alguien pensó que se cerraba una puerta y se ha abierto otra más grande”. Y acabó, anunciando la ensoñación nacionalista de Puigdemont que estaba por venir, con una cita del poeta Joan Maragall: “Les responderemos sonriendo...Nosotros somos los que hacemos patrias nuevas". Al suelo al que algún día deberán regresar los dirigentes del independentismo, le bajó únicamente la sentencia, escrita por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el mismo magistrado que durante el juicio, cuando Homs alegaba que en su casa le habían enseñado a “esperar a que el otro acabara para intervenir”, le espetó sereno pero imponente: “Esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo”.